POLITICA
Milei ordenó auditar más de 300 convenios con universidades que se hicieron durante la gestión anterior
El Gobierno de Javier Milei insiste en su objetivo de auditar el gasto de las universidades públicas y mientras delinea una estrategia legal para llevar a cabo un mayor control del presupuesto de las casas de estudio, revisará cientos de convenios millonarios que ministerios y organismos públicos sellaron con universidades durante la gestión de Alberto Fernández.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que conduce Miguel Blanco revisará 306 convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023 y que van desde los $2 millones hasta los $170 millones. No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.
“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, aclararon fuentes oficiales a TN. Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos. En otras palabras, si el Estado recibió la contraprestación acordada o si incluso hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.
Milei ordenó auditar 300 convenios de ministerios con universidades en la gestión de Alberto Fernández
TN pudo saber que entre 2020 y 2023 se firmaron 306 convenios entre numerosas casas de estudio públicas y carteras y entes pertenecientes a la Administración Pública Nacional. El detalle indica que 40 contratos se sellaron en 2020; 81 en 2021; 88 en 2022 y 97 en 2023.
La lista de organismos es numerosa. Algunos ejemplos son el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.
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Entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Así las cosas, este medio revisó los convenios ya firmados y encontró algunos ejemplos de lo que se auditará:
- Convenio entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la ejecución de transferencia tecnológica en materia de digitalización de documentos e informatización documentaria.
- Convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional – Regional San Nicolás y la Secretaría de Innovación Pública (Jefatura de Gabinete) por un total de $142.150.000. A cambio, la casa de estudios debía hacer una consultoría para la Dirección Nacional de Sistemas. Ese trabajo debía incluir un relevamiento y análisis funcional para mejoras, desarrollo evolutivo, testing y transferencia de conocimiento técnico.
- Convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Universidad de San Martín por $38.500.000. El acuerdo tenía como objetivo desarrollar un sistema que mejore la calidad de información y el análisis delictual de las tecnologías del sistema federal de comunicaciones policiales.
- Acuerdo entre Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Guillermo Brown para que el personal de esta cartera realice una diplomatura en Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión. El convenio tenía un valor de $22.480.000 y entre sus objetivos se encontraban el de proveer herramientas para que los trabajadores mejoren en el diseño, implementación y evaluación de proyectos a la gestión pública. Toda la cursada era virtual.
- Convenio interadministrativo entre la Secretaria General y la Universidad de La Matanza por $98.910.000.
- Convenio entre la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y la Universidad de Tres de Febrero: $18.995.000
- Convenio entre Ministerio de Desarrollo Territorial y la Universidad Nacional de La Matanza a cambio de $26.000.000.
- Convenio entre el Ministerio de Mujeres y la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional para tareas de capacitación y formación de personal. Posgrado en gestión de proyectos, Diplomatura de políticas públicas y gobierno digital, estudios de género. $2.093.000.
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Al auditar estos convenios, el Gobierno sostiene la presión sobre las casas de estudio nacionales, a las que ya les comunicó su intención de revisar sus gastos, más allá de que es el Congreso quien debe pedir las auditorías a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). En el Gobierno dicen que hay bases para avanzar en un acuerdo con las universidades para que la Sigen comience a analizar de qué manera se eroga el dinero destinado a la educación.
Citan que en noviembre pasado, la gestión de Alberto Fernández firmó un convenio con la Sigen y el Consejo Interuniversitario Nacional para llevar adelante acciones conjuntas de mutua colaboración con el objetivo de que los sistemas de control interno de las universidades nacionales funcionen de manera correcta. Cada casa de estudio debía adherirse a esta iniciativa.
Javier Milei, universidades, auditoría
POLITICA
Tras la salida de la Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad desemabarcó en la villa 1-11-14
Se trata de una zona caliente en el millonario negocio del narcomenudeo. Durante años, los vecinos de este barrio popular estuvieron a merced de los hermanos Fernando y Marco Estrada Gonzáles, más conocidos como Piti y Marcos, capo narcos que a fuerza de balas y terror ganaron el territorio en su disputa con otras organizaciones criminales. Hace 13 años y medio, la seguridad y las tareas de prevención en la zona conocida como villa 1-11-14 pasaron a estar a cargo de la Gendarmería Nacional, como parte del denominado Operativo Cinturón Sur. Hoy, los gendarmes le dejaron su lugar a personal de la Policía de la Ciudad.
