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POLITICA

“Operación berreta”: fuerte crítica del oficialismo dentro de la Magistratura por el caso Figueroa

Ana María Figueroa, la jueza que puso en debate su designación en la Cámara Federal de Casación Penal. (Foto: Télam)El Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa. (Foto: Eliana Obregón / Télam)

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El bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura emitió un duro comunicado sobre la situación de la jueza Ana María Figueroa, en donde consideró que la remoción de su cargo dentro del órgano permanente del Poder Judicial de la Nación fue una “operación berreta”.

Los consejeros aclararon que Corte Suprema de Justicia es “totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces”, y confirmaron que la posición institucional “quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección”, una vez que ponga formalmente en consideración este tema.

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El comunicado se dio después de que el Gobierno nacional publicara en el Boletín Oficial el decreto de designación por cinco años como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el kirchnerismo lograra que el Senado aprobara el pliego.

Según el Decreto 502/23, Figueroa fue designada “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023″, la fecha en que cumplió 75 años de edad y a partir de la cual la Corte Suprema la cesó en su cargo.

El Senado trata el pliego de la jueza Figueroa, las modificaciones de Ganancias y la Ley de Alquileres. (Foto: Eliana Obregón / Télam)
El Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa. (Foto: Eliana Obregón / Télam)
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“Que en virtud de ello, la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionado”, expresaron en el comunicado.

Ante esta decisión, reiteraron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces”, razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 del 6 de septiembre pasado, “resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia”.

Repudiaron la vía administrativa y aseguraron que “resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional”.

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También tildaron de “operación berreta” al tratamiento de los medios sobre este caso. “Las declaraciones públicas y notas periodísticas sobre la Dra. Figueroa configuran una operación berreta que solo busca confundir a la opinión pública”.

“La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto”, cerraron.

Todo indica que la designación de Figueroa se judicializará y terminará llegando a la Corte Suprema; la incógnita es qué ocurrirá en el ínterin, si podrá o no ejercer el cargo para el que fue revalidada por los próximos cinco años.

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POLITICA

Lejos del Clío, la gestión de Axel Kicillof gasta casi 100 mil dólares en dos vehículos

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En plena crisis económica, la provincia de Buenos Aires sigue priorizando el gasto discrecional en lujos para su administración. A pesar de que el gobernador Axel Kicillof insiste en que no hay fondos para otorgar aumentos salariales acordes a la inflación y que la provincia enfrenta serias dificultades económicas, su gestión aprobó una nueva licitación que pone en duda la veracidad de sus declaraciones.

A través de la licitación 625-0009-CME25, el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) autorizó la compra de dos vehículos 0 kilómetros por un valor superior a los 99 millones de pesos. Esta cifra, al tipo de cambio oficial, representa cerca de 100 mil dólares, lo que indica que se trata de dos vehículos de alta gama.

El gasto resulta especialmente llamativo en el contexto de crisis en el que Kicillof ha basado su discurso para justificar la aprobación de paritarias a la baja para los empleados estatales. Recientemente, su administración cerró un aumento escalonado del 9 por ciento para los trabajadores públicos, un porcentaje muy por debajo de la inflación. Sin embargo, mientras los salarios pierden poder adquisitivo, el gobierno bonaerense no duda en destinar millones a la adquisición de vehículos oficiales.

Este no es un caso aislado dentro de la gestión Kicillof. En los últimos meses, el gobernador ha autorizado diversas contrataciones que evidencian una llamativa contradicción entre el discurso de ajuste y la ejecución presupuestaria real. Entre ellas, se encuentra la licitación privada Nro 1/2025, que destinó más de 200 millones de pesos a la contratación de magos, payasos y espectáculos de globología para festivales organizados por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad. A su vez, el ministerio de Desarrollo Agrario aprobó la compra de mobiliario por más de 74 millones de pesos para renovar oficinas.

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La compra de vehículos para el IPAC se suma a esta serie de gastos cuestionables que contradicen el relato de crisis que el gobernador bonaerense ha esgrimido para evitar mejoras salariales. Mientras los trabajadores estatales ven deteriorarse su poder adquisitivo y la provincia supuestamente carece de fondos para garantizar servicios esenciales, la administración de Kicillof sigue autorizando compras millonarias con recursos públicos.

Gastos escondidos

El gobierno provincial ha optado por esconder estas contrataciones en el Boletín Oficial, evitando cualquier tipo de anuncio o difusión pública. Sin embargo, el patrón de gasto ostentoso en plena crisis resulta innegable. En lugar de priorizar la recomposición salarial o la inversión en áreas críticas como educación y salud, la gestión Kicillof parece enfocada en garantizar el bienestar de su estructura política.

Las prioridades del gobierno bonaerense quedan cada vez más expuestas: ajuste y sacrificio para los trabajadores, privilegios y despilfarro para la administración pública. La licitación del IPAC es solo un eslabón más en una cadena de decisiones que evidencian una doble vara en el manejo de los recursos provinciales. Mientras Kicillof exige comprensión y resignación a los bonaerenses, su gobierno sigue manejando el presupuesto con absoluta discrecionalidad y sin ningún tipo de austeridad real. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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