El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar asumió el control, poniendo fin a una década de tímida apertura política que generaba expectativas de una transición democrática. Este golpe desencadenó masivas protestas, que fueron brutalmente sofocadas. Desde entonces, Myanmar se ha sumido en una profunda crisis política y humanitaria, con miles de muertos y cientos de miles de desplazados. A pesar de las sanciones internacionales y los llamados diplomáticos, la democracia no ha sido restaurada. El conflicto armado entre el ejército y grupos étnicos insurgentes se ha intensificado, afectando gravemente a la población civil, particularmente a las minorías étnicas. El futuro del país, en este escenario, se encuentra en un momento decisivo.

Históricamente, Myanmar ha estado bajo la influencia militar. Tras su independencia de Gran Bretaña en 1948, el ejército (Tatmadaw) ha dominado la política del país. Luego de un golpe militar en 1962, Myanmar vivió bajo un régimen autoritario hasta 2011, cuando se inició una transición a un sistema semidemocrático liderado por la Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezada por Aung San Suu Kyi. Sin embargo, la tensión entre el Tatmadaw y la LND nunca se resolvió, lo que sembró las semillas para el golpe de 2021.

Aung San Suu Kyi.

El golpe se produjo después de la contundente victoria de la LND en las elecciones de noviembre de 2020, que el ejército denunció sin pruebas como fraudulentas. Los conflictos étnicos de larga data y la persecución sistemática de los rohinyás, junto con la débil respuesta internacional ante estos crímenes, erosionaron la legitimidad del gobierno civil y facilitaron el retorno del control militar.

Tras el golpe, el país se vio envuelto en el caos. Las manifestaciones del Movimiento de Desobediencia Civil fueron reprimidas violentamente por el ejército. Según informes de la ONU y Human Rights Watch, más de 3 mil personas han muerto y miles más han sido encarceladas, incluidos activistas, periodistas y manifestantes. A su vez, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en el exilio por antiguos funcionarios civiles y figuras de la resistencia, ha emergido como un contrapeso político, aunque su capacidad para restaurar la democracia sigue siendo limitada frente al poder del Tatmadaw.

Los grupos étnicos armados, tradicionalmente en conflicto con el gobierno central, se han unido a la resistencia contra el ejército. Fuerzas como el Ejército de Independencia Kachin y la Unión Nacional Karen han llevado a cabo ataques coordinados en diferentes regiones del país. La situación en el terreno es devastadora, con más de un millón de desplazados internos y la infraestructura básica en ruinas.

En el plano teórico, Bertrand de Jouvenel, en su obra Sobre el poder, advierte que el poder tiende a expandirse de manera natural y, si no se le pone freno, corrompe a quienes lo ejercen. El caso de Myanmar es un claro ejemplo de esto: la junta militar ha acumulado un control absoluto sobre las instituciones del estado y la economía, utilizando la violencia y la represión como herramientas para mantenerse en el poder. Como señala Jouvenel, cuando el poder no tiene límites, inevitablemente deriva en un ciclo destructivo de violencia y represión.

El secretario General Adjunto de la ONU, Khaled Khiari.

En el tercer aniversario del golpe, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, condenó la creciente represión del régimen militar. Denunciaron los más de 2.6 millones de desplazados y los 18 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Además, exigieron la liberación de prisioneros políticos y el cese de la violencia, instando a la restauración de la democracia a través del Consenso de Cinco Puntos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). El secretario General Adjunto de la ONU, Khaled Khiari, advirtió que la situación en Myanmar sigue deteriorándose, con violaciones sistemáticas de derechos humanos y pidió a la comunidad internacional que mantenga la presión sobre la junta militar.

La crisis en Myanmar representa una dura lección sobre los peligros del poder sin control. El país ha pasado de una prometedora transición democrática a un régimen totalitario que usa la violencia para sofocar cualquier disidencia. Mientras la comunidad internacional debate sobre sanciones y soluciones diplomáticas, la población sigue sufriendo las consecuencias de un poder que se ha perpetuado sin restricciones. Myanmar enfrenta un futuro incierto, pero lo que está claro es que, sin una intervención efectiva y una presión constante, la democracia en el país corre el riesgo de desaparecer por completo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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