Así lo informaron a LA NACION fuentes del los ministerios de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la Ciudad, conducido por Waldo Wolff.
“Era lo programado y acordado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzaron los relevos en el territorio. La fuerza de seguridad porteño ya modula el número de emergencias 911″, explicó a LA NACION un colaborador de la ministra Bullrich.
Desde la cartera conducida por Wolff dijeron que la intención es continuar con la misma cantidad de uniformados que había desplegado la Gendarmería Nacional para controlar el territorio. Sin embargo, no se precisó el número exacto.
“Gendarmería Nacional ya hizo entrega de las instalaciones a las autoridades de la Policía de la Ciudad”, sostuvo, cerca del mediodía de hoy, a LA NACION una fuente al tanto de los detalles del traspaso.
Además, Wolff recorrió esta tarde los puntos estratégicos de la villa 1-11-14 -rebautizada como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli-, explicaron desde la Ciudad.
Por el momento, no hubo información oficial sobre si la seguridad y las tareas preventivas van a estar a cargo de una unidad especial o si habrá una reasignación de oficiales que estaban en otros destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con más de 26.000 uniformados activos.
“La Policía de la Ciudad se hará cargo de las tareas de prevención y protección de la 1-11-14 que, hasta ahora, estaba bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. Hoy comenzó una transición de fuerzas y se mantendrá la cantidad de efectivos destinados a esta jurisdicción”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.
Y desde Nación explicaron: “Fue un proceso acordado con Ciudad de varios meses. Fue gradual la salida de los gendarmes y hoy se retiraron los que faltaban”.
Tampoco hubo declaraciones respecto del traspaso. La ministra Bullrich estuvo en la provincia de Corrientes, donde en la ciudad de Ituzaingó inauguró el Paso Internacional Yacyretá.
“Hoy marcamos otro hecho histórico en la gestión del gobierno de Javier Milei porque apostamos al crecimiento de nuestro país, de su gente y su economía”, sostuvo en un acto donde estuvo acompañada del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.
Un plan de Cristina Kirchner y Nilda Garré
El denominado Plan Unidad Cinturón Sur había sido presentado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministra de Seguridad, Nilda Garré, en junio de 2011.
El programa de seguridad no solo contemplaba el despliegue de gendarmes en la villa 1-11-14, sino también de prefectos en las villas 21-24 y Zavaleta, en el límite de los barrios de Nueva Pompeya y Barracas. En total, eran 2500 uniformados de las fuerzas federales.
Además, la Prefectura Naval tenía a su cargo el patrullaje en Puerto Madero, desde su creación como un nuevo barrio en la ciudad.
Esto ocurrió hasta marzo de 2021, cuando la Prefectura le dejó su lugar a la Policía de la Ciudad en Puerto Madero, y, tres meses después, hizo lo propio en las villas.
El traspaso, en ese caso, se hizo después de un año de negociaciones entre el entonces vicejefe de Gobierno porteño (que tuvo a su cargo también el Ministerio de Seguridad) Diego Santilli y Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de la Nación en la primera parte de la presidencia de Alberto Fernández.
En ese momento se había postergado el traspaso de las tareas de la prevención y patrullaje en el asentamiento en el Bajo Flores por una cuestión táctica, ya que se habían sucedido una serie de ajustes de cuentas en la guerra narco entre las bandas que operan en la zona.
En septiembre de 2021, cuando Aníbal Fernández asumió en lugar de Frederic, fue uno de los primeros temas que tuvo que definir. Estaba previsto que el traspaso quedara completado en noviembre de 2022, pero todo se retrasó hasta hoy.
Submundo narco
En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos Estrada Gonzáles fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.
La banda narco, históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzáles, llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas (cuando el dólar cotizaba muy por debajo del precio actual).
“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande”, llegó a decir en un momento un detective judicial que investigaba una serie de homicidios en la zona del Bajo Flores vinculados la disputa.
La guerra narco en la 1-11-14 fue despiadada. Por ejemplo, en abril de 2022 hubo un doble crimen: Jhon Henry Sosa Farfán, más conocido como Chayanne o Loco e integrante de la banda liderada por Marcos, fue ejecutado por siete sicarios armados con pistolas calibre 9 y 45.
La otra víctima fue Julio César Huaris Pereyra, que acompañaba a Chayanne en el momento de la emboscada.
El ataque a tiros ocurrió tres días después de que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a siete integrantes de la organización narco que opera desde la villa 1-11-14. “Un ajuste de cuentas vinculado al negocio narco”, había dicho un investigador.
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