El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, dictó un fallo que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los pedidos de inconstitucionalidad planteados por la CGT.

El magistrado cuenta con un perfil académico como docente de la UBA y autor de textos especializados, y entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor del ex ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada en asuntos legislativos. 

En su trayectoria, Ojeda manifestó posiciones críticas hacia ciertas normativas, llegando a calificar de “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo en una conferencia universitaria en 2022. Durante esa charla, el magistrado defendió la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y sostuvo que “el derecho a huelga sale del Pidesc, que es una norma universal de derechos humanos”.

La Justicia puso en pausa la reforma laboral: suspendieron 83 artículos por la presión de la CGT

Además, es vocal del Grupo de Estudio de Derecho Social, una organización que declara confiar en la ciencia jurídica como un medio para la “realización de la justicia social”.

El magistrado, que reemplazó a la jueza María Alejandra D’Agnillo tras su renuncia en 2024, fue objeto de una recusación por parte de Hugo Moyano en 2020 en una causa vinculada a multas gremiales.

Con este nuevo fallo, Ojeda paraliza gran parte de la modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en ocasiones no hace falta plantear la inconstitucionalidad sino “la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo”.

La decisión judicial fue ratificada por la CGT como un respaldo a la organización sindical frente a las reformas vigentes.

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A un mes de cumplirse el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno comenzó a dar muestras de reactivación en los proyectos legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La finalidad es comenzar a mostrar gestión y proactividad en una agenda mediática que está signada -en términos políticos- por los diferentes sucesos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los siguientes pasos en materia de agenda política fueron abordados ayer a la tarde en Casa Rosada en la reunión de mesa política encabezada por Karina Milei y Adorni, donde estuvieron Santiago Caputo (asesor presidencial), Luis Caputo (ministro de Economía), Diego Santilli (ministro del Interior), Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Eduardo “Lule” Menem (armador nacional) e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos).

El encuentro duró algo más de dos horas, lo cual da cuenta de la reactivación de estas gestiones políticas. Según confirmó una altísima fuente de Gobierno, habrá una primera etapa en las próximas semanas donde el foco pasará particularmente por la Cámara de Diputados. “Nuestra idea es que las negociaciones se enfoquen en la Ley de Glaciares, clave para el Presidente. La semana que viene se reactivan las exposiciones”, afirman.

El próximo paso para el oficialismo de La Libertad Avanza es decidir una fecha para que se retome el plenario informativo sobre esa iniciativa, que tuvo más de 100.000 inscriptos a pocos días de haberse abierto esa convocatoria. La idea del Gobierno es pedirle a cerca de ocho gobernadores -quienes comandan los territorios que se beneficiarían por el incremento de la actividad minera que dispone el proyecto- para que convenzan a legisladores de que voten afirmativamente. También hay diferentes funcionarios que se preparan para hablar ante los diputados nacionales para dar detalles técnicos de cómo se aplicará la normativa en caso de salir.

Si el oficialismo libertario no avanzó antes con la Ley de Glaciares es porque no tenían los votos asegurados para llevarlo al recinto. En el Gobierno consideran que deben gastar los recursos de negociación que tienen para estas semanas en la sanción definitiva de la normativa. Javier Milei considera fundamental que se destraben las condiciones para efectivización de inversiones en el país en el marco de los cuestionamientos de sectores opositores por la política laboral e industrial de la Casa Rosada. El Ministerio de Economía estima 30.000 millones de dólares en inversiones mineras para la próxima década, principalmente en cobre.

El siguiente paso será el del proyecto “Hojarascas”, orientado a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. El texto busca eliminar la acumulación de legislación “inútil” o que no se aplicó, la cual, a los ojos de los ideólogos de esta Ley, entre ellos Federico Sturzenegger, sólo genera “burocracia y sobrecostos”. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

En mesa política también se definió algo que será novedoso en las próximas horas: seguramente mañana se conocerá un borrador de una primer proyecto que antecederá a la reforma del Código Penal. Es decir, será una iniciativa previa antes de los cambios profundos que preveía impulsar el Gobierno meses atrás a través de un único proyecto de más de 900 artículos.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió adelantar un paquete con nuevas tipificaciones e incrementos de penas para que tengan la posibilidad de salir de manera más rápida y no queden atados al resto de modificaciones penales que el Gobierno tiene en carpeta desde hace al menos un año.

Al día de hoy, el borrador de este nuevo proyecto estaba terminando de ser confeccionado. En tanto, el documento que se dará a conocer por estos días tendrá artículos que incorporarán un “criterio de interpretación Pro-Víctima” que obligue a los jueces a interpretar “en favor de estos”. Como un ejemplo, los casos de participación de la víctima buscan a pasar de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba (Probation), que requiere de su consentimiento.

A este paquete de medidas se le suman nuevos tipos penales en los delitos migratorios, la incorporación de las estafas piramidales como modalidad particular, la tipificación de los robos de “viudas negras”, motochorros y de las salideras y entraderas. También se busca crear un delito específico para la tenencia de armas en cárceles, aumentos de las penas por picadas y por daño animal; entre otros.

¿Qué pasará con el resto de la reforma del Código Penal? Desde 2024 que la anterior conducción del Ministerio de Justicia había armado una mesa con jueces, fiscales y catedráticos -liderados por el juez Mariano Borinsky– para terminar un paquete con modificaciones integrales. Seguramente, Mahiques quiera hacer algunos cambios y darle una impronta propia a ese proyecto. En la Casa Rosada afirman que no es cierto que el proyecto de reforma no tenga un incremento de penas por causas de corrupción. “Es absolutamente falso”, afirman.

En el oficialismo buscarán acelerar con la presentación de la reforma política en las próximas semanas. “Esto lo vamos a reactivar de acá en adelante”, afirmó uno de los miembros de la mesa política a Infobae. La Libertad Avanza (LLA) no solo apuesta a implementar cambios en el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino que busca además modificar la forma en la que se financian los partidos políticos para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”. De cualquier manera, el aspecto central de la reforma es la eliminación de las PASO.

En el Senado la prioridad pasará por el tratamiento de las postulaciones de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. El primer envío fue hecho ayer por el ministro Mahiques a través de la firma de las candidaturas hechas por Milei.

Respecto de la situación interna, en el encuentro de ayer se habló de que Manuel Adorni “sigue 100% firme en el cargo”. El funcionario ha sido blanco de críticas de la oposición y de denuncias judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, asunto que cobró notoriedad tras la información surgida sobre la compra de una casa en un country en 2024, y la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, donde reconoció que vive desde hace algunos meses.

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