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Odebrecht: la Cámara Federal rechazó la prescripción y avanza la causa por las coimas a los funcionarios

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La maniobra para intentar voltear la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para la ampliación de dos gasoductos tuvo otro traspié. La Cámara Federal rechazó todos los recursos presentados y pidió que avance la investigación. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas.

La causa es un desprendimiento de un expediente que comenzó en 2007, tras una denuncia del fiscal Carlos Stornelli. En 2019, el juez Daniel Rafecas separó la investigación y avanzó solo con las imputaciones por presunto desvío de poder. Pero el año pasado sobreseyó a todos los acusados por las presuntas coimas: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado a la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.

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Ese fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci, y luego la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos, le sacó la investigación a Rafecas y se la dio a la jueza María Eugenia Capuchetti.

Cuando la causa parecía cobrar impulso, la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, planteó la prescripción. A esa jugada se le sumaron varios imputados.

Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máxima de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). Y que la causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).

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La Justicia investiga si se pagaron 25 millones de dólares entre 2007 y 2014 por la ampliación de dos gasoductos (EFE)

Capuchetti rechazó los planteos porque comprobó que uno de los imputados sigue siendo funcionario (Cristian Folgar) y otro dejó de serlo en 2020 (Julio Bragulat).

En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y la empresa CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó hace cinco años.

En esa causa también están imputados Bautista Marcheschi, Luis Beuret, y los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.

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Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares, a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Así consta en un documento aportado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El avance de la investigación demoró años porque gran parte de la prueba estaba afuera del país. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.

El ex ministro de Planificación está acusado (Adrián Escandar)

Luego de varias idas y vueltas, la causa cobró nuevo impulso con el fallo de la Cámara Federal.

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Antes de la feria, la Sala II confirmó, por dos votos contra uno, la decisión de Capuchetti de rechazar los planteos de prescripción.

“Las defensas (al menos con los argumentos que en este momento se han vertido y lo verificado hasta esta altura) no logran demostrar, concretamente, la afectación invocada, pues la tramitación del sumario, si bien no fue la deseable, no tiene entidad por sí sola para afirmar que ha perdido razonabilidad», sostuvo el camarista Roberto Boico.

En tanto, Martín Irurzun opinó que la prescripción estuvo suspendida hasta octubre de 2017 porque De Vido era diputado y desde agosto de 2022 hasta el día de hoy por la función de Folgar. También destacó la complejidad de la investigación, los exhortos internacionales, y las traducciones y peritajes que se encargaron durante el desarrollo de la causa.

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En cambio, Eduardo Farah votó a favor de la prescripción. En su voto destacó que pasaron 17 años desde la apertura de la causa original, y que la Fiscalía pidió el archivo y consintió los sobreseimientos. “El cierre del expediente resulta un imperativo y que debe sobreseerse a todos los imputados, sin que sea necesario abordar la discusión relativa al vencimiento o no de los plazos legales de la prescripción», sostuvo.

Farah ya había votado en contra de la apelación de la UIF en 2024.

constructora odebrecht en sao paulo (brasil),exterior fachada

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Rogelio Frigerio se encamina a cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en Entre Ríos

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“Hay una alianza con el gobernador de Entre Ríos”, deslizó esta semana una fuente de LLA a Infobae. “Aún no está definido cómo se llamará el frente ni el orden de las listas”, agregó.

El entendimiento entre el oficialismo y Juntos por Entre Ríos (JxER), la alianza que armó Frigerio en 2021 y que en 2023 lo llevó a la gobernación, estaría en línea con lo ocurrido en Chaco. Allí confluyeron en la elección provincial el gobernador Leandro Zdero (UCR) y el espacio libertario. La experiencia se repetirá en Mendoza, luego del acuerdo entre Alfredo Cornejo y LLA.

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Frigerio está interesado en que el entendimiento se dé. Pero es precavido. “Que hayan acordado otras provincias gobernadas por lo que era Juntos por el Cambio genera más elementos para que podamos analizar un potencial acuerdo entre aquellos que pensamos que tenemos que dar una vuelta de página en la Argentina para que nunca más nos gobiernen el populismo y la demagogia”, expresó en declaraciones a este medio.

“Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que la política argentina hoy se divide entre los que quieren que al gobierno nacional le vaya bien porque, como pensamos nosotros, así le irá bien a los entrerrianos y los que pretenden que le vaya mal por especulación personal o partidaria”, agregó.

Alfredo Cornejo, de Mendoza, ya anunció una alianza con el Gobierno

“Nosotros estamos claramente en el primer grupo”, remarcó. Por eso “la posibilidad del acuerdo es cierta, pero no se ha concretado nada”, puntualizó. “Falta conversar más. Tenemos varios días por delante en los cuales nos vamos a dedicar, en parte, a esto”, resaltó. El cierre de alianzas será el 7 de agosto, según el calendario electoral.

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En otro tramo de la charla, aclaró: “Todavía no hemos resuelto nada. Tenemos que hablar con nuestro espacio, que es el que nos permitió cambiar el signo político que gobierna después de muchas décadas de kirchnerismo en la provincia”.

JxER es un entramado montado por Frigerio que incluye desde actores que a nivel nacional integraron Cambiemos y Juntos por el Cambio, como la UCR y el PRO, hasta el Socialismo, partidos provinciales y espacios provinciales. Incluso hubo lugar para referentes ex PJ y, en estos últimos tiempos, para kirchneristas arrepentidos.

El único escollo en un eventual acuerdo vendría del radicalismo. El centenario partido tendrá internas a fin de definir entre dos listas: una está a favor del entendimiento y la otra, no. Luego, habrá un Congreso que sellar la decisión.

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“Las cosas se van a dar en el momento en que se deban dar. Tampoco es una elección tan compleja para nosotros como para estar todo el año pensando en eso. Tengo muchas responsabilidades. Como dije: para tomar estas decisiones esperaré a que el calendario electoral lo demande”, añadió.

Entre Ríos no tiene elección provincial este año. Sin embargo, es una de las provincias que el 26 de octubre renovará sus tres bancas en el Senado, además de cinco lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. Los dos senadores por la mayoría suelen votar como aliados del Gobierno. Lo mismo ocurre con los tres diputados de JxER que terminarán en diciembre su mandato.

Reuniones

Hubo dos encuentros durante la semana pasada en la que se sentaron las bases del posible entendimiento a futuro. La primera fue el miércoles 16 en Entre Ríos. Participaron dos delegados de Frigerio, Mauricio Colello (secretario General de la Gobernación) y Manuel Troncoso (ministro de Gobierno). Del otro lado de la mesa estuvieron Roque Fleitas, presidente de LLA Entre Ríos, y Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie y delegado de Karina Milei.

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La charla duró menos de una hora. Además de acordar el diagnóstico de que ambos espacios tienen un electorado común y que dividirlo sería abrirle las puertas a un posible triunfo del PJ, quedó claro que las definiciones saldrían de Casa Rosada. Por eso la segunda se concretó allí casi de inmediato.

A la oficina de Eduardo “Lule” Menem llegó Frigerio acompañado por Colello. El póker se completó con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En este encuentro hubo más coincidencias que diferencias. Pero aún falta para la puntada final.

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Patricia Bullrich denuncia espionaje ilegal tras la purga policial que ordenó Kicillof y salpica a Bondarenko

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En un nuevo capítulo del enfrentamiento con Axel Kicillof por la purga de 24 altos mandos de la policía bonaerense por sus vínculos con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Maximiliano Bondarenko, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.

Fue después de que se filtraran presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados por el gobierno provincial de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del candidato libertario.

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La presentación fue realizada ante la fiscalía general de La Plata. Según fuentes oficiales, la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de las conversaciones entre el postulante a diputado bonaerense de La Libertad Avanza en la tercera sección y los efectivos que fueron apartados si ninguno de los involucrados puso su teléfono a disposición o mediara una orden judicial.

“Esto puede ser un caso de espionaje interno. ¿Cómo accedieron a esos chats privados de WhatsApp? ¿Los estaban espiando?”, afirman en el Ejecutivo nacional.

Patricia Bullrich recibió a Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja en el Ministerio de Seguridad tras la denuncia de Kicillof Valeria Rotman

La denuncia fue firmada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional. Soto, abogado penalista, es uno de los colaboradores de Bullrich que se habían reunido con Bondarenko para asesorarlo sobre proyectos de ley vinculados al combate contra el delito.

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La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko.

