A través de la publicación del Decreto 436/2025, el gobierno de Javier Milei derogó artículos clave de las leyes de educación vial y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Esto implica la eliminación de obligaciones y organismos que, según el Ejecutivo, ya no resultan necesarios en el marco de la actual estructura estatal y la distribución de competencias entre la Nación y las provincias.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. La decisión afecta directamente a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y a organismos como el Observatorio de la Educación Vial, que queda disuelto.

El decreto, refrendado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se fundamenta en la necesidad de evitar la duplicación de funciones estatales y optimizar el uso de recursos públicos.

Según el texto oficial, la coexistencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”.

La medida se apoya en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

El decreto sostiene que la derogación de los artículos mencionados permitirá “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

En el caso de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país, el Ejecutivo argumenta que la responsabilidad de organizar estas jornadas no corresponde al Estado nacional, ya que la administración de los servicios educativos fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley 24.049.

El decreto afirma: “Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”.

En enero pasado, el Gobierno nacional inició un proceso de revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral que se darán en las escuelas. La tarea está en manos del Ministerio de Capital Humano con le objetivo de garantizar su adecuación a la normativa vigente en la materia.

Respecto a la Ley 27.214, el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar, según el propio decreto. El Ejecutivo considera que su existencia, junto al Consejo Federal de Seguridad Vial, implicaba una duplicación de estructuras y funciones.

El decreto también remite la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos de delegación legislativa. El artículo 4° del decreto ordena: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”.

La decisión se enmarca en la política del Gobierno nacional de reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos considerados innecesarios o redundantes.

El decreto cita expresamente las bases de la Ley 27.742, que incluyen “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

La entrada en vigencia del decreto se fijó para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 28 de junio de 2025.

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Por primera vez en la historia judicial argentina, diez prófugos serán juzgados en ausencia por el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, quien hizo lugar a un planteo de la Unidad Fiscal AMIA en base a la reciente reforma del Código Procesal Penal que permite avanzar con procesos penales contra imputados que se encuentren fuera del país y eludan de forma sistemática a la justicia.

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Los acusados que enfrentarán el juicio oral sin estar presentes físicamente en el país son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Todos ellos son ciudadanos iraníes o libaneses y fueron señalados por la justicia como responsables de planificar y ejecutar el atentado a través del grupo Hezbollah, y tienen desde 2006 pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol. Sin embargo, nunca fueron detenidos: la mayoría reside en Irán, país que no extradita a sus ciudadanos y que, por razones geopolíticas, logró que las alertas no se activen durante sus desplazamientos en el exterior.

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“Han sido declarados rebeldes hace años y, a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados, nunca respondieron a los pedidos de extradición”, argumentó el magistrado en su fallo, que ahora deberá ser revisado por la Cámara Federal en caso de apelación.

Algunas querellas y la defensa oficial se opusieron al uso de esta herramienta por considerar que vulnera garantías del debido proceso, pero tanto la fiscalía como las representaciones legales de AMIA y DAIA respaldaron la decisión.

Quiénes son los prófugos que serán juzgados en ausencia por el atentado a la AMIA

• Alí Fallahijan: Exministro de Inteligencia de Irán (1989–1997). Se lo considera el principal articulador de las acciones de los servicios secretos iraníes vinculados al atentado.
• Alí Akbar Velayati: Ocupó el cargo de canciller iraní durante más de una década. Actualmente es consejero del líder supremo Alí Jamenei. La justicia lo acusa de haber brindado cobertura diplomática a la operación terrorista.
• Mohsen Rezai: Encabezó la Guardia Revolucionaria en los años previos al atentado. Se le imputa haber intervenido en la planificación militar del ataque, junto a Vahidi.
• Ahmad Vahidi: Exjefe de la fuerza Al Quds, una rama de elite de la Guardia Revolucionaria iraní. Fue señalado como uno de los organizadores directos del atentado.
• Hadi Soleimanpour: Embajador iraní en Argentina en 1994. Habría contribuido al encubrimiento del ataque desde su rol diplomático. Dejó el país apenas dos semanas y media antes del hecho.
• Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran): Tercer secretario en la embajada iraní en Buenos Aires. Salió del país pocos días antes del atentado. Se le atribuyen tareas de enlace y manejo del correo diplomático.
• Mohsen Rabbani: Religioso iraní acreditado como consejero cultural en la embajada. Está acusado de haber diseñado y ejecutado la logística local, incluyendo movimientos bancarios y gestiones relacionadas con el vehículo usado en el ataque.
• Salman Raouf Salman: También conocido como Samuel Salman el Reda. Libanés con documentación colombiana, habría coordinado al grupo que ejecutó la fase final del atentado y la detonación.
• Abdallah Salman: De origen libanés, se le adjudica un rol de asistencia directa a Salman Raouf Salman en la operación. Fue declarado rebelde por la justicia en 2023.
• Hussein Mounir Mouzannar: También de nacionalidad libanesa, se lo vincula al mismo nivel operativo que Abdallah Salman. Está prófugo y fue declarado en rebeldía en la misma resolución judicial.

Atentado a la AMIA, AMIA, Irán, Hezbollah