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POLITICA

Opinión pública y espacio público

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En los últimos años, los historiadores hemos comenzado a estudiar en detalle los procesos concretos de construcción del consenso político en las sociedades occidentales. En líneas generales, puede afirmarse que esta construcción estuvo precedida –o en ocasiones acompañó– de la formación de un espacio público liberal. En realidad, resulta muy difícil entender los procesos de extensión del sufragio y de construcción de las democracias de masas en el mundo moderno prescindiendo del estudio del proceso de formación del espacio público. Los espacios públicos son ámbitos de debate, de discusión y circulación de ideas que se formaron en las sociedades occidentales, a medida que estuvieron garantizadas ciertas precondiciones elementales, como por ejemplo la libertad de pensamiento y de expresión, y el respeto mínimo de los derechos civiles. Los espacios públicos fueron los ámbitos naturales de desarrollo de los procesos de formación de la opinión pública.

En teoría, la opinión pública es el emergente de un debate racional llevado a cabo por interlocutores que se despojaban momentáneamente de sus diferencias de estatus para convertirse en individuos que hacían ejercicio de sus facultades racionales para argumentar libremente en favor de una tesis determinada, frente a un público al que intentaban convencer sobre la validez de las posiciones defendidas. Para ello, los argumentos referían a cuestiones públicas y eran presentados desde la perspectiva de un interés general abstracto (no particular ni individual). De este modo, cuando un individuo tomaba a su cargo la defensa de sus propios intereses o de una empresa determinada se cuidaba mucho de que esta toma de posición fuese explícita. Si, por ejemplo, solicitaba una reducción de impuestos, la justificación se centraba en la incidencia que esto tendría en los bolsillos de sus compradores, antes que en el deseo de aumentar la tasa de ganancias. Del mismo modo, cuando alguien sostenía una candidatura lo hacía resaltando sus beneficios para el conjunto de la sociedad y no el de quienes se beneficiarían con el reparto de cargos públicos o la obtención de licitaciones.

Si bien en teoría cualquiera podría participar de un debate en el espacio público, no todos manejan las reglas de juego del mismo modo –es muy diferente el entrenamiento de un comunicador social, un político profesional o un empresario caracterizado que el de una persona común–, ni tampoco cualquiera tiene acceso libre a la tribuna pública. En efecto, sólo aquellos que detentan las influencias o la capacidad económica apropiada pueden llegar a hacer oír su voz con regularidad al conjunto de la sociedad. Desde una perspectiva primordialmente política, el objetivo del espacio público no es otro que la generación de legitimidad para el sistema y para los actores que ejercen, o que pretenden ejercer, protagonismo dentro del mismo, aunque en ocasiones el tono de los debates pueda atentar contra este objetivo esencial.

En el espacio público no se debate cualquier tema sino que es necesario instalar una agenda de cuestiones cuyo tratamiento público interesa a alguno de los centros de poder –económico, político, sindical, religioso, etc.–. Las conclusiones de los debates entre los participantes son presentadas como un juicio u opinión pública, en la medida en que las mismas sean aceptadas como válidas por la mayoría de la población. Por ejemplo, a lo largo de la década de 1990 en América Latina las privatizaciones de empresas públicas y de áreas enteras de los Estados contaron con el respaldo masivo de la opinión pública, según lo confirmaron las mediciones de encuestadores y los resultados electorales. A ningún político en su sano juicio se le hubiese ocurrido ir en contra de ese convencimiento generalizado, a no ser que estuviese dispuesto a experimentar un grave deterioro de su propia consideración en la opinión pública. Sin embargo, resultaba evidente –y muchos llamaron la atención sobre ello– que las privatizaciones constituían en muchos casos un suicidio a mediano plazo. En la Argentina de la década de 1990, por ejemplo, la opinión pública convalidó el fraude practicado por el menemismo en la Cámara de Diputados, haciendo pasar como legislador a un ciudadano anónimo a fin de obtener el quórum necesario para aprobar una privatización.

