POLITICA
Oil Combustibles | Avanza en la Corte un recurso para revisar las absoluciones de López y De Sousa
La Corte Suprema de Justicia activó con velocidad la causa en la que debe revisar las absoluciones del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa en el caso Oil Combustibles, donde ambos fueron investigados porque retuvieron impuestos a los combustibles con los que capitalizaron empresas de su grupo económico.
La Corte envió al procurador Eduardo Casal al recurso de queja del fiscal Mario Villar, que reclama que ambos empresarios sean condenados porque entiende que fueron absueltos en base a una evaluación irregular de la prueba. Casal dictaminará en las próximas semanas y la Corte estará entonces en condiciones de decidir.
En esta causa ya intervino la Corte en 2024: cuestionó los fallos que convalidaron las absoluciones y las anuló, pero los tribunales que debían volver a fallar insistieron en desvincular a López y a De Sousa.
En ese expediente el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años de prisión por fraude, por haber permitido que la empresa obtuviera un plan de pago. Sin embargo, los empresarios beneficiados por esa medida fueron absueltos.
López y de Sousa, dueños de C5N, fueron absueltos en 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 3 con los votos de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos. El juez Andrés Basso votó en disidencia.
Tras ello, la fiscalía apeló por lo que el caso fue revisado por la Cámara Federal de Casación, que confirmó el sobreseimiento con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los magistrados concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que provocó un perjuicio al Estado Nacional. Sin embargo, confirmaron la absolución de los empresarios por aplicación del beneficio de la duda. Es decir, entendieron que los indicios y las pruebas eran incriminatorios, pero no suficientes para condenarlos.
No obstante, por el recurso de apelación del fiscal Villar, el caso llegó hasta la Corte Suprema.
El 28 de mayo del 2024, por unanimidad, la Corte anuló las absoluciones de López y de Fabián de Sousa y mandó a dictar un nuevo fallo. En esa intervención, la Corte fue muy dura con la sentencia de Casación absolutoria: consideró que resultaba “arbitraria”, tanto por “dogmática” como por “fragmentaria”.
Intervinieron entonces otros jueces de Casación para revisar las absoluciones, pero ellos volvieron a absolver a López y a De Sousa pesar de lo que había dicho la Corte.
Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, con la disidencia -con duros argumentos- del juez Guillermo Yacobucci, volvieron a desvincularlos.
Slokar, que fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, dijo que la acusación “no logró demostrar que existió un entramado delictivo entre privados y funcionarios públicos para obtener recursos del Estado en beneficio propio”. Argumentó que no se probó un tratamiento preferencial a Oil Combustibles SA por parte de la AFIP.
Borinsky, en tanto, argumentó que el caso estaba prescripto por el paso del tiempo, a pesar del carácter de Echegaray de funcionario. Dijo que si bien Echegaray es funcionario, no ocupa en la AFIP un rol tan relevante como para influir en la causa o en las evidencias.
El Código Penal establece, en su artículo 67, que la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública cuando uno de los imputados es funcionario, como es el caso de Echegaray.
La disidencia
Por el contrario, Yacobucci, en disidencia, postuló que la acción penal contra López y De Sousa mantiene su vigencia. Dijo que ambos resultaron beneficiarios directos de algo que ya ha sido considerado ilícito por la Corte Suprema. Argumentó que la causa no está prescripta porque Echegaray sigue siendo funcionario público del ARCA, ex AFIP, y que desde su posición puede seguir entorpeciendo la investigación.
Dijo Yacobucci que los argumentos para absolverlos fueron “arbitrarios” y que López y De Sousa actuaron “en connivencia” con el titular por aquel entonces del ente estatal, Echegaray.
“Los empresarios López y De Sousa recibieron, a través de su empresa, un tratamiento privilegiado, irregular y, por sobre todo, ilegítimo por parte de AFIP y de su titular de aquel momento, que les permitió beneficiarse de un modo indebido en desmedro del erario público, lo que da sustento a su condena en los términos en los que la acusación postuló”, afirmó el camarista que votó en disidencia.
El fiscal Villar volvió entonces a llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja.
El miércoles pasado, antes del fin de semana largo, la Corte apuró el expediente y envió el recurso de Villar al procurador Casal -jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte- para que decida si sostiene o no los argumentos de Villar.
Lo mas probable es que sostenga estos argumentos y eleve su dictamen a la Corte para que el máximo tribunal vuelva a fallar contra las absoluciones de los empresarios.
Esta causa corre paralela a la de Vialidad, donde está condenada Cristina Kirchner, y ambas están en la misma instancia: con una vista a Casal para que dictamine. La diferencia es que en un caso la acusada llega condenada y en el otro los empresarios llegan absueltos.
Puede que la respuesta de Casal sea simultánea en ambos casos.
La relación con Hotesur
Esta causa está relacionada con el caso de lavado de activos Hotesur-Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
En ese causa se investiga si el beneficio que obtuvieron López y De Sousa con el caso Oil fue compensado con transferencias de dinero realizadas a empresas de los Kirchner, como pagos por contratos de alquiler.
reveló en septiembre de 2013 y marzo de 2016 que López y De Sousa habían apalancado la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron haber girado a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.
