Después de varias semanas de tropiezos y de errores no forzados, el Gobierno recuperó la iniciativa. El vector fue la economía. Ahora, la mirada está puesta en lo que ocurra a partir del lunes.

La salida del cepo, en principio, fue exitosa. El dólar libre minorista, que había arrancado el lunes en $1230, cerró el miércoles a $1160. Y el dólar mayorista, que el viernes anterior estaba en 1080, subió el lunes a casi $1200 —un salto cambiario de 10%— para luego terminar a $1122.

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Y ese éxito ya tiene un impacto. Las primeras mediciones sobre la imagen de Javier Milei muestran que, en los últimos siete días, hubo un crecimiento considerable de la imagen presidencial. Un tracking que maneja el peronismo muestra que la imagen de Milei, que en octubre último estaba en 37% y a fines de marzo orillaba el 40%, ahora está arriba del 42%.

Por cierto, la suerte de la cotización no está definitivamente sellada, porque los exportadores no están convencidos de liquidar a un precio menor que el que obtenían hasta el viernes 11: liquidaba a $1130, ahora a $1122, por lo que pierde aún más competitividad.

Además, el lunes, en la reapertura de los mercados tras la Semana Santa podrán aparecer los importadores, que en la semana corta no pudieron demandar dólares por cuestiones operativas, pero desde ahora habrá que prestarle atención al dólar mayorista.

El desafío de Javier Milei tras la salida del cepo al dólar

El primer acierto del Gobierno fue haber dispuesto una salida parcial del cepo, pues no autorizó a las empresas a girar dividendos devengados hasta 2024, que suman unos 6000 millones de dólares: se evitó así una fuerte devaluación. Si bien hubo, fue inferior a la que se había insinuado el lunes.

Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, presionó a las empresas que fabrican bienes de consumo masivo para que retrotrajeran aumentos de 10% a 12%. Las empresas no son buenas ni malas: sus CEOs saben que enfrentan mayores costos, y la incertidumbre sobre las fluctuaciones del dólar entre dos bandas de 1000 y 1400 pesos, llevó a los empresarios a hacer sus cálculos en el tope de la banda.

Mejor que una política de precios máximos —que jamás en la historia sirvieron para controlar la inflación— es una de precios conversados. Las consultoras calculan que, después del IPC de marzo, de 3,7%, vendrán dos meses de inflación superior al 4%. El Gobierno coincide, aunque insiste en que después la inflación se derrumbará.

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El Gobierno advirtió que en la formación de ese índice de 3,7 tuvo un peso muy importante la suba de alimentos, que trepó a 5,9 por ciento, y no está dispuesto a permitir que los precios en las góndolas provoquen mal humor cuando se aproximan las elecciones.

Los supermercados tienen otro motivo para oponerse a los aumentos: el consumo masivo muestra una caída interanual de 5,4 por ciento, y un aumento desmedido de los precios en las góndolas podría frenar la suave recuperación de ventas que comenzó a insinuarse en marzo.

En definitiva, es probable que los precios sufran un alza, pero no de la magnitud prevista por sus gerentes.

Con un dólar calmo y conocido cuál es el valor de la banda superior, muchos inversores se preguntan en qué activos posicionarse para aprovechar esta apreciación cambiaria.

“Desde mi punto de vista, las letras del Tesoro cortas son las mejores herramientas para beneficiarse en este contexto. Me posicionaría en letras con vencimiento en mayo y junio (S30Y5 / S30J5), las cuales tienen rendimientos de 2,5 y 2,55 de TEM. Considerando que los agroexportadores tienen incentivos para liquidar antes de junio y que en el corto plazo se pueden ver inversores internacionales comprando activos argentinos, la estrategia de comprar títulos cortos en pesos es la mejor opción en este nuevo régimen cambiario, considerando que en los próximos meses no tenemos incentivos a que el dólar suba, sino todo lo contrario”, explica el analista Franco Di Nicolás.

Para los pequeños inversores, la opción son los plazos fijos. Los bancos subieron la tasa de interés y algunos llegan a ofertar el 38 por ciento.

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Calentando el escenario electoral

Más volátil que la cotización del dólar es el escenario electoral.