Esto permite comprobar que la opinión pública no privilegia la legalidad, sino la seducción ante argumentos que expresen cierta racionalidad mínima, publicitados adecuadamente por los medios de comunicación. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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POLITICA

Sugestiva visita a la Rosada, los insultos top de Javier Milei y Mauricio Macri candidato

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La logia despidió a Maqueda

La señal del momento es la empatía noventista. La exalta Milei con sus elogios a Menem, su neomenemismo retórico y el entorno de los primos Menem que le dicen lo que hacer. Lo confirma la discretísima despedida que le dio la política a Juan Carlos Maqueda el lunes, una más de las tantas que han exaltado la figura del ministro de la Corte que este viernes pone fin al Torneo Clausura:

1) La salida de Maqueda clausura el tribunal hasta que recupere aire.

2) La crisis Kueider clausura el Senado.

3) Y la crisis Ritondo clausura Diputados hasta nuevo aviso.

Bingo para el personalismo presidencial que busca administrar por DNU, sin el control de los otros poderes, sin presupuesto y con cepo. Prometía, como Menem, privatizar todo. Termina el primer año de su mandato con la privatización del Ejecutivo, concentrado en su real birome.

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La despedida ocurrió en club Vasco Gure Etchea de la calle Perón, convocado por el ministro y exdiputado Jorge Matzkin mediante una cuidada demografía de protagonistas de dos transiciones clave de los últimos 40 años: la «banda del bloque» que hizo la transición de 1989 de Alfonsín a Menem, y que, con los mismos actores, hizo la del 2001 de la Alianza al duhaldo-kirchnerismo. Ese grupo de legisladores del peronismo tuvo eje en el bloque PJ que condujeron José Luis Manzano y después Humberto Roggero y Matzkin.

Parteros de la historia

El recorte es nítido según se sentó la treintena de invitados de Matzkin, que sigue siendo el cardenal de ese sínodo que suele reunirse para cumpleaños y hasta alguna conspiración. El héroe era Maqueda, que presidió la asamblea del 1° de enero de 2002 que lo hizo presidente a Eduardo, que esta vez ocupó la cabecera.

La salida de Maqueda de la Corte de esta semana cierra el ciclo de dos décadas que él mismo abrió como presidente provisional del Senado. Lo rodearon esa noche Miguel Pichetto, Eduardo Camaño, Humberto Roggero, Daniel Basile, Miguel Toma, Oscar Lamberto, Héctor Maya, Eduardo Mondino, Néstor Perl, Marcelo López Arias, Eduardo Roggiano, el riojano Carlos Romero, y dos extraterritoriales: Ana Kessler -fue la única dama del elenco- reemplazó a Maqueda en la vice jefatura de gabinete de Jorge Rodríguez en 1996, por diferencias en la política, que terminaría con la privatización de los aeropuertos. Y Jesús Rodríguez, también partero de esas historias. Hubo otro invitado radical, que se disculpó, Rafael Pascual.

No estuvo José Luis Manzano, que integró esa secta que manejó la bancada del peronismo en aquellas transiciones. Ha sido fiel al punto de que a finales de los años ’90 asistió a una reunión secreta del grupo en un hotel de Villa General Belgrano, Córdoba.

«Cototo» -como llaman los amigos a «Chupete»-, navegaba en aquel tiempo sin luces y para ocultarse no se registró en el establecimiento. Pero compartió la cama una noche con otro legislador, para que los periodistas no registrasen su presencia.

“Olvídense del Senado”

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Ese mismo lunes hubo chispazos en varias sedes. La principal en Casa Rosada, adonde se constituyó Juan Carlos Romero para ponerle condiciones al Gobierno. La más urgente, que dispongan algún mecanismo de mejores prácticas para la gestión en el Senado. Despídanse de la Cámara el año que viene, dramatizó Romero, que se abstuvo en la votación de la separación de Edgardo Kueider.

