Artículo publicado originalmente en Clarín

¿Quién hubiera pensado que debajo de nuestros pies había tanto curro como si con la obra pública y otras lindezas del kirchnerismo no hubiéramos ya tenido demasiado? El último descubierto, multimillonario en dólares y pesos, tiene una figura central-central: Alberto Fernández, el que se autoelogiaba impoluto y repetía: yo no robé, yo no robé, yo no robé. Parece estar de moda esto de repetir tres veces.

Bueno, no ha sido para nada así, aunque el ex presidente recurra al mismo gastado expediente de decir: ah… ¿sí? Debe ser culpa de Fulana, como lo hizo con su mujer Fabiola y aquella famosa y concurrida fiestita de cumpleaños en Olivos, en plena cuarentena que él mismo había ordenado.

Hablando de concurrencia, uno de los grandes socios de la opereta con seguros que el tan sospechosa como tempranamente echado de la jefatura de la Ansés, el cordobés Osvaldo Giordano, descorrió en apenas días, Héctor Martínez Sosa, se sabe ahora era de los que tenían pasaporte especial para gambetear el aislamiento y sentarse en la quinta presidencial a discutir los grandes temas de la Patria.

Martínez Sosa, socio y acreedor de Alberto Fernández, es esposo de Ana María Cantero, la secretaria presidencial que estacionaba su Audi TT en la explanada de la Rosada. Cantero es la nueva Fabiola excusatoria: “yo no pedí por nadie y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Fernández volvió a hacerlo.

Apenas se pudo tirar del hilo que dejó suelto, pero no tan suelto, Giordano, empezaron a aparecer, sumándose, las truchadas de Fernández y Martínez Sosa. Otra afanosa matriz como la de la obra pública, tan K. Desde el Gobierno, Cantero pedía a los jefes de las empresas estatales que contratasen a su marido, amigo o váyase a saber qué más de Fernández.

Hay pruebas de eso y hay pruebas de que no les fue nada mal. Lista provisoria e incompleta de los organismos en los que Fernández y Cantero metieron al broker Martínez Sosa: Gendarmería, Servicio Penitenciario, Corredores Viales, Cancillería, Casa de la Moneda, ministerio de Seguridad y Superintendencia de Servicios de Salud. Siguen las firmas.

No son vueltos. Son millones. Recordemos un dato clave: en 2021, Fernández ordenó por decreto que todos los seguros estatales pasaran por Nación Seguros, con la retórica hipócrita de “proteger los bienes del Estado”. En realidad, esa compra obligada y sin licitación encubría un nuevo negocio para la política. Curros en el buen idioma popular. La puerta para que ingresaran Martínez Sosa y otros brokers y aseguradoras privadas a un monumental tongo. Milei aún no bajó ese decreto.

Las redes de Fernández y Martínez Sosa llegan a provincias y municipios. Tierra del Fuego acaba de voltear un contrato de 2020 que beneficiaba al broker preferido del ex presidente con el control absoluto de los seguros oficiales. El gobernador Melella, que rompió ahora el convenio, es el mismo que lo había firmado. Y más curioso: cuando fue elegido intendente, Melella había echado a Martínez Sosa por “incompetente”. Los negocios fuerzan a los políticos a cambiar de opinión.

Y a cometer barbaridades: no había un dólar para nadie, pero Sergio Massa, por resolución del 2 de mayo pasado, amplió el presupuesto de Turismo para pagarle cuatro cuotas de US$ 93.750 a Agustín Canapino, el piloto esponsoreado por Martínez Sosa que corre en el IndyCar norteamericano. Una prioridad nacional. Lo revelaron Diego Cabot y Camila Dolabjian en La Nación.

Se sabe que la carrera ascendente de Fernández como funcionario arrancó en los 90 bajo el menemismo como jefe del Instituto de Reaseguros (INDER). Menos se sabe sobre las denuncias que le hicieron. En una nota que no pudo publicar en Página 12, el prestigioso periodista Julio Nudler retrató una red de negociados de Fernández con Claudio Moroni, que era su dos y fue luego su ministro de Trabajo. Roberto Guzmán, otro funcionario digno como Giordano, contó en detalle en su libro Saqueo Asegurado, cómo funcionaba en el INDER la industria del juicio. Daniel Santoro lo publicó en este diario.

Un escándalo mayor ocurrió cuando Fernández, ya presidente del grupo BAPRO a fines de los ‘90, compró inexplicablemente la empresa de seguros Vanguardia. Había una explicación: su dueño era Martínez Sosa.

Para decirlo en dos palabras: Vanguardia era una aseguradora de Tierra del Fuego en problemas, que debía una pila de plata. En medio de la operación, Martínez Sosa denunció que toda la documentación de su compañía se había perdido en un incendio. El tema terminó con denuncias y, luego, como terminan aquí estas cosas: el Estado se hizo cargo de la factura a través del Instituto de Reaseguros, el mismo que había presidido Fernández. ¿Sorprende? Para nada.

Estas historias vuelven por el escándalo de la Anses con Nación Seguros, que se puede sinterizar así: Fernández saca un decreto y diez minutos después lo aplican un funcionario puesto por Massa en la Anses y uno de los tres mosqueteros puestos por Fernández en Nación. Firman un contrato por $ 20 mil millones año para seguros de vida a jubilados y pensionados que sacan préstamos en la Anses.

