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POLITICA

¿Otro “Chocolate” Rigau? La maniobra del dirigente peronista que quiso sacar un millón de pesos de la cuenta de una empleada de la Legislatura en Córdoba

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Guillermo Ceferino Kraisman tenía todo craneado. La decisión de ir hasta el banco para intentar sacar un millón de pesos con el DNI de una mujer no la tomó de un día para el otro. Usó a una cómplice, una empleada estatal. La jugada no les salió redonda, gracias al tino de la cajera que los atendió. Acusado por «tentativa de estafa», el dirigente peronista sigue detenido.

En las últimas horas se conocieron más detalles de las maniobras del ex legislador cordobés, de 61 años, que ya había quedado en el centro de la polémica en septiembre pasado por querer llevarse un jamón crudo y otros alimentos sin pagar de un supermercado.

El histórico dirigente y puntero peronista de la provincia se presentó el jueves pasado en la sucursal del Banco de Córdoba de la avenida 24 de Septiembre al 100, en el barrio General Paz.

Estaba acompañado por Luciana Castro, empleada municipal y a cargo de un polideportivo barrial. Ambos se dirigieron a una de las cajas de la sucursal bancaria con la intención de retirar un millón de pesos de una cuenta que estaba a nombre de otra mujer.

Esa mujer era Virginia Elizabeth Martínez, contratada por recomendación de Kraisman para trabajar en la Legislatura provincial desde el 1º de diciembre pasado como asistente. Duró apenas un mes en su cargo.

Al repasar su historial, un dato llamó la atención: la mujer de 37 años no contaba con antecedentes de trabajos registrados anteriormente. Y trascendió, además, que vive en el mismo complejo de departamentos que Kraisman. Su grado de participación en la maniobra bancaria todavía no está esclarecido.

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Los detalles de esta «ruta del dinero Kraisman» fueron revelados por el sitio El Doce TV, donde además contaron que los primeros días de enero le depositaron a Martínez el sueldo en una cuenta del Banco de Córdoba, pero estaba inactiva por lo que el ex legislador y Castro se acercaron para habilitarla.

A las pocas horas de que activaran la cuenta, se presentaron con el DNI de ella para tratar de retirar el dinero. Ninguno de ellos era titular por lo que la cajera notó algo que no le cerraba y dio aviso a un superior.

De momento, la fiscalía de feria a cargo de Andrés Godoy realizó allanamientos en los domicilios de Kraisman y Castro. Secuestraron teléfonos, los cuales iban a ser peritados. Incluso, por estas horas se analizaba realizar un operativo similar en la Legislatura para aclarar la situación de Martínez allí.

Es que, según los datos que la Unicameral aportó a la Fiscalía, Martínez fue «asignada a trabajo en comisiones» con una escala salarial como asistente legislativa nivel 3 y un sueldo de $ 878.361. El millón de pesos que intentó cobrar Kraisman en su nombre correspondería al salario de diciembre y al proporcional de medio aguinaldo y vacaciones.

Esta situación trajo al recuerdo el caso de Julio «Chocolate» Rigau, el también puntero del PJ detenido luego de sacar dinero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. La suma alcanzó los $ 464 millones por extracción de sueldos de empleados “ñoqui”.

Según informó La Voz, todavía se investigaban los nexos de Kraisman dentro de la política de Córdoba, luego de que hace meses fuera despedido de la Municipalidad por el robo en el supermercado. Trascendió que su esposa cumple funciones como directora de un Parque Educativo del mismo municipio.

El robo del jamón y otros escándalos

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Guillermo «El Puma» Kraisman tiene una larga trayectoria en el PJ. Trabajó en las gestiones de José Manuel De la Sota, Germán Kammerath y Juan Schiaretti. Estuvo en Deportes de la Municipalidad de Córdoba, bajo la dirección de Héctor «Pichi» Campana.

La del jueves pasado no fue la primera vez que Kraisman terminó siendo acusado de un delito. El episodio más recordado, por lo insólito, tuvo lugar en septiembre del 2024, cuando el hombre que se desempeñó como director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la Municipalidad de Córdoba en la gestión del intendente Daniel Passerini fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba fiambres de un supermercado.

Esa vez, el dirigente peronista pretendió llevarse un pack de bondiola, otro de jamón crudo, una lata de atún, y un pote de mermelada de cereza sin pagarlos, escondidos en sus ropas, de un súper ubicado en el barrio Irupé de la capital cordobesa. No tuvo en cuenta que sus movimientos habían quedado «escrachados» en las cámaras de seguridad del local.

Cuando en la caja le pidieron que mostrara lo que tenía escondido se negó, y se enfrentó a los gritos y con intentos de agresión a dos policías que estaban en el lugar y se habían acercado para aclarar el entredicho. Luego de intentar escapar, fue detenido y el frustrado hurto hizo que lo cesaran en sus funciones municipales.

Más allá de lo anecdótico del episodio, ese no es el único antecedente de Kraisman. Ni el más grave.

Luego de asumir como concejal en 2003 recibió denuncias por administración fraudulenta en un centro vecinal, por robo de energía eléctrica en su domicilio, y por robo de elementos en el centro vecinal mencionado. Y en 2006 debió dejar la banca por tres imputaciones, entre ellas una por amenazas y lesiones leves.

Además, tuvo denuncias vinculadas con su gestión al frente del club Avellaneda de Córdoba. Una por por robar energía eléctrica, y otra por intento de soborno a un árbitro.

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POLITICA

La Corte ratificó el fallo que le dio más poder al Tribunal Superior de Justicia de CABA tras el planteo de la Asociación de Magistrados

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Este martes la Corte Suprema de Justicia de La Nación rechazó por «inadmisibles» los planteos que formularon la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Ministerio Público de la Defensa que pedían la revocatoria y suspensión de efectos del llamado fallo Levinas, la resolución que ratificó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como el órgano revisor en las causas que tramiten en los tribunales nacionales.

El rechazo por «inadmisible» fue con los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, mientras que Carlos Rosenkrantz, tuvo un voto concurrente.

«Tal petición resulta inadmisible. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que no están habilitados a interponer el recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48 –debiendo aplicarse este mismo criterio a la reposición aquí solicitada- quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado por la decisión atacada; sin que se configuren las especiales circunstancias que han justificado, en otros casos, que se hiciera una excepción a tal principio”, sentenciaron expresamente los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Mientras que el juez Carlos Rosenkrantz acompañó la decisión y remarcó: «Comparto los fundamentos del voto que antecede para rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de mi disidencia en dicha sentencia».

La respuesta de la Corte llega en momentos en que tres cámaras que integran el fuero nacional –la Cámara en lo Civil, la Cámara del Trabajo y la Cámara del Crimen- decidieron pronunciarse en contra del fallo de la Corte Suprema y desconocer al Superior Tribunal de Justicia porteña como un órgano revisor de sus sentencias.

Hace una semana dos cámaras de la Justicia nacional, la Laboral y la del Crimen, se sumaron a la decisión de la Cámara Civil de rechazar el denominado fallo Levinas, firmado por la Corte Suprema. Se trata de una rebelión que todavía hoy preocupa al ámbito judicial.

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Qué es el fallo Levinas de la Corte Suprema y cómo replantea el mapa