Mauricio Macri y Jorge Macri quieren asegurar la supervivencia del PRO. El jefe de Gobierno porteño tiene un objetivo en las elecciones del 18 de mayo: ganarle a La Libertad Avanza, porque de otro modo el partido de Milei absorbería a sus dirigentes y no aceptaría sellar una alianza entre las dos fuerzas. Las encuestas muestran a ambas fuerzas muy parejas, en 25 puntos, unos puntos detrás de Leandro Santoro, que a esta altura está cerca de los históricos 28 puntos.

Mientras Mauricio Macri camina la calle y el PRO lleva adelante lo que el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí llama La Gran Conversación —el PRO ya contactó a 50.000 vecinos—, Manuel Adorni capitaliza la figura de Javier Milei y no se descarta que el Presidente organice varios actos para apoyarlo.

Todavía más complejo es el escenario bonaerense. El peronismo avanza a negociar listas de unidad: las elecciones provinciales y nacionales se harán en fechas distintas, como pretendía el gobernador, pero las fechas para cerrar respectivas listas provinciales y nacionales quedaron más cerca una de otra de lo que hubiera querido Kicillof, un escenario que beneficia a Cristina Kirchner. Por otra parte, los números muestran que Cristina sigue teniendo bastante predicamento en la provincia.

Por ahora, todo indica que una alianza de LLA y el PRO podría llegar a imponerse sobre el peronismo. Pero el final está abierto.

Dólar, Inflación, Javier Milei, Luis Caputo, Elecciones 2025

Sáb. 19.04.2025-07:29

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El tratamiento legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en menores, que había quedado interrumpido la semana pasada, retomará su curso el próximo 24 de abril a las 17. El debate se llevará a cabo en un plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, entre otras. Este encuentro buscará avanzar hacia un dictamen unificado que permita establecer un marco legal consensuado sobre este tema sensible.

El plenario tiene en agenda la discusión de 13 proyectos de ley que abordan la reducción de la edad mínima a partir de la cual los menores pueden ser imputados penalmente como adultos. Aunque las propuestas varían en sus detalles, el oficialismo había planteado inicialmente bajar de 16 años a 13 años, mientras que los bloques opositores coincidieron en fijar la edad mínima en 14 años. Este punto de acuerdo permitió un avance hacia la posibilidad de un dictamen conjunto, que será clave para definir el futuro de la legislación en esta materia.

Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.

Otro aspecto relevante es la diferencia en las penas máximas propuestas para los menores en comparación con los adultos. Según el Gobierno, la pena máxima debería ser de 20 años, mientras que aproximadamente la mitad de los proyectos presentados sugieren un límite de 15 años. Este punto será uno de los temas clave a debatir en el plenario, ya que refleja distintas posturas sobre cómo abordar los delitos graves cometidos por menores.

El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad había sido suspendido previamente debido a la sesión en la que se votó la conformación de una comisión para investigar el caso $Libra y la interpelación a varios funcionarios. Este retraso generó incertidumbre sobre el avance del tema, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar la discusión y concentrar nuevamente la atención en esta iniciativa legislativa.

El Gobierno busca con esta medida recuperar protagonismo en la agenda política y avanzar en un tema que genera amplio debate en la sociedad. La discusión sobre la edad de imputabilidad no solo involucra aspectos legales, sino también consideraciones éticas y sociales sobre cómo tratar a los menores en conflicto con la ley.

El consenso alcanzado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo en un tema que históricamente ha generado divisiones. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como la definición de las penas máximas y las condiciones específicas de las sanciones alternativas. Estos puntos serán cruciales para lograr un dictamen que cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

El plenario del 24 de abril será una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas presenten sus posturas y busquen acuerdos que permitan avanzar en la redacción de un marco legal que contemple tanto la necesidad de justicia como la protección de los derechos de los menores. La posibilidad de un dictamen unificado dependerá de la capacidad de los legisladores para encontrar puntos en común y superar las diferencias que aún persisten.

Implicaciones sociales y legales del debate

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad tiene implicaciones que van más allá del ámbito legislativo. Este debate refleja preocupaciones sociales sobre el aumento de la criminalidad juvenil y la necesidad de encontrar soluciones que combinen justicia y rehabilitación. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el papel del Estado en la protección de los menores y la prevención de conductas delictivas.

Las propuestas legislativas buscan equilibrar estas demandas mediante un enfoque que priorice las sanciones alternativas y establezca límites claros a las penas aplicables a los menores. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del sistema judicial para garantizar su cumplimiento.