POLITICA
Netanyahu desafía una orden de arresto internacional y visita Hungría, que se retira del principal tribunal de crímenes de guerra
BUDAPEST.- Hungría comenzará el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el jueves un funcionario, justo cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a la capital del país por la mañana a pesar de una orden de arresto del único tribunal global permanente del mundo por crímenes de guerra y genocidio.
El primer ministro Viktor Orban dio la bienvenida al líder israelí con honores militares completos en el Distrito del Castillo de Budapest. Los dos aliados cercanos se pararon lado a lado mientras una banda militar tocaba y una elaborada procesión de soldados a caballo y portando espadas y rifles con bayoneta desfilaba. Orban, un populista conservador, había prometido ignorar la orden de la CPI contra el líder israelí, al acusar al tribunal de “interferir en un conflicto en curso con fines políticos”.
Mientras se desarrollaba la ceremonia, el jefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyás, emitió un breve comunicado en el que dijo que “el gobierno iniciará el procedimiento de retirada” para salir del tribunal, lo que podría tardar un año o más en completarse.
“Hungría abandona la CPI. El gobierno iniciará el proceso de retirada, de acuerdo con el marco internacional legal”, anunció en un comunicado en Facebook Gulyas.
La visita de Netanyahu a Hungría, que está programada para durar hasta el domingo, fue solo su segundo viaje al extranjero desde que la CPI emitió la orden en su contra en noviembre.
La CPI, con sede en La Haya, Holanda, declaró al emitir su orden que había razones para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, habían cometido crímenes de lesa humanidad en relación con la guerra en Gaza.
La guerra comenzó cuando militantes liderados por el grupo terrorista Hamas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes, la mayoría de los cuales han sido liberados desde entonces en acuerdos de alto al fuego y otros tratos. Israel rescató a ocho rehenes vivos y recuperó docenas de cuerpos.
La ofensiva de Israel mató a más de 50.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica si los muertos son civiles o combatientes. Israel dice que mató a alrededor de 20.000 militantes, sin proporcionar evidencia. La respuesta militar israelí se reanudó el mes pasado, rompiendo un alto el fuego.
Después de que la CPI emitiera la orden, Orban invitó a Netanyahu a Budapest y acusó al tribunal de “interferir en un conflicto en curso con fines políticos”. Esa invitación fue un desafío abierto a la decisión del tribunal y contradijo las obligaciones de Hungría como signatario de arrestar a cualquier sospechoso con una orden si pisaban su suelo.
La CPI criticó la decisión de Hungría de desafiar su orden para Netanyahu. El portavoz del tribunal, Fadi El Abdallah, declaró anteriormente que no corresponde a las partes de la CPI “determinar unilateralmente la validez de las decisiones legales del Tribunal”. El jueves, dijo que el tribunal “recuerda que Hungría sigue bajo el deber de cooperar con la CPI”.
“En caso de preocupación sobre su cooperación con la Corte, los Estados pueden consultarla”, señaló el portavoz. “Pero no les corresponde determinar unilateralmente el fundamento de las decisiones jurídicas de la CPI”.
Todos los 27 miembros de la Unión Europea, incluida Hungría, son signatarios, pero el tribunal depende de los países miembros para hacer cumplir sus decisiones. Hungría se unió al tribunal en 2001 durante el primer mandato de Orban como primer ministro.
En una conferencia de prensa después de su reunión, Orban señaló que cree que la CPI “ya no es un tribunal imparcial, no un tribunal de justicia, sino un tribunal político. Y esto se mostró más claramente por las decisiones respecto a Israel”.
“Estoy convencido de que este foro judicial internacional, que de otro modo sería importante, se ha degradado en una herramienta política, con la que no podemos y no queremos involucrarnos”, señaló Orban.
El líder húngaro, considerado por los críticos como el saboteador más intransigente de la UE en la toma de decisiones del bloque, es visto como utilizando algunas de las tácticas de las que se acusa a Netanyahu en Israel: subyugación del poder judicial, antagonismo hacia la UE y represión de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa, donde no se permitió a los periodistas hacer preguntas, Netanyahu elogió la decisión de Hungría de retirarse de la CPI, agradeciendo a Orban por tomar una “decisión valiente y de principios”.