¿Cómo se les ocurrió convocar esa sesión si no tenían cerrado los 2/3 con el PRO y la UCR?, clamó Romero entre cuatro paredes. El Gobierno se lo reprocha a Victoria Villarruel, que fue débil ante la presión del bloque del cristinismo. Esa presión era obvia porque con la salida de Kueider ganaba una banca y le hacía pagar el costo del escándalo al Gobierno.

El grupo de los 39 ya está en 37. Conocido el resultado de la sesión Kueider, el Gobierno se auto propinó una derrota. ¿Creyeron que podía compensarse la emergencia del entrerriano in flagrante delicto con un contraataque para suspender a Oscar Parrilli, que fue sobreseído en la causa Irán (aunque ahora la Corte pida un juicio)?

El Gobierno debió evitar esa sesión. Villarruel la convocó y el presidente provisional Bartolomé Abdala presentó el proyecto anti-Parrilli. Fue el disparador de la respuesta exitosa del peronismo.

“¿Quién pidió aumento?”

La tercera tarea que se encomendó a la Rosada fue convencer a Villarruel de no insistir en los aumentos de las dietas de los senadores. Esa noticia sólo sirve para desprestigiar a los legisladores. El aumento obedecería a un enganche salarial que Milei criticó la noche del jueves en Tucumán, y que los senadores prefieren se postergue hasta después del inicio de las sesiones en marzo próximo.

Presumen que la vicepresidenta alentó a la prensa amiga, a través de sus voceros, a que instalase el tema de los aumentos, cuando no hubo ni un pedido ni decisión alguna para que suban. Los senadores ya ganan el doble los diputados y saben que los ataques a los legisladores son una herramienta del autoritarismo de Olivos.

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Romero justificó el viaje a Buenos Aires el lunes en la necesidad de explicarles a Guillermo Francos, Lisandro Catalán, José Rolandi y Lule Menem que para ganar senadurías en varias provincias el mileísmo tiene que cerrar acuerdos sólidos con dirigentes de peso de partidos del arco amigable hacia el oficialismo. Si no lo hacen, les dijo el salteño, se pueden perder senadurías en Salta, Río Negro, Neuquén y CABA.

Los límites del “carancheo”

Estas advertencias de Romero, como las que le hizo Pichetto a Villarruel hace algunos días, buscan que la relación entre los bloques amigables con el Ejecutivo no empeoren. Ya está en un punto delicadísimo, que resiente las herramientas del Gobierno para administrar mediante la delegación de poderes. El maltrato a esos amigos desairados divide a los bloques del Congreso, de los que depende que sigan en pie estos proyectos:

1) La mitad del DNU 70, ya rechazado por el Senado.

2) Los DNU de movilidad jubilatoria y el de canje de la deuda por encima de la ley de Administración Financiera.

3) El régimen cristinista que permite la sanción ficta de los DNU sin revisión del Congreso.

Estas facilidades que le permite la oposición amigable exige que se cumplan ciertos códigos. Por ejemplo, que terminen con el «carancheo» de esas bancadas. La UCR perdió al diputado Cacace, hoy segundo del desregulador Sturzenegger; el macrismo sufre el carancheo de Diego Kravetz y la abducción de Cristian Ritondo.

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Ensartado en una red de denuncias por sus cuentas personales, el jefe de la bancada más importante que tiene el Gobierno, la del PRO, recibió el silencio de su partido y aun del propio Macri, que lo había designado para encabezar la alianza legislativa con el mileísmo.

Ese silencio a gritos lo aprovechó Milei para defenderlo. Se lo lleva llave en mano, como antes a Kueider y Camau Espínola. Emula aquella frase del inefable Julio Mera Figueroa cuando armaba menemismo en los años ’80: «Salvo fierros calientes y serpientes venenosas, agarramos todo».

