La representante argentina ante la ONU, Andrea Repetti, argumentó que la decisión se basó en preocupaciones respecto a la aplicación del documento. “La Argentina favorece la protección de los derechos de las poblaciones indígenas (…) sin embargo, en el documento sujeto a votación no figura suficientemente garantizada el acceso a los derechos humanos sin discriminación”, explicó. Además, Repetti mencionó que la promoción de ciertas prácticas ancestrales podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales de mujeres, niñas, y el acceso a la salud y progreso científico.

La resolución de 16 páginas aboga por el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, garantizando su participación en decisiones que afectan sus derechos y tradiciones. Este documento promueve la colaboración internacional para apoyar los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y enfatiza la importancia de que las comunidades originarias conserven sus instituciones políticas, sociales y culturales.

El documento también expresa preocupación por la discriminación y violencia contra los pueblos indígenas, especialmente hacia mujeres, niñas y personas con discapacidad, y condena los desalojos y prácticas abusivas que estas comunidades enfrentan en diversas regiones. Asimismo, señala la impunidad con la que frecuentemente se ejecutan estos actos y la necesidad urgente de proteger a los pueblos indígenas de estas situaciones.

En otro punto, el texto critica la práctica de algunos países de dificultar la participación de representantes indígenas en foros internacionales mediante restricciones de viaje o la denegación de visados. Este obstáculo, menciona la resolución, interfiere en su capacidad para participar en reuniones donde se discuten sus derechos y problemáticas, limitando así su voz en espacios cruciales.