POLITICA
Nueva jugada de la oposición dialoguista para meterle presión al Gobierno por el financiamiento universitario
Los legisladores dialoguistas reanudan en la Cámara de Diputados, como en el 2024, la discusión por los fondos universitarios. El año pasado, la ley que aprobó el Parlamento fue vetada por el presidente Javier Milei, y su decisión fue blindada en la Cámara baja, que no alcanzó los dos tercios necesarios para derogarlo y el veto quedó firme.
Los diputados nacionales Danya Tavela y Maximiliano Ferraro presentaron un proyecto de ley que garantiza la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público. La iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. Proponen recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
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El proyecto establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios basándose en la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
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“Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, expresó la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre).
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que “destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”.
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Otro de los puntos clave de la iniciativa es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, agregó Tavela.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El rol de la Auditoría
La Auditoría General de la Nación (AGN), deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema. Esto le dará un rol protagónico a una institución que hoy está funcionando con el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. El resto del directorio, los tres representantes de Diputados, y los tres por la Cámara de Senadores, vencieron sus mandatos y el Congreso no definió sus remplazos.
La propuesta vetada por el Ejecutivo
La norma que finalmente sancionó el Senado, el pasado 13 de setiembre, estableció actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos otorgados durante 2024.
Además, estableció una recomposición salarial para los trabajadores de las universidades a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debía actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
Finalmente, el 3 de octubre el jefe de Estado vetó la norma sancionada por el Congreso. El veto fue puesto a consideración de las Cámaras. A los pocos días, el pasado 9 de octubre, con 165 votos afirmativos, 85 negativos y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados mantuvo el veto y cayó la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.
Consulta popular
Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro, presentó un proyecto convocando una Consulta Popular Vinculante y obligatoria a la ciudadanía para garantizar los fondos de financiamientos para las universidades nacionales.
En sus argumentos el diputado Carro señaló que, “resulta evidente que el ajuste presupuestario operado en el último año y medio pretende socavar de a poco la autonomía universitaria, ya que, sin los recursos necesarios, las casas de estudio pierden la capacidad de proyectar y decidir sobre su funcionamiento”.
En próximos días comenzará nuevamente este debate que cruzará la campaña electoral 2025.
Diputados, universidades públicas, FINANCIAMIENTO
POLITICA
Fuerte malestar de la oposición por el faltazo de Caputo y Cúneo Libarona al Congreso por el caso $LIBRA
Un fuerte malestar desató en la oposición ante el faltazo de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocados al recinto de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA en la que el presidente Javier Milei aparece como promotor. Desde el kirchnerismo se propuso que, una vez que finalice la interpelación del jefe de Gabinete Guillermo Francos –que sí concurrió al recinto-, la sesión continúe el próximo martes 13 para que Caputo y Cúneo comparezcan. La moción que es acompañada por el resto de la oposición.
Los ministros adujeron “compromisos urgentes” –en el caso de Cúneo Libarona- y “cuestiones de agenda impostergables”-de parte de Caputo- para no asistir al recinto, pese a que la Constitución Nacional obliga a los funcionarios nacionales a concurrir al recinto cuando son citados por alguna de las cámaras a una interpelación.
Desde el Ministerio de Justicia no precisaron ante la consulta de de qué se trataron “las cuestiones impostergables” que adujo Cúneo Libarona para justificar su ausencia. La decisión del faltazo habría sido una orden de la Casa Rosada, que intenta unificar solamente en Francos la defensa por el caso de la criptomoneda.
En el arranque de la sesión, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez advirtió que este incumplimiento por parte de los ministros es pasible de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible mal desempeño en sus funciones.
“Entendemos que los funcionarios están muy ocupados. A Caputo lo esperamos hace rato en este Congreso”, ironizó la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria). Acto seguido propuso que, una vez finalizada la exposición de Francos, la sesión pase a un cuarto intermedio para continuar la interpelación el próximo martes 13.
El oficialismo y sus aliados de Pro rechazaron la moción de los opositores, lo que subió la temperatura dentro del recinto.
“La nota es una falta de respeto –replicó el diputado Juan López (Coalición Cívica)-. Todos sabemos que Cúneo Libarona es un abogado ´sacapresos´ histórico y sabe que cuando una persona no puede asistir pide una nueva fecha de audiencia”.
“¡Le están faltando el respeto al pueblo argentino! Dígannos cuándo vienen, cuándo van a dar la cara al Congreso!”, exclamó, visiblemente irritado, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre).
«Estamos viviendo una época de terror», lanzó Vilma Ripoll al describir el ambiente dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, donde, según relató, predomina la violencia verbal y la falta de límites, promovidos desde el propio oficialismo. «Nunca vi algo así en años de actividad parlamentaria», aseguró. La dirigente denunció que los diputados oficialistas agreden verbalmente sin reparos, bajo el auspicio de un presidente que, en sus palabras, “fomenta la violencia”.
La referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores también alertó sobre el impacto que el ajuste y las reformas económicas están teniendo sobre la vida de la mayoría de los argentinos. «Estamos gobernados de facto por el Fondo Monetario Internacional«, denunció, en referencia al fuerte alineamiento del gobierno con los planes de ajuste promovidos por el organismo internacional. Criticó con dureza a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien recientemente expresó su apoyo explícito a Javier Milei: «Es inédito y peligrosísimo que se metan de esa manera en nuestra política».
La diputada sostuvo que el ajuste no se limita a recortes presupuestarios, sino que implica un proyecto más profundo: «Es FMI, más motosierra, más criptoestafas, más reformas laborales y jubilatorias». En este sentido, cuestionó el proceso de debate en el Congreso Nacional, denunciando prácticas de corrupción y compra de votos: «Hoy está empatada la comisión sobre el tema de la criptoestafa, pero el día del debate puede cambiar porque compran voluntades».
La situación social fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Ripoll señaló que el país enfrenta un escenario de despidos masivos, cierre de pymes y ajuste brutal contra los jubilados y sectores más humildes. «Hay un genocidio silencioso contra los jubilados», afirmó, en referencia a los bajos haberes y al encarecimiento de los alquileres. «¿A dónde van a ir a parar los jubilados si no pueden pagar?», preguntó con indignación.
La dirigente también denunció la creciente represión a las movilizaciones sociales. Recordó el reciente ataque a un diputado del Frente de Izquierda durante una protesta de jubilados y criticó la violencia policial promovida por el gobierno nacional. «Están desesperados por acallar cualquier reclamo», sentenció.
Vilma, Ripoll:,
POLITICA
“12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”: el informe de Amnistía Internacional contra el gobierno de Milei
Amnistía Internacional publicó su informe anual “Estado Mundial de los Derechos Humanos” y cuestionó al gobierno de Javier Milei al afirmar que hubo un “retroceso profundo y acelerado en los derechos humanos durante 2024″.
El capítulo dedicado a la Argentina se denomina “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, y el organismo aseguró que durante la gestión actual “se retrató un panorama de narrativas violentas, achicamiento de espacios de participación y represión a las voces disidentes”.
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“El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quién agregó: “La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.
Entre los principales ejes del informe se destacan:
- La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación.
- Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.
- La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”.
- Retrocesos graves en derechos económicos y sociales, como consecuencia de políticas de ajuste que afectaron directamente a millones de personas. Se eliminaron programas sociales, se redujeron presupuestos esenciales y se cerraron organismos clave en áreas de la salud, educación, género y derechos humanos.
- Jubilaciones. Quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza. Esta política, combinada con la quita de subsidios, la remoción de cobertura en medicamentos y el aumento del costo de vida, vulneró el derecho a una vida digna para un sector históricamente postergado.
Desde que inició la gestión del presidente Milei, Amnistía Internacional afirmó que documentó “el ataque y hostigamiento a decenas de periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión. El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por esta administración».
En el marco de los despliegues policiales, profundizó el informe, “en reiteradas ocasiones las autoridades policiales dispararon balas de goma de manera indiscriminada a la parte superior del cuerpo de diversos manifestantes con graves afectaciones a la integridad física y salud de las personas, tales como pérdidas oculares; muchas personas resultaron con heridas en la cara, cabeza o mentón, lo cual muestra que el uso de armas menos letales se alejó completamente de los estándares de protección internacional de derechos humanos”.
El informe destacó la cibervigilancia y aseguró que “preocupa que, en nombre de la seguridad, el Estado avance en una serie de regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial con el objetivo último de vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas, poniendo en riesgo su privacidad, libertad, igualdad e intimidad”.
“Los sistemas de IA están alimentados por enormes cantidades de datos privados y públicos, cuya combinación puede dar lugar a la creación de perfiles de cada uno de los ciudadanos, sumamente intrusivos. Ello, además de que pueden dar lugar a resultados sesgados que no hacen sino fomentar la desigualdad”, agregó al respecto.
Para Amnistía, “el Estado es un gran recolector de información y datos a través de sus diferentes agencias (ANSES, AFIP, RENAPER) que uno no puede negarse a dar. Pero patrullar las redes sociodigitales y todas las aplicaciones, es un objetivo tan amplio e inabarcable que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos”.
A nivel internacional, Amnistía Internacional advirtió que la situación en Argentina no es una excepción. El llamado “efecto Trump” profundizó el avance global de prácticas crueles que se sucedieron durante 2024, caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial.
Amnistía Internacional, Gobierno, Javier Milei
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