Aquella revelación periodística provocó la apertura de la investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, de Echegaray.
POLITICA
Patricia Bullrich cuestionó las candidaturas testimoniales: “Hacerse concejal siendo intendente es un fraude total”
El comienzo de semana en la política nacional estuvo marcado por el cierre de las listas de candidatos para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. En ellas, hay intendentes que se encuentran en actividad, que se postulan nuevamente a tan solo dos años de haber sido electos en sus municipios. Ante esta situación, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó las candidaturas testimoniales y aseguró que “hacerse concejal siendo intendente es un fraude total”.
“Yo estoy en contra de las candidaturas testimoniales. A mí me parece que si uno se presenta a una elección tiene que ser capaz de saber que tiene depositado una cantidad importante de votos, algunos más, otros menos. Hay que cumplir con eso“, comenzó diciendo Bullrich en diálogo con LN+.
“Por supuesto que hay muchas veces cuando un Gobierno asume necesita determinada gente que fue elegida, por ejemplo, a diputado o senador, para un determinado cargo. Pero volver al mismo cargo es total y absolutamente un fraude”, continuó la ministra de Seguridad y consideró: “Hacerse concejal siendo intendente es como un fraude total”.
De igual forma, la funcionaria aclaró que “puede haber excepciones”; por ejemplo, “si de golpe un presidente necesita una persona que ha sido elegida para un cargo, para un lugar distinto, porque hace falta por una determinada situación”.
“Ahora, la regla tiene que ser que el que se presenta tiene que asumir. Es decir, sería un fraude hacerlo de otra manera”, reiteró y agregó: «Es muy importante que aquel que se presenta a una candidatura lo haga porque quiere representar a aquel que lo votó y aquel que lo votó y lo vota con la convicción de que esa persona va a cumplir esa tarea».
Tras dar su opinión sobre las candidaturas testimoniales, Bullrich fue consultada sobre la posibilidad de que ella ocupe un lugar en alguna de las listas nacionales. Los rumores comenzaron luego de que el presidente Javier Milei compartiera una foto desayunando con la ministra hace unas semanas. Sin embargo, la titular de la cartera de Seguridad ya había descartado en otra oportunidad haber debatido sobre una eventual candidatura.
“No sé. Es algo que todavía se está hablando, pero no hay ninguna decisión. Yo voy a hacer lo que el equipo en el que estoy decida”, afirmó ahora.
Además, agregó: “Me parece fundamental no abandonar de ninguna manera esta tarea que se está haciendo en seguridad. Que haya continuidad, porque hay mucha confianza en lo que se está haciendo. Entonces, si me toca ir a otro lugar, que aún no lo hemos hablado, va a haber un equipo muy sólido que se va a quedar ahí. Pero todavía no puedo dar una palabra porque no está decidido, no se ha terminado de discutir”.
Sobre la demora en la toma de la decisión sobre su posible candidatura, Bullrich explicó que “hubo mucha concentración en las listas de la provincia de Buenos Aires”.
“El armado en la provincia de Buenos Aires lleva trabajo. Son 135 distritos con concejales, intendentes y consejeros escolares, algo que habría que borrar de una vez por todas del mapa, cambiando y modernizando las instituciones de la provincia de Buenos Aires”, continuó.
De cara a los comicios de septiembre, Bullrich planteó: “Para nosotros dar una batalla en la provincia de Buenos Aires, ya que lo plantearon así separando las elecciones, es importante. Hasta ahora hubo concentración en esa elección. Ahora hay que elegir los candidatos para todo el país, que es una elección relevante”.
La respuesta al pedido de los senadores kirchneristas para que los policías no puedan usar los baños del Congreso
Con una carta fechada el 16 de julio y dirigida a Victoria Villarruel, ocho senadores kirchneristas, entre los que está Oscar Parrilli, pidieron a la vicepresidente que no permita que los policías y gendarmes que trabajan en la custodia del Congreso los días de protestas puedan utilizar los baños de la Cámara alta.
Además del hombre de confianza de Cristina Kirchner, la misiva la firman Silvia Sapag, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares, Sergio Leavy, María Eugenia Duré y Gerardo Montenegro.
“Desde el Honorable Senado debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, aseguran el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones administrativas”, establece el texto al que accedió Infobae.
Por su parte, la ministra calificó este pedido como “absolutamente elitista”. “Es como una jerarquía que no puede mezclarse con alguien que los está cuidando”, analizó. Antes, en un mensaje publicado en su perfil de X, había pedido “un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”.
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POLITICA
El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz
El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.
El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.
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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.
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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.
En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.
El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.
“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.
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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.
Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.
De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.
PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.
El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.
Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.
En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.
En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.
La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.
Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.
La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.
El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.
“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.
Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.
Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.
Marcela De Langhe
La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.
En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.
La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.
Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.
Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.
Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.
El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.
Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.
diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra
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