El diputado Facundo Manes denunció esta mañana en los tribunales de Comodoro Py al asesor presidencial Santiago Caputo por su gesto intimidante de anoche con el fotógrafo al que increpó por haberle sacado una foto cuando entraba al debate de los candidatos a legisladores porteños.

Manes consideró el episodio como «un nuevo hecho delictivo que debe ser investigado y oportunamente sancionado».

La denuncia original de Manes por amenazas contra Caputo fue archivada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pero el diputado apeló y ahora la Cámara Federal debe decidir si reabre el caso. Interviene la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Manes denunció al asesor presidencial por haberlo abordado en el Congreso, haberlo “pechado” y haberle dicho: “Vos no me conocés a mí”, “Ya me vas a conocer”, “Ya vas a saber quién soy”.

En su presentación de hoy, Manes relató el episodio de ayer: “Cuando era retratado por el reportero gráfico Antonio Becerra Pegoraro, del diario Tiempo Argentino, [Caputo] alzó su mano para tapar la lente de la cámara, tomó el carnet del periodista para ver sus datos de acreditación y le sacó una foto con su teléfono inteligente”. El diputado sostuvo que esa conducta «acredita un patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva» de parte de Santiago Caputo.

La reacción del fotógrafo

Becerra, el fotógrafo destinatario del gesto de Caputo, no planea presentar denuncia alguna, según informaron a fuentes que estuvieron en contacto con él.

Destacaron un dato notable: cuando le fotografió con su teléfono la credencial, Caputo no tomó la parte de adelante, la que tiene los datos del fotógrafo, sino la de atrás, que tiene una foto de José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado después de haberle sacado una foto a Alfredo Yabrán.

La credencial en cuestión es la que otorga la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (Argra). Además de llevar esa identificación, Becerra, colaborador de Tiempo Argentino, estaba acreditado para tomar imágenes del debate y ubicarse en el lugar donde sacó las fotos que incomodaron al asesor presidencial.

Los argumentos de Manes

Manes dijo en su denuncia de hoy que Caputo apunta “contra los representantes del Pueblo que asumen un rol crítico u opositor” y contra quienes “representan el derecho de expresión e información en su dimensión colectica a través del ejercicio de la profesión de periodista”.

El escrito, de cuatro carillas, fue presentado por los abogados de Manes, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés.

El documento sostiene que “en un período de casi dos meses, el Señor Santiago Caputo, instituido por el Señor Presidente de la Nación Javier Milei como una persona que se ubica por encima del Jefe de Gabinete de Ministros en el ámbito de la administración pública, utilizó la metodología de la amenaza coactiva respecto de dos elementos centrales en un sistema democrático –los legisladores opositores y el periodismo crítico- que garantizan el control republicano, el pluralismo ideológico y la convivencia tolerante».

En su escrito, Manes destacó: “La libertad de expresión y el derecho a la información es un derecho fundamental y un derecho humano consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso este miércoles la prisión preventiva por 90 días de su colega federal de Rosario Marcelo Bailaque que está imputado en causas donde se investigan sus vínculos con un contador de un narco y un ex funcionario de la AFIP que arreglaba deudas impositivas. La medida incluye un embargo de 1.500 millones de pesos sobre sus bienes, informaron a Clarín fuentes judiciales. Además, se le bloquearon todas las cuentas bancarias al juez Bailaque.

Pero Bailaque tiene inmunidad de arresto hasta que el Consejo de la Magistratura de la Nación, que preside Horacio Rosatti, eventualmente lo suspenda en un proceso de juicio político.

Ante esta situación la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura retrasó su reunión de este martes para el miércoles a fin de recibir el video de la acusación contra Bailaque y luego realizar un plenario extraordinario para eventualmente iniciar el juicio político y quitarle los fueros.

Junto al caso de Bailaque, el mércoles se tratará el caso del juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Martín Poderti, acusado por el supuesto robo de monedas de oro de una causa.

Antes, el fiscal federal Diego Velasco, que está a cargo de la Procelac contra el lavado de dinero, pidió que Bailaque quede preso en una audiencia oral y pública porque había riesgo de que entorpeciera la investigación con su poder.

El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal decidió una cuestión procesal que definió la situación judicial del juez federal de Santa Fe Bailaque e, indirectamente, de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde se mezclan narcos, ex funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.

El máximo tribunal penal –después de la Corte- resolvió que el caso sea investigado bajo el sistema penal acusatorio, que se implementó en mayo del año pasado en Rosario y no bajo el sistema escrito que aún funciona en una parte del país, pero no en Santa Fe.

La defensa de Bailaque reclamaba que se haga bajo el viejo código que es más lento y le permitiría al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura avanza en una denuncia por supuesto mal desempeño en su contra. En cambio, el sistema acusatorio “pone plazos y acelera los tiempos”, según las fuentes judiciales consultadas por Clarín.

El recurso casatorio estaba en la sala de Casación integrada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barrotaveña y Daniel Petrone y el fiscal en esa instancia es Raúl Pleé.

Bailaque está al frente del juzgado federal 4 de Rosario. Pero desde noviembre del año pasado quedó formalmente acusado por un grupo de fiscales federales de delitos como corrupción, vínculos con contadores del narcotráfico y beneficios a favor de un financista.

Entre otras medidas, Bailaque está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.