En su presentación, la cartera de Bullrich remarca que “la División Asuntos Internos informó que recibió ‘pruebas que incluían conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense”.

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Ayer, la administración de Kicillof denunció ante la Justicia un complot policial protagonizado por un grupo de policías bonaerenses que dijo que trabajaban para la campaña electoral del excomisario Bondarenko. En concreto, reclamaron investigar si los 24 uniformados conspiraron con Bondarenko para colaborar con su campaña y desestabilizar la gestión de Kicillof.

El aspirante de LLA rechazó las acusaciones de Kicillof. Dijo que tenía una relación de amistad con los policías acusados, con quienes compartió un “asado de camaradería” en Florencio Varela una semana antes de que fuera ungido como candidato.

En el escrito que presentó ante la Justicia, el Ministerio de Seguridad de la Nación subrayó que Bondarenko prestó servicio durante 25 años en la policía, con un “intachable legajo de conducta”. Y argumenta que “por su labor profesional”, Bondarenko “ha formado vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”. “Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida -como es natural- se reúnen asiduamente”, explican. Y niegan que hayan los acusados hayan participado activamente en política o en “supuestos hechos de sublevación”.

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En ese contexto, el Gobierno plantea que los 24 altos mandos de la policía bonaerense fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.

Ayer, Bullrich acusó al gobernador de iniciar una “cacería de brujas”. “Kicillof odia a la policía”, remarcó.

Bondarenko, Bullrich y Kicillof

Según indicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la decisión se tomó después de una rápida investigación interna que partió de una “muy detallada” denuncia anónima. Alonso sostuvo que la evidencia recolectada en la pesquisa demostraba que los efectivos involucrados tenían lazos con Bondarenko y pretendían intervenir la Policía bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” y quedarse con puestos claves. “Estos policías se reunían periódicamente con el candidato [Bondarenko]. La terminal política es el candidato”, señaló el ministro, que desligó el corrimiento de los policías de la decisión de LLA de llevar a Bondarenko como candidato en la tercera.

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El funcionario agregó que la militancia partidaria por parte de un efectivo, como la que habrían tenido los desplazados, estaba prohibida por la ley orgánica de la fuerza.

La Dirección de Asuntos Internos de la policía bonaerense realizó el martes un allanamiento en las oficinas de los efectivos que estarían involucrados, entre ellos, directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores.

Según el ministro Alonso, los involucrados “proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional”, con medidas de tipo “intervencionista” que incluían el retiro obligatorio de una serie de jefes para que ellos quedaran al mando de sus áreas.

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Con Kicillof y Mayra Mendoza, el peronismo bonaerense hizo su primera muestra de unidad tras el conflictivo cierre de listas

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El peronismo tuvo uno de los cierres de listas más conflictivos el último 19 de julio, rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. Las tensiones llegaron al límite y estuvo en duda la unidad, a tal punto que debieron pedir una prórroga para inscribir los candidatos finales.

Por eso ahora la tarea central es unificar la campaña y mostrar unidad en cada escenario posible. En este sentido, este viernes el gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartieron un acto. Se trata de una de las primeras apariciones en conjunto tras las históricas -y recientes- tensiones en el peronismo.

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Leé también: El Gobierno pone en pausa la campaña en la Provincia mientras busca reducir las tensiones internas

“Como militantes políticos tenemos que representar los sueños y anhelos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de todo el territorio argentino. Lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer”, afirmó Mendoza en un acto en la Universidad de Quilmes.

De inmediato, le envió un guiño al gobernador, que estaba sentado a su lado: “Vienen a darnos un salvavidas de plomo con estos 2000 millones de dólares del Fondo; Axel podrá explicar mejor cuánto va a durar este dinero. Es un eslabón más de una cadena que nos tiene prisioneros de intereses extranjeros que nada tienen que ver con lo que necesitan los argentinos y argentinas. Vamos a organizarnos para poder vivir con dignidad”, dijo Mendoza.

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En la misma línea, Kicillof remarcó: “Lo vamos a volver a hacer trabajando en un proyecto colectivo y solidario, y empático contra la crueldad y la insensibilidad de Milei. Vamos a trabajar todos juntos para volver a poner a Argentina de pie. Como decimos en Quilmes, con el corazón y siempre para adelante”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Peronismo, Axel Kicillof, La Cámpora

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