Nunca se había hecho algo así. La Anses daba créditos desde hacía 20 años y se autoseguraba. Pero Massa y Fernández descubren el nuevo filón y arman el negocio a dos puntas. Una: meten a un broker entre los dos organismos oficiales. No tiene ninguna función salvo la de permitir el negocio: por hacer nada le dan el 17,5% de comisión. Una confesión de corrupción. La otra punta: meter a empresas privadas a las que les dan el 75% del negocio. Nación Seguros se queda con $ 5.000 de los 20 mil millones y los otros $ 15 mil van a los bolsillos de Sancor, San Cristóbal, San Germano (del ex tenista Gastón Gaudio) y Life Orígenes, cuyo propietario Pablo Peralta es íntimo amigo de Alberto Fernández.

¿Para qué meten a esas empresas? Pregunta ociosa: ¿pagan además vueltos, comisiones ocultas a los funcionarios? En el sector, no es duda sino certeza. Alguien dice que Alberto Pagliano, el presidente de Nación Seguros y compañero de Fernández desde el INDER, dijo o habría dicho: “todo está armado para robar”. Debe ser así si se confirma que Gustavo García Argibay, uno de sus segundos con Carlos Soria, vuela en avión privado y le compró una casona en Bella Vista a su pareja Maca Achaval Rodríguez.

Como en una película de Tarantino, nadie se salva. Enriquecerse en el Estado diciendo que se defiende al Estado, y encima sacándole plata a los jubilados es simplemente miserable. Silencio en la Superintendencia de Seguros, en manos de Guillermo Plate que actuó en Provincia con estos brokers y silencio en otros organismos de control. De paso 1: ¿por qué habrá sido que en la bocha de empresas a privatizar de la ley ómnibus de Milei aparecen todas las del Nación y justo, justito, no aparece Nación Seguros? Nadie sabe/contesta.

Se puede rastrear cómo queda la plana mayor de Nación Seguros, que Milei entrega a Martín Menem. Para eso hay que poner nombres aunque resulte aburrido. Menem nombra a un amigo de la facultad, Alfonso Torres, de presidente y Torres deja en la gerencia general a Mauro Tanos, de La Cámpora y del equipo/mafia que había en el organismo. Hay razones del mileismo que la razón no entiende. Quizás viendo como viene la mano, el jefe de gabinete Posse manda como comisario a Gonzalo Pascual. Esta película continuará.

Un paso hacia atrás para desenredar el redituable rompecabezas: el broker que acuerdan Massa y Fernández es Pablo Torres García tan cercano a Massa como a Nicky Caputo y que hace o hizo mandados más que parecidos, idénticos, para el macrismo. Chocolates Rigau no hay solo en el peronismo.

De paso 2: curro debiera escribirse con K cuando se trate de cualquier curro K, y con C cuando se trate de uno cruzado entre kirchnerismo y casta o de la casta, sin kichneristas asociados.

Torres García hizo su aprendizaje en Córdoba con Acecor, que manejaba la esposa de De la Sota, Olga Ruitort. Un socio principal era Horacio Miró, también con largo pedigree en recaudar para la corona (y para sí mismo). Cortó siempre el bacalao de la caja con De la Sota y Schiaretti y antes, con Lorenzo Miguel, en la obra social de metalúrgicos. Otro de sus socios es el operador mediático Guillermo Seita.

Algo más: Torres García era o es, según algunos, el intermediario del macrismo con Provincia Seguros, otra fuente central del negocio con los seguros que maneja Fernando Zack, de La Cámpora. A Torres García lo echaron en 2015 pero Caputo y el ministro Screnzi lo mantuvieron. Sólo los aportes de sus 150 mil empleados convierten a la Ciudad de Buenos Aires en el principal cliente de Provincia ART y generan otra parva de dinero.

¿Qué pasó cuando Fernández le cortó a los porteños coparticipación para pasársela a Kicillof? ¿La Ciudad canceló todos, algunos, de esos contratos? Ninguno.

Matriz obra pública. Matriz cuadernos. Matriz fideicomisos. Matriz seguros. Hay más y es muy posible que sigan apareciendo más. De paso 3: un cuento que es muy elocuente, aunque extranjero: por los 80, en España, cuando el PSOE ganó diciendo que venía a cambiar todo, la jarana popular decía: sí, vienen a cambiar las tres c: casa, coche y compañera.

Fernández, el del departamento prestado y los dólares prestados volvió de su nada austera estancia en España y se va a México. La corrupción en seguros será tema de Ercolini, el juez al que escrachó y amenazó por investigar a Cristina y Cristóbal López. Malo para él. Bueno para todos. Por eso, quizás, Fernández habló con Milei sobre el escándalo.

Por último, pero no lo último: ¿cómo pagó Fernández su estadía y la de su esposa en Madrid, donde ella permanece? ¿Habrá sido Martínez Sosa Dicen que los pasajes fueron costeados por otro gran amigo, Juan Manuel Olmos. Por la Rosada, pasó una interna gremial con estribaciones en el negocio del seguro. Fue en el gremio de los peones rurales, el más numeroso del país. De un lado la compañía El Surco, de Julio Comparada (ex presidente de Independiente) y apadrinado por el gastronómico Luis Barrionuevo, y del otro lado Sol Naciente, del empresario Guillermo Nespola, con vínculos con el albertismo. ¿Efecto contagio, que le dicen?