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“No infringe la ley penal”. Sobreseyeron a la jueza destituida que besó a un preso en un penal de Chubut

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La destituida jueza Mariel Alejandra Suárez, investigada por haber besado a un preso dentro de un penal de Chubut, fue sobreseída en la causa penal luego de que el juez Marcelo Nieto Di Biase resolviera que “su conducta es éticamente reprochable” pero no se enmarca en un delito.

Fue en 2021 cuando la magistrada quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera un video donde se la veía besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos, el cual había sido condenado por asesinar a un policía.

No solo generó repudio por su accionar, sino también porque mintió. Es que, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, “el 30 de diciembre de 2021 se le informó a la jueza penal de turno en Comodoro Rivadavia que había una persona detenida en espera de audiencia de control. Ella, de ‘manera engañosa’, adujo que se encontraba enferma” y postergó el acto procesal.

Por ese motivo la audiencia fue fijada para el día siguiente. La Fiscalía indica que, al mentir sobre su estado de salud, retrasó la realización de un acto propio de su función como jueza penal de turno”, continuaba el escrito que sostenía la denuncia en contra de la depuesta magistrada.

Lo que expresa rechazo es que se supo que Suárez no estaba enferma, sino que ese día “estaba en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, visitando a un detenido, por motivos personales”.

De esta manera, se dictaminó su destitución y se le abrió una causa penal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y subsidiariamente por omisión de los deberes del oficio.

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Nieto Di Biase, analizó las calificaciones legales y los hechos imputados y concluyó en que “la conducta de la jueza no infringe la ley penal” al entender que “no llegó a fijarse ninguna audiencia que luego fuera retrasada por esta conducta de Suárez y que la audiencia que finalmente se concretó al día siguiente, se realizó dentro del plazo que establece la ley”.

“Considero que la conducta desplegada por la entonces jueza penal, Mariel Suárez, resulta reprochable éticamente, pero por ello ya fue juzgada ante el Tribunal de Enjuiciamiento y destituida del cargo que ostentaba, lo que resulta de público y notorio conocimiento”, destaca el juez.

De este modo, Di Biase determinó que no se trató de un delito y la sobreseyó, camino similar al que manifestó el defensor público Gustavo Oyarzún, quien cuestionó el requerimiento fiscal al señalar que en la acusación “no hay un hecho delictivo, y tampoco explica qué ley ha sido violada”.

Destituida por una “actitud indecorosa”

En noviembre del año pasado, antes de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut diera a conocer el veredicto del jury, la entonces magistrada penal de Comodoro Rivadavia se defendió y afirmó: “Considero que no realicé ninguna falta. No me aproveché de mi cargo”. Sus palabras no alcanzaron. Por mayoría, fue destituida por mal desempeño.

El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y ministro del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta votaron por la destitución. Los votos en minoría fueron de la legisladora Selva Mónica Saso y de la abogada María Florencia Góngora.

Los hechos sucedieron el 29 de diciembre pasado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, en Chubut, donde está detenido Cristian Bustos, apodado Mai. Un día antes, el tribunal que integra Suárez, con los votos de las juezas María Laura Martini María Ximena Miranda Nastovitchlo había condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio del policía Leandro Roberts, crimen ocurrido el 8 de marzo de 2009. Ella votó en disidencia y se opuso a la aplicación de la pena máxima.

“En los alegatos, la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura ratificó la totalidad de los cargos expuestos a lo largo del proceso, en cuanto a imparcialidad de la magistrada, respecto a su desempeñodurante el juicio contra Mai Bustos, que se realizó en la ciudad de Esquel en diciembre de 2021, como así también el hecho de falsear la verdad retrasando actos propios de su función al ausentarse de su jurisdicción estando de guardia. Por último, se ratificó la acusación por la conducta indecorosa demostrada por Suárez en ocasión de la visita a Mai Bustos”, según se informó en jusnoticias.juschubut.gov.ar, el sitio de noticias del Poder Judicial de Chubut.

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Para los acusadores, Jorge Luis Früchtenicht, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los magistrados, y Manuel Burgueño Ibarguren, consejero en representación de los abogados, “la conducta desplegada por la jueza Suárez configuró la causal de mal desempeño y pidieron su destitución”, explicaron las fuentes consultadas.

Según el sumario interno que en su momento inició el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Un día después de la sentencia dictada por el tribunal que ella presidida, y fuera del horario de visitas, Suárez se hizo presente en el penal para visitar a Bustos. La excusa del encuentro fue una cuestión “literaria”. La magistrada explicó que escribía un libro y necesitaba una entrevista con el homicida.

“Una vez concertado el encuentro, el mismo se desarrolló de una manera deslucida y desajustada al cargo de juez que detenta la letrada, en razón de que durante el mismo -habiendo sillas y escritorio en el recinto- se ‘sentaron en el piso de manera contigua, con mucha proximidad entre ambos mientras conversaban, se besaban, él acarició su cabello y la doctora tomó fotografías del tipo selfie con un teléfono celular”, según la descripción del hecho en el sumario.

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Disputa gremial en eventos de La Plata: «Las empresas locales deben ser prioridad»

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Mario Sagardoito detalló la situación que enfrenta el gremio de controladores de admisión y permanencia en La Plata, donde disputan espacios laborales con empresas externas que buscan traer personal de otras regiones. “Tenemos muchos trabajadores que esperan estos eventos para poder llevar la comida a su casa. Por eso, pusimos tres empresas de la ciudad para garantizar el trabajo local”, aseguró.

Sagardoito resaltó que el gremio cuenta con trabajadores capacitados mediante cursos homologados y credenciales oficiales, según las leyes 26.370 y 13.964. «Nuestra actividad es control de admisión y permanencia, no seguridad privada. Cada área tiene su especialización», aclaró.

Un conflicto en el marco de la ley

El conflicto surge en torno a los eventos masivos, como recitales en el estadio Único de La Plata. Según Sagardoito, mientras las productoras locales ya habían cerrado acuerdos con las empresas de control autorizadas, otras compañías intentaron participar sin cumplir con los requisitos legales. «La productora debe garantizar que todos los trabajadores estén habilitados con los cursos correspondientes. No se puede improvisar en esta actividad», explicó.

Asimismo, detalló que en estos eventos los trabajadores locales enfrentan largas jornadas que superan las ocho horas, lo que incrementa la necesidad de discutir condiciones laborales justas: «Estamos en conciliación con la productora para resolver cuestiones como la vianda, hidratación y baños químicos. Todo esto es parte de los derechos básicos de nuestros compañeros».

La importancia de los eventos para la economía local

En relación al impacto económico, Sagardoito destacó que un evento de gran magnitud, como el recital de Los Piojos, moviliza entre setecientos y ochocientos trabajadores. La cantidad exacta depende del dispositivo de seguridad implementado por la productora. «Cuanto mayor sea el despliegue, más puertas se abren, y más compañeros tienen la oportunidad de trabajar», explicó.

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Finalmente, llamó a respetar las normativas vigentes y priorizar el empleo local, evitando que empresas de otras regiones desplacen a los trabajadores de La Plata. “Estamos defendiendo lo que nos corresponde, porque cada uno de estos eventos representa un ingreso vital para muchas familias de nuestra ciudad”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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