En semanas consecutivas, las declaraciones públicas de Mauricio Macri contra el gobierno de Javier Milei abrieron un fuego interno impensado hasta hace algunos meses para quienes daban por hecha una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, hoy cada vez más compleja.

«La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO» y «la falta de apego a lo institucional afecta el plan económico» son dos frases que pronunció Macri en los últimos días que reflejan una reflexión bien cruda que hacen puertas adentro del PRO.

«Mauricio se pudrió», es el comentario que deslizan fuentes con acceso directo al ex presidente y que vinculan ese enojo con el destrato constante que, dicen, recibe desde hace meses de parte de la mesa chica de Javier Milei.

En el PRO creen que es La Libertad Avanza la que debe mostrar buena predisposición en una relación que, de parte del macrismo, siempre tuvo buenas intenciones en pos de garantizar la gobernabilidad. Y advierten que «hay una situación de debilidad que el Gobierno no está notando», sustentada especialmente en el frente externo a partir de la imposición de aranceles decidida por el gobierno de Donald Trump.

«Te bajaron dos jueces de la Corte Suprema, te tratan de crear una comisión investigadora por Libra, el dólar supera los $ 1.300, te hacen un paro, vas a buscar una foto a Estados Unidos y no la conseguís, la inflación vuelve a subir de a poco y según vos no está pasando nada», es el argumento que plantean sobre la coyuntura actual. Y deslizan, a modo de pronóstico: «Cuando te llega la plata del Fondo, ya no te alcanza para tapar semejante agujero».

La campaña porteña es, así, el escenario central de una batalla cada vez más explícita. En el PRO insisten en que el Gobierno nunca estuvo dispuesto a negociar un acuerdo a nivel local, que era «la única forma» de terminar con el kirchnerismo. Los libertarios ven motivos de sobra para imaginar que Manuel Adorni puede llevarse la elección legislativa y consideran que no estaban obligados a confluir con el macrismo. Por eso los desafían y, aventuran, «les vamos a ganar la Ciudad».

En ese contexto, el eventual acuerdo entre macristas y libertarios para una sociedad conjunta en la provincia de Buenos Aires se desdibuja. Si bien hay interlocutores como Cristian Ritondo y Diego Santilli, de un lado, y Sebastián Pareja y Eduardo «Lule» Menem, del otro, que lo tratan de mantener vigente, las diferencias entre Macri y los hermanos Milei dinamitan toda chance de negociación. Lejos quedaron aquellos tiempos de las milanesas compartidas en Olivos.

Quienes tienden puentes desde ambos lados creen que el acuerdo debería darse, tarde o temprano, y encuentran cierta paz interna al saber que, de no ser así, probablemente el peronismo también vaya dividido, en medio de las tensiones internas entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y la decisión de desdoblar la elección provincial

«A ellos no les va a quedar otra que jugar partidos, lo que habilita a que nosotros también podamos competir por separado, aunque no sería lo ideal», es la reflexión que surge desde el macrismo duro. En el mileísmo siguen pensando en la idea de cerrar uno por uno a los candidatos del PRO, sin necesidad de acordar con el partido y, en todo caso, esperando que el sello se acople a una fuerza libertaria bonaerense.

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la creación de una comisión que tendrá a su cargo el análisis del traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 179/2025, se basa en los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de diciembre pasado referido a los alcances de la autonomía jurisdiccional porteña.

La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Justicia porteño, y tendrá seis meses desde su conformación para elaborar una propuesta sobre la transferencia. Estará presidida por Marcelo Javier Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales designados son Alberto Andrés Nanzer, Pablo Alejandro González y Mariano Luis Loprete. La Ciudad de Buenos Aires deberá nombrar a cuatro representantes para completar la composición del cuerpo.

El texto de la normativa indica que la medida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política, legislativa, jurisdiccional y administrativa porteña, y en diversos convenios de transferencia progresiva de competencias judiciales firmados en los años 2000, 2004 y 2017. La resolución también cita como fundamento las decisiones de la Corte Suprema en casos anteriores en los que el máximo tribunal sostuvo que la presencia de la justicia nacional ordinaria en CABA debe interpretarse como de carácter transitorio.

En el fallo más reciente, dictado el 27 de diciembre de 2024, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Según se recordó en la resolución del ministerio, el tribunal había exhortado previamente a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

La comisión creada tendrá entre sus objetivos establecer un espacio de trabajo para examinar la transferencia de competencias, formular propuestas normativas, identificar implicancias presupuestarias, normativas, logísticas y laborales, y asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones. También se prevé convocar a expertos, funcionarios, legisladores, magistrados y otros actores institucionales.

Contará, además, con la facultad de establecer su propio reglamento interno, organizar reuniones periódicas y elaborar informes que serán elevados al Ministerio de Justicia. La resolución establece que sus integrantes ejercerán funciones ad honorem y que podrán proponer mecanismos de articulación institucional, con el objetivo de alcanzar consensos entre los organismos involucrados.

En la normativa publicada este martes en el Boletín Oficial se explica que la transferencia de competencias judiciales ordinarias desde el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires es un proceso previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.588 y su modificatoria. Esa norma habilita la firma de convenios entre ambas jurisdicciones para traspasar funciones, servicios y bienes. La propia resolución recuerda que las disposiciones de esa ley, sancionada en 1995 para garantizar los intereses federales en la capital del país, fueron concebidas como transitorias.