“La CPI dirige sus acciones contra nosotros que luchamos una guerra justa con medios justos”, manifestó Netanyahu. “Ustedes son el primer Estado que se aleja de esta corrupción y esta podredumbre, y creo que será profundamente apreciado, no solo en Israel sino en muchos, muchos países alrededor del mundo”.
La visita de Netanyahu a Hungría fue su segunda oportunidad de viajar al extranjero tras la emisión de la orden: la primera fue cuando se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, en febrero.
El presidente estadounidense impuso en febrero sanciones al tribunal por unas “acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos” y su “estrecho aliado, Israel”.
Esta visita es también una oportunidad para proyectar una imagen de estadista mientras enfrenta un creciente descontento en casa.
Netanyahu ha enfrentado protestas masivas de israelíes que temen que su decisión de reanudar la guerra en Gaza ponga en peligro las vidas de los rehenes restantes en manos de Hamas. También ha provocado ira al intentar despedir o marginar a altos funcionarios en lo que los críticos ven como una toma de poder y un ataque a las instituciones estatales.
Junto con la reanudación de su ofensiva en Gaza el mes pasado, Israel detuvo todas las importaciones de alimentos, combustible y ayuda humanitaria al territorio de dos millones de palestinos para presionar a Hamas a liberar más rehenes y aceptar cambios propuestos al acuerdo de tregua.
Agencias AP y AFP
POLITICA
Santa Cruz: Repudio y alarma por el ataque al Concejo Deliberante de un municipio

El edificio del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia fue blanco de un acto vandálico durante la madrugada de este lunes, dejando al descubierto preocupaciones sobre la seguridad institucional y la convivencia democrática. Los despachos de los concejales oficialistas Facundo Belarde y Ariel Farías resultaron dañados por piedrazos, según confirmaron las autoridades.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una pareja arrojó piedras contra las ventanas, rompiendo dos vidrios y astillando un tercero. El sereno del edificio alertó rápidamente a la policía, que logró detener a una mujer presuntamente involucrada, mientras que su acompañante logró escapar. La investigación sigue en curso para determinar si el ataque respondió a una motivación política, a un reclamo laboral, o si simplemente se trató de vandalismo.
Facundo Belarde, presidente del Concejo, repudió enérgicamente el hecho y recordó que el edificio “es patrimonio de todos los caletenses”, enfatizando que no permitirán que este tipo de hechos violento frene el trabajo institucional.
«Estos ataques atentan contra un patrimonio que pertenece a toda la comunidad», manifestó.
Desde el cuerpo legislativo se hizo un llamado a la ciudadanía a defender los espacios públicos y apostar al diálogo como único camino para resolver conflictos en democracia.
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POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire

Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
La Legislatura bonaerense eliminó para este año las PASO en la provincia
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy la suspensión de las PASO bonaerenses, elecciones que estaban previstas para el 13 de julio próximo. Se votará entonces directamente en las elecciones generales, el 7 de septiembre.
De esta manera, habrá dos elecciones este año en este territorio: los comicios provinciales y las elecciones nacionales, que serán el 26 de octubre.
La suspensión de las PASO se aprobó con una mayoría de más de dos tercios, pero no tuvo unanimidad. No acompañaron la iniciativa ni el Frente de Izquierda ni Lucía Klug, diputada aliada a Juan Grabois. Tampoco Ricardo Lissalde, de Unión por la Patria.
Los legisladores retomaron el debate después del cuarto intermedio dispuesto el miércoles pasado, cuando, por falta de acuerdos dentro del peronismo entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, debieron limitar la sesión que celebraban a un homenaje al papa Francisco.
Pero no todas fueron buenas noticias para Kicillof, que había pedido cambios en el cronograma electoral junto a la suspensión de las PASO: antes de la sesión de hoy, hubo una reunión en la Junta Electoral de la provincia para ajustar el calendario a la que faltaron las autoridades del kirchnerismo. Marcaron así que no tienen voluntad de cooperar con el pedido del gobernador de la provincia para organizar la elección con plazos que permitan garantizar la viabilidad de las elecciones anticipadas en este territorio.
