El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizó este martes una serie de inauguraciones en la localidad de Pago de los Deseos, entre las que se incluyen la nueva Comisaría local, una Plaza San Martín renovada y un Salón de Usos Múltiples (SUM). Acompañado de ministros y autoridades locales, Valdés destacó la importancia de estas obras para la seguridad y el desarrollo social de la zona. Sin embargo, los ciudadanos y expertos en seguridad siguen cuestionando la efectividad de las acciones del gobierno provincial en materia de prevención del crimen.

Durante la ceremonia, Valdés afirmó que la nueva Comisaría de Pago de los Deseos representa un “salto trascendente” en la infraestructura de seguridad, destacando la inversión provincial y la entrega de una nueva camioneta Ford Ranger para patrullajes. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que la mera inauguración de nuevas comisarías y la dotación de patrulleros no resuelve el creciente problema de la criminalidad en la provincia. A pesar de las inversiones en infraestructura, se percibe que el fondo de la cuestión—la capacitación continua de los oficiales y la mejora de las condiciones laborales dentro de la fuerza policial— sigue siendo un pendiente del gobierno.

En su discurso, Valdés insistió en la necesidad de fortalecer la capacitación policial, mencionando la implementación de tecnicaturas universitarias para los oficiales. “Es fundamental que los agentes no solo tengan formación técnica, sino también una verdadera vocación de servicio”, dijo. Sin embargo, sociólogos y analistas políticos cuestionan si este enfoque educativo es suficiente cuando la falta de recursos humanos y las deficiencias en el trabajo de inteligencia policial continúan siendo la raíz de muchos problemas en materia de seguridad.

El ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, también enfatizó la inclusión de nuevas unidades móviles, pero reconoció que la seguridad se construye con la participación activa de los ciudadanos, una afirmación que refleja una creciente demanda de colaboración comunitaria, aunque muchos coinciden en que la desconfianza entre la policía y la población sigue siendo un obstáculo para mejorar la seguridad.

Por su parte, la inauguración de la Plaza San Martín y el SUM fue celebrada por la comunidad local, pero varios habitantes se preguntan si este tipo de obras es lo que realmente necesita la población en términos de infraestructura social, dada la falta de servicios básicos en algunas zonas rurales. Aunque el gobernador destacó el trabajo conjunto con las autoridades municipales, el plan de desarrollo urbano en localidades más alejadas de la capital parece ser aún insuficiente para garantizar el bienestar integral de la población.

En resumen, mientras que Valdés sigue haciendo gala de sus inversiones en infraestructura, la crítica se mantiene: ¿son realmente estas medidas suficientes para abordar los problemas más profundos de la provincia, como la inseguridad y la desigualdad social? Las promesas de seguridad y desarrollo siguen siendo evaluadas por los correntinos que, aunque agradecen las mejoras visibles, siguen exigiendo resultados concretos en el terreno.

La Justicia platense avanza en otra investigación de un delito bajo la “modalidad Chocolate Rigau”: este viernes Santo se concretaron 14 allanamientos simultáneos, en los domicilios de 14 imputados por asociación ilícita, fraude al Estado y mal desempeño de funcionarios públicos por una maniobra de contratación de “ñoquis” en la gestión municipal del ex intendente Julio Garro (JxC).

Un grupo de ex agentes de la administración municipal se encargaban de contratar personal que no asistía a los lugares de trabajo. Luego, organizaron un mecanismo para cobrar los sueldos de esos supuestos trabajadores estatales. Los vínculos administrativos con la comuna habrían sido –por lo menos- entre 2021 y diciembre de 2023, cuando terminó el mandato de Garro.

No sólo el formato delictivo era similar al que utilizaba el puntero peronista que encontraron con 43 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura. La investigación que apunta al municipio de la capital bonaerense tendría un vínculo directo con Julio “Chocolate” Rigau: la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta habría detectado que el recaudador de la Cámara de Diputados, hacía un trabajo parecido (juntaba los haberes de supuestos agentes comunales) con la ayuda de una de sus hijas y otras personas de su entorno.

