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POLITICA

Nuevos relatos de explotación laboral en el call center oculto de Provincia NET

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Días atrás, REALPOLITIK expuso las condiciones laborales adversas y las irregularidades que tienen lugar en el oculto call center de Provincia NET ubicado en Calderón de la Barca, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la situación de los empleados se agrava con nuevos testimonios que revelan el nivel de explotación al que son sometidos.

Vale recordar que, con aproximadamente seiscientos empleados tercerizados, la compañía que depende del gobierno de Axel Kicillof está en el ojo del huracán por prácticas laborales cuestionables, incluyendo despidos arbitrarios y condiciones laborales adversas. El call center realiza tareas de atención al cliente bancario a través de la línea 08102222776, incluyendo quejas, reclamos, fraudes, desconocimientos y cuentas DNI y BIP para todos los clientes de Banco Provincia, que preside Juan Cuattromo. Sin embargo, los empleados, que operan bajo el convenio de comercio y no el bancario, han denunciado que la empresa inventa causales de despido para eludir las indemnizaciones correspondientes. Esta situación ha llevado a una alta rotación de personal, donde muchos renuncian debido a la presión y el mal ambiente laboral.

En ese marco, un trabajador comentó a este medio sobre la escasa remuneración que reciben: “Hablando con mi responsable en el trabajo, ella me contó que se encuentra hace ocho años trabajando en el call center ocho horas diarias y su sueldo no llega a los 800 mil pesos por mes, y el sindicato no interfiere por los operadores”. Esta falta de intervención sindical pone de manifiesto la desprotección de los empleados en un entorno donde los abusos laborales del gobierno de Kicillof son la norma.


El titular de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini.

El área de ventas también presenta problemas serios. Los empleados denuncian que no reciben las comisiones correspondientes por sus ventas. A pesar de superar los objetivos mensuales, la única compensación es un incremento irrisorio de cinco minutos más de descanso. “Las comisiones son bajísimas”, señalaron los trabajadores, quienes también deben lidiar con un exigente protocolo que no se aplica a los supervisores.

La presión laboral se traduce en un ambiente hostil, donde cualquier error puede resultar en sanciones. “Tenemos que cumplir a rajatabla los protocolos, pero ellos no cumplen con los operadores”, expresaron, haciendo eco de la frustración generalizada.

La situación es aún más complicada cuando los empleados deben realizar gestiones más complejas que las de una sucursal, pero por un salario considerablemente inferior: “Cuando hago trámites en la sucursal para mí, veo cómo los trabajadores no hacen su trabajo y se lavan las manos derivando al cliente al teléfono. Se enojan cuando no podemos resolver su consulta y somos vulnerables a quejas y despidos por una supuesta mala gestión”, reveló un empleado, reflejando el caos reinante en el Grupo Provincia en cuanto a lo que se refiere con la atención al cliente.

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Por si fuera poco, aquellos que deben viajar a la oficina tampoco reciben viáticos, lo que afecta a muchos trabajadores que residen en zonas sur u oeste y gastan montos considerables en traslados. “Es insostenible”, afirmaron, enfatizando cómo los costos de transporte se suman a la precariedad salarial.

La situación de los empleados de Provincia NET se presenta como un llamado urgente a la acción por parte del gobierno provincial. La falta de regulación, la indiferencia de los sindicatos y la opacidad de la gestión de Kicillof subrayan la necesidad de una revisión profunda de las condiciones laborales en el sector. Una mayor regulación y supervisión son esenciales para garantizar derechos y condiciones dignas de trabajo, protegiendo así a quienes sostienen el funcionamiento de este call center, que parece operar al margen de la ley y de los derechos humanos que el gobierno tanto pregona. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Acuerdan un mecanismo para que la SIDE pueda volver a dar información a los fiscales

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El titular de la SIDE, Sergio Neiffert y el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, firmaron un convenio que establece un único y detallado mecanismo mediante el que cual el organismo de inteligencia puede aportar información para una investigación penal a las fiscalías federales, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El convenio reemplaza la oferta de la SIDE de crear una fiscalía especializada en temas de inteligencia, tal como adelantó Clarín.

La relación entre la SIDE y la Justicia siempre fue polémica desde la restauración de la democracia en 1983. Como auxiliar de la Justicia, la SIDE aportó información de inteligencia, por ejemplo, en la causa por el atentado a la AMIA desde 1994. Cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner en 2003 fue más allá y ordenó a la SIDE que participar a de la investigación de secuestros comunes, luego del caso del asesinato de Axel Blumberg.

Luego del Pacto con Irán firmado en el 2013, Cristina Kirchner echó a Héctor Icazurriaga, Paco Larcher y Antonio Stiuso de la SIDE y se apoyó en el jefe del Ejército y director de Inteligencia, general César Milani, según denunció Juntos por el Cambio. La ex presidenta, tras el crimen del fiscal Alberto Nisman, la rebautizó como AFI y prometió transparencia.

En 2019, tras volver al poder, Cristina hizo poner a la ex fiscal Cristina Caamaño al frente de la AFI, quien prohibió a los espías colaborar con la Justicia y abrió ocho denuncias por “espionaje macrista”.

Ahora este convenio regula, por primera vez, la relación entre los espías y los fiscales, como sucede en otros países del mundo.

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El Convenio obliga a los funcionarios de la SIDE y del Ministerio Público Fiscal “a documentar, de forma segura, la manera en qué se envía la información a las fiscalías, permitiendo su trazabilidad; buscando así dar transparencia y previsibilidad al vínculo institucional entre ambos organismos”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Además, “obliga a documentar, mediante actas, qué dependencias intervienen en la transmisión de información, qué funcionarios participan y qué destino se le da a esa información”.

Específicamente, “la fiscalía que recibe la información de la SIDE puede realizar, a partir de la valoración de dicha información, una investigación preliminar, formular directamente una denuncia penal o archivar la información”.

El establecimiento de este mecanismo se produce por primera vez en la historia del vínculo entre el Ministerio Público Fiscal y la SIDE, “buscando otorgar transparencia, trazabilidad y solidez para lograr un vínculo institucional sano”.

En esta línea, la Procuración General de la Nación frente a la intención de crear una fiscalía especializada en inteligencia, prefirió establecer un canal único, a través de la Secretaría de Coordinación Institucional, que conduce Juan Manuel Olima, para que se produzcan las comunicaciones interinstitucionales establecidas en el Convenio. Así se buscará evitar la diseminación arbitraria y selectiva de la información de inteligencia entre los operadores judiciales.

A su vez, mediante el mecanismo previsto en el Convenio, se da cumplimiento a la obligación internacional del Estado Argentino que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Memoria Activa” en la causa AMIA, en cuanto allí se dispuso que debía definirse la forma en que se transmite la información de inteligencia a las fiscalías encargadas de la investigación garantizando la transparencia.

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