Connect with us

POLITICA

Otra mala noticia para Alberto Fernández: el fiscal pidió que se sumen a la causa de los seguros los mensajes de su celular

Published

on



El celular de Alberto Fernández está en manos de la justicia federal hace una semana. La próxima instancia será, por orden del juez Julián Ercolini, una pericia sobre el mismo. En primer término en el marco de la causa por los hechos vinculados a la violencia de género se busca determinar si violó las medidas restrictivas impuestas. Pero ahora, el fiscal Carlos Rívolo solicitó que si en el dispositivo hay información o pruebas que sirvan al caso de los Seguros, donde está imputado por presuntos hechos de corrupción, también se incorpore a ese caso.

La justicia federal deberá peritar el teléfono que tenía Alberto Fernández hasta el viernes pasado, cuando después de que la ex primera dama dijo que los días 6 y 7 de agosto continuó hostigándola desde esa línea de celular -pese a que tenía prohibido comunicarse con ella de cualquier modo- el juez Ercolini ordenó el secuestro del dispositivo.

El fiscal federal Ramiro González tiene en sus manos el expediente, donde imputó a Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo y en abuso de poder y de autoridad, más las amenazas coactivas. En ese contexto, del celular del ex presidente sólo le interesa la información que pueda corroborar -o no- una posible violación a las medidas precautorias dictadas cuando se abrió el expediente penal.

Sin embargo, su colega en Comodoro Py Carlos Rívolo, que interviene en el expediente por presuntos hechos de corrupción alrededor de los 45 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, solicitó que también se tenga en cuenta la información que en el celular pueda haber y que sea de interés a ese expediente, donde se le imputó una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En el dictamen al que accedió Clarín, Rivolo señaló que independientemente de los límites con los que el juez Ercolini disponga el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse del celular, el Ipad y el pendrive secuestrados a Fernández, no se límite sólo al objeto de la causa por violencia de género sino que también tenga en cuento los hechos bajo investigación en el caso de los Seguros.

“Al realizar este tipo de extracciones» sobre el contenido de los dispositivos -razona el fiscal- se obtiene todo su contenido. Por eso, «vengo a requerir que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, se constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa”, expresó Rívolo.

Advertisement

El principal imputado en esta causa por presuntos hechos de corrupción es el ex Jefe de Estado.

Lo que el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan son las presuntas irregularidades alrededor del Decreto 823/2021 a través del cual el entonces presidente, impuso la obligación a los organismos estatales nacionales de contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esto habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de intermediarios en esos contratos.

Durante toda la presidencia de Alberto Fernández, en concepto de comisiones a los intermediarios que participaron en las contrataciones bajo estudio se abonaron 3.453.302.77 pesos. Al tipo de cambio oficial, eso arroja unos 17 millones de dólares.

También se encuentran imputados en la causa Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.

Respecto al amigo de Alberto Fernández, Martínez Sosa, la justicia señaló en otra resolución que su importancia radica en que según una auditoría él “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.

Los celulares, yacimientos de información

El primer celular peritado en esta causa fue el de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández. En 424 páginas se expusieron los 1.899 mensajes que intercambió con su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.

Para la justicia, esas conversaciones que transcurrieron durante toda la gestión de Fernández confirman la hipótesis inicial del caso: una estructura montada desde el Estado para favorecer a alguien con vínculos estrechos con quien se desempeñaba como la máxima autoridad del país. Ese circuito que califica en esta etapa de investigación como una administración fraudulenta podría sumar otros delitos, como la asociación ilícita y las negociaciones incompatibles con la función pública.

Advertisement

Si bien hay treinta dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de este caso y todos ellos con una orden de peritar, ahora se podría sumar el celular del principal acusado: Alberto Fernández.

La justicia cuenta con un informe realizado por Nación Seguros, que muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios. El listado está conformado por 25 empresas destinadas al rubro.

Una de las primeras planillas, titulada “Comisiones por productor (principales 25), muestra que cinco de ellas fueron las más beneficiadas. Teniendo en cuenta el monto de dinero cobrado, se explicitó el siguiente orden: Bachellier SA vinculada al broker amigo de Alberto Fernández, encabeza el extenso listado con un total de 1.665.741.081 pesos. Le sigue Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos, Castello Mercuri SA con 285.956.773 pesos se ubica tercero.

En el puesto número cuatro figura San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos y finalmente, cerrando el “Top Five” está TG Broker llamativamente, con la misma cifra: 231.918.674 pesos.

Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.

Advertisement

POLITICA

Hotesur, la firma que alimentó el patrimonio de los Kirchner y quedó en la mira de la justicia por lavado de dinero

Published

on


En el caso Vialidad se estableció que Cristina Kirchner y Lázaro Báez mantuvieron “lazos promiscuos”, con un fin concreto: favorecer al contratista con la obra pública vial. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de los contratos y estructuras de pago realizadas a medida, permitieron que el dueño del Grupo Austral obtenga el 86% de las licitaciones realizadas en Santa Cruz. En simultáneo, existieron más de veinte acuerdos comerciales entre Cristina y Báez, a través de los cuales el dueño del grupo Austral «devolvía» parte de los millonarios fondos irregularidades de la obra pública. La vía más usada para ese circuito era la de negocios con las empresas de los Kirchner, Hotesur y Los Sauces. Esa relación permitió el incremento patrimonial de la exvice.

La sentencia condenatoria que encontró responsable a la ex vicepresidenta del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y que confirmó la Cámara Federal de Casación, sostuvo en los fundamentos que ella mantuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones.

Los beneficios que recibió Cristina Kirchner por parte de la compañía posibilitaron “el incrementó de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces y a la empresa Hotesur.

Esas firmas familiares que fueron investigadas en dos expedientes -luego unificados- que por decisión de la Corte Suprema se discutirán en un juicio oral y público, tienen relación con la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” entre Cristina y Báez tuvo como único origen las irregularidades en las obras viales.

Otros tiempos: Máximo Kirchner y Lázaro Báez, junto a Cristina Kirchner, saliendo del Mausoleo

Así se estableció el vínculo entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos que obtenía Báez terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

En función de ese argumento se trazó un eje principal: Cristina y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur-Los Sauces.

Advertisement
Hotel Alto Calafate, el inmueble de Hotesur. Foto: Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz.Hotel Alto Calafate, el inmueble de Hotesur. Foto: Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz.

“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

Un mismo camino: Vialidad – Hotesur

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta».

Los negocios con Los Sauces SA

La compraventas de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas, préstamos dinerarios, son parte de los acuerdos celebrados entre los Kirchner y Báez, y en el caso Vialidad se tuvo en cuenta “especialmente aquellos de más extensa duración”, como otro puente entre ese caso y Los Sauces.

Advertisement

Por ejemplo, hubo operaciones realizadas con otras constructoras del grupo Austral, como terreno cedido por Cristina a su inmobiliaria familiar Los Sauces (a título de aporte irrevocable), en el que firma Loscalzo y Del Curto construyó un edificio de cuatro departamentos que, posteriormente (el 30 de diciembre de 2008), se entregó en locación a Kank y Costilla SA. Todas esas eran empresas de Lázaro Báez.

“Recordemos que en virtud de ese concepto la sociedad familiar le facturó a Kank y Costilla 1.652.422,46 pesos sin IVA por el período que va desde enero de 2009 hasta octubre de 2015. Una relación de larga data y por demás fructífera para la sociedad conyugal de los ex Presidentes”, se explicó.

Además, se firmó un fideicomiso para la construcción de unos departamentos que se inscribieron a nombre de Los Sauces para después ser alquilado por dos empresas de Báez.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos.Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos.

Otro complejo de departamentos de la inmobiliaria, construidos por Austral Construcciones, fueron alquilados a la firma.

Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Los hoteles también

Hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner, fue administrado por Lázaro Báez. Foto:Francisco MuñozHotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner, fue administrado por Lázaro Báez. Foto:Francisco Muñoz

Entre 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

Por ejemplo, en diciembre de 2007 Austral le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, propiedad de Báez.

Advertisement

Pero la vicepresidenta señaló que es «falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones recíprocas».

El dinero y la maniobra sospechada

Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja. Abonó más 6.829.240 pesos hasta 2013, después pagó 2.937.672 pesos.

A esos acuerdos, que para la defensa sólo fueron negocios del ámbito privado, se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas «emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner», sostuvo la fiscalía. Hubo créditos internos de la constructora por 71 millones de pesos, y Kank y Costilla -otra firma del Grupo Báez- también aportó 1.8 millón de pesos.

Advertisement
Continue Reading

LO MAS LEIDO

Tendencias

Copyright © 2024 - NDM Noticias del Momento - #Noticias #Chimentos #Politica #Fútbol #Economia #Sociedad