Ignacio Amiconi
Mañana, a las 11, sesionará la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados de la provincia para debatir el tema de los plazos otra vez. Estarán presentes Kogan, el juez federal Alejo Ramos Padilla y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Gustavo Pulti, diputado aliado al gobernador, dijo hoy en el recinto parlamentario: “Es imprescindible contar con nuevos plazos acordes al calendario. Es insuficiente la decisión que hoy toma la Legislatura. Algunos como las hienas sonríen y se revuelcan en el barro. La Junta Electoral está diciendo que para poder analizar a cada candidato, requiere otros plazos, distintos a los que van a quedar vigentes ahora”.
La presidenta de la Junta Electoral de la provincia, Hilda Kogan, se encontró este mediodía con la ausencia de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, y en Diputados, Facundo Tignanelli, que faltaron a la reunión convocada en el Palacio de Tribunales antes de la sesión en la Legislatura.
En cambio, sí asistieron Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe), Fabián Luayza (Unión Renovación y Fe), Laura Cano (PTS), Agustín Maspoli (UCR-Cambio Federal), Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza), Sergio Vargas (LLA), Guillermo Pacagnini (MST), Maricel Etchecoin (Coalición Cívica), Christian Gribaudo (Pro), Carlos Curestis (LLA), Joaquín de la Torre (Derecha Popular), Juan José Esper (en representación de Agustín Romo, por LLA) y Fernando Compagnoni (LLA).
“Como sabemos, estamos ante una circunstancia singular de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires”, dijo Kogan a los asistentes. “En esta instancia, la adecuada organización y resolución de aspectos operativos cumple un papel central en el proceso electoral”, remarcó la jueza.
“Por ello, desde la Junta Electoral propiciamos esta reunión para abordar cuestiones técnicas que, en conjunto con los partidos políticos, deben ser consideradas con el objetivo de garantizar que todo el pueblo de la provincia vote con tranquilidad”, destacó.
La presidenta de la Junta Electoral ya había anticipado que es “materialmente imposible” organizar la elección del 7 de septiembre sin modificar los plazos vigentes.
“En toda la historia electoral de la Provincia de Buenos Aires, los procesos electorales no fueron organizados de acuerdo a los plazos previstos en la Ley N° 5.109, sino que fueron adecuados de acuerdo a normativas nacionales o a normas provinciales en base a coyunturas específicas”, señaló Kogan. “Los plazos reales exceden los previstos en la normativa provincial”, advirtió la jueza.
En contra de la suspensión
“Ahora, también con la excusa de ahorrar dinero, casi aplauden cuando votan la suspensión de las PASO. Bueno, suspendan directamente todas las elecciones”, opinó, en minoría, Laura Cano Kelly, del Frente de Izquierda. “Déjense de hipocresía. Están metiendo a todo el pueblo en una disputa del partido gobernante”, señaló en el mismo sentido Klug, que también votó en disidencia.
En cambio, una de las más férreas aliadas al gobernador, Susana González, destacó: “No puedo tolerar que algunos que fueron en una lista con Axel Kicillof actúen como si fueran de la oposición. Debo decir tristemente que mi presidente del bloque (Unión por la Patria) hoy no fue a la reunión de la Junta Electoral, un organismo apartidario”. Y añadió: “Parece que buscan decir… si esto sale mal es por culpa de Kicillof. Están atentando contra sus propios intendentes, contra sus propios vecinos”.
Más de 10.000 candidatos
La Junta Electoral bonaerense le envió la semana que pasó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera (del Frente Renovador), en la que le advirtió que habrá “plazos de oficialización de candidatos y de boletas que son materialmente imposibles de cumplir”. Puntualizó que “solo hay diez días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización”, para “un volumen de más de 10.000 candidatos”.
Recomendó, en consecuencia, que la presentación de las listas sea con “una anticipación de 50 días antes de la elección” y que la presentación de las boletas sea con “30 días” de anticipación.