Columna publicada originalmente en Clarín 

El día en que recorrió la Riccheri, horas antes de embarcarse con una modelo en el yate Bandido y saltar al vacío de su ocaso político, Martín Insaurralde se hizo llevar a Ezeiza por un chofer en una camioneta del municipio de Lomas de Zamora, donde estaba de licencia por ser el jefe de Gabinete de Kicillof.

Es un detalle ínfimo en el cúmulo de pruebas de corrupción en su contra que acaban de difundir los fiscales que lo investigan, pero muestra el grado de impunidad del funcionario promedio que encarna la fantasía monárquica de Luis XIV: L’État, c’est moi (El Estado soy yo).

El dato mayor de la investigación judicial en curso es que Insaurralde gastó más de 120.000 dólares en viajes durante dos años mientras ganaba 1.800 dólares mensuales, sin otros ingresos declarados. Los números no cierran.

Sólo alquilar el Bandido en Marbella le costó 13.716 euros, unos 15.000 dólares. Para ese paseo de apenas ocho horas, Insaurralde debió invertir ocho meses y medio de su salario como funcionario público.

Aquí empieza una interesante danza de nombres de empresas, tarjetas de crédito extranjeras y otras herramientas destinadas a esconder a Insaurralde, más otros datos de empresas contratistas de Lomas que eran extraordinariamente generosas con el intendente que les daba las obras: le cedieron -al menos- una camioneta importada, una casa en un country y un departamento en Puerto Madero.

El volumen y las ramificaciones de esta verdadera orgía económica llevaron a los fiscales Diego Velasco y Diego Mola a solicitar esta semana una ampliación de la prueba con pedidos de información a Suiza, Estados Unidos y España.

Es para intentar clarificar “la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos”. La hipótesis de los fiscales excede largamente la teoría del placer hedonista del combo modelo-yate-champán: creen que Insaurralde estaba lavando dinero sucio.

El gobernador Kicillof -que ahora recurrió a la Corte para pedirle a la Nación más envío de fondos públicos- dijo tres cosas curiosas sobre su ex jefe de gabinete: que se enteró del escándalo por las redes sociales, que su función no es “espiar a los funcionarios, como Macri” (una torpeza en la debilidad) y, finalmente, que Insaurralde -impuesto por Máximo Kirchner– “es parte de la coalición Unión por la Patria… no es el gobierno de Axel Kicillof”. Ajá.

Sobre el escándalo de las tarjetas truchas de Chocolate, dijo que “es un tema del poder legislativo”. Si el legislativo no es su problema y el ejecutivo tampoco, porque no sería suyo sino de “una coalición”…, ¿cuál sería el problema de Kicillof?

Quizá, que Insaurralde sigue en su “nueva” gestión a través del director legal de la Lotería de la Provincia -el juego es el campo fuerte del ex funcionario- , del tribunal de cuentas bonaerense y de la ministra de Ambiente, esposa del intendente de Lomas, delfín de Insaurralde.

Y que también está en la Legislatura con la presidencia en Diputados de Alejandro Dichiara, justo cuando el caso Chocolate avanza buscando responsables hacia arriba.

Kicillof no puede asegurar que el dinero que los fiscales creen que lavaba Insaurralde no era de ninguna caja suya. Y sabe perfectamente que la Legislatura y sus jefes políticos no son compartimentos estancos.

Por las dudas, acaba de entrar a la causa Chocolate -como defensor de los punteros de Sergio Massa, Facundo y Claudio Albini– el abogado Maximiliano Rusconi, que defendió a Lázaro Báez, a Julio De Vido y a Diego Lagomarsino por el crimen de Nisman.

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