Apuesta por Kravetz, que tiene un curioso don de la (in)oportunidad. Se fue del albertismo, cuyo bloque lideró en la legislatura porteña, y Alberto terminó de presidente. Migró a Lanús con Grindetti, y los hundió Julián Alvarez el año pasado.

Este Álvarez que los desplazó de esa intendencia se había ido del país en 2015 deteriorado por su gestión como viceministro de Justicia. Grindetti-Kravetz lo hicieron bueno. Ahora va a manejar el espionaje para intentar un repechaje en Lanús. Que se ajuste el Gobierno los cinturones.

Republicanismo “light”

El Gobierno vive, estragado con la lectura de las encuestas que ellos encargan, en ese estado que le hace cree que todo lo que bendiga crece. Como gobierno débil que es hace jugadas de corto plazo sin pensar en las consecuencias en el mediano y largo plazo. Festeja como cambios revolucionarios votaciones ganadas con votos ajenos y que apenas superan los 129 votos en Diputados, que es el número del quórum para sesionar.

Estos desaciertos del oficialismo se producen por mala praxis de sus punteros y alguna incomprensión del sistema institucional de una democracia liberal y republicana. La principal condición que exige es la buena fe de los actores para defender el interés público. «La institución del poder delegado -escribió el constitucionalista Hamilton- implica que hay una porción de virtud y honor entre la humanidad que puede ser una base razonable de confianza; y la experiencia justifica la teoría.» («The Appointing Power of the Executive», El Federalista, 1 de Abril de 1788). Faltar al cumplimiento de esos códigos busca defender el interés privado de las facciones.

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El ultimo servicio que ha prestado Horacio Rodríguez Larreta amerita su ingreso en la Real Academia. Hizo un relevamiento lexicográfico de los insultos predilectos de Milei para sus adversarios -todos de la política, claro- desde que asumió. Revela que no está dispuesto a construir entendimientos honorables y de buena fe (“zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierda” (156), “chorro” (129) e “hijo de puta” (110). «Que eso no se dice/ Que eso no se hace/Que eso no se toca» (le diría Serrat, que canta al poeta Horacio Salas, guglear)

Se aprovechan de la historia

El aviso que ha hecho el Gobierno de que designará los jueces de la Suprema Corte por decreto, pone en el límite de la exasperación las delegaciones de poder. El Ejecutivo tiene esa facultad institucional para los períodos de receso legislativo, pero no para saltarse los controles.

Ese permiso lo habilita el artículo 99, Inc. 1 de la Constitución, que hereda la faculta de la constitución americana del “Recess Appointment Clause”. No se creó para hacerle un favor al Presidente. Tiene una explicación histórica en el mundo del siglo XVIII cuando para reunir un Congreso había que traer a los legisladores en galeras o a caballo desde distancias que obligaban a viajar días y días.

De ahí nace el receso y las liberalidades que le da al Ejecutivo. No se creó para que los legisladores se vayan de vacaciones ni para que un presidente baile al ritmo de designaciones por decreto en comisión. Este tema es uno de los cambios que quiere imponer el PRO en el proyecto de reforma de la Constitución porteña. La reducción de ese receso a tiempos mínimos se explica en un país que en 2020 legislaba por zoom para evitar reuniones presenciales.

Los Macri contratacan

Ese proyecto de reforma, como se explicó en «Entretelas de la política», es el disparador de la estrategia de los Macri para retener poder en CABA. Contiene:

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1) La negociación de una reforma constitucional con grandes recortes como este de reducir los recesos, eliminar estructuras como las Comunas, etc.

2) Dividir las elecciones locales de las nacionales y hacerlas en una fecha negociada con el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

3) Ir a esas elecciones con Mauricio Macri a la cabeza de la lista de convencionales porteños, algo que creen que es un llamador imbatible al arrastre de votos.

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