La causa que derivó en estos procedimientos del fin de semana de Pascuas, se inició en febrero del año pasado por una denuncia formal presentada por el nuevo intendente, Julio Alak (UxP). Las autoridades que retomaron el control del distrito luego de 8 años de gobierno de Garro, revelaron maniobras irregulares con el cobro de sueldos por parte de empleados que no cumplían funciones, expedientes administrativos incompletos que no justificaban contrataciones y situaciones absurdas, como el caso de una persona fallecida -hacía más de un año- que seguía percibiendo su salario. Lo retiraba por su pareja, también empleada del municipio.

Garro estuvo dos gestiones a cargo de la Municipalidad. Luego, en el inicio del gobierno de Javier Milei, fue designado como funcionario en el área de Turismo y Deportes, a cargo de Daniel Scioli. Pero una declaración sobre

Los falsos agentes o empleados que no cumplían tareas estaban designados en áreas específicas de la administración municipal, donde ahora también se investiga el rol de sus directivos.

Por eso, los procedimientos involucraron al ex jefe de Coordinación de la Municipalidad, Oscar Negrelli; al ex director de Capital Humano Mariano Baruki Perez Aramburu y al ex secretario de Políticas Públicas, Nestor Omar Pulichini. Sus viviendas fueron allanadas. Según fuentes judiciales, secuestraron computadoras y teléfonos celulares.

El fiscal cree que son responsables por mal desempeño de sus deberes de funcionarios. Los contratados que cobraban sin trabajar estaban en las dependencias de esos ex directivos. Les atribuye no haber evitado que esa irregularidad se concrete. Y no haber controlado debidamente la tarea de sus empleados.

Los allanamientos estuvieron dirigidos por agentes de la Policía Federal. Según dijeron en la fuerza, los catorce imputados fueron trasladados a dependencias de la Federal para cumplir con las medidas judiciales correspondientes.

Las ordenes fueron autorizadas por el juez de Garantías Agustín Crispo y se incautaron tarjetas bancarias, más de $1.200.000 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, cuadernos con anotaciones y una “importante cantidad de documentación que será analizada”, según explicaron en la fiscalía.

“Podría resultar de utilidad para trazar los flujos de dinero, las conexiones internas y el grado de participación de cada uno de los involucrados. Por eso no descartamos algún pedido de detención”, plantearon desde la investigación.

Ocurre que un segmento de la irregularidad es considerado como una asociación ilícita. La habrían conformado “tres hombres y una mujer” que se unieron a otro hombre para organizar “un esquema recaudatorio en perjuicio de la administración pública, percibiendo una remuneración por funciones que no cumplían”. Los cuatro están identificados y sus domicilios fueron allanados.

Para avanzar en este proceso, Condomí Alcorta recurrió a algunas fojas del expediente de “Chocolate” Rigau que lleva adelante la fiscal Betina Lacki. Extrajo varios párrafos donde el recaudador ligado al massismo de la cámara de Diputados provincial mencionaba sus vinculaciones con la municipalidad.

Más detalles: dos los tres imputados por “asociación ilícita” (Ricardo Ismael Yalet y Lorena Mabel Valdata) “tienen vínculo comprobado” con Julio Rigau, dice el fiscal. En las comunicaciones que extrajo la Justicia del teléfono del puntero del PJ se desprende que “coordinaban la recaudación de los haberes de las personas identificadas en esta causa”.

El 8 de abril pasado y después de 19 meses de investigación, la fiscal platense Betina Lacki pidió la elevación a juicio oral en el proceso contra Julio “Chocolate” Rigau y dos ex funcionarios de la Legislatura acusados de recaudar fondos con los sueldos de empleados “ñoquis” de la cámara de Diputados provincial.

El caso se abrió cuando detuvieron al puntero del PJ platense con 43 tarjetas de débito en una sucursal del Bapro en pleno centro de la capital bonaerense, el 9 de septiembre de 2023. Lo encontraron con una bolsa de residuos con más de dos millones de pesos que extraía de los cajeros automáticos. Era el encargado de hacer esa tarea, cuando los presuntos empleados percibían sus haberes a principios de cada mes.

“Chocolate” y los dirigentes del Frente Renovador Claudio Albini y su hijo Facundo, están con prisión preventiva por esta causa. La fiscalía los acusa por asociación ilícita y defraudación al Estado. En el pedido de elevación a juicio oral también se menciona a los 43 dueños de los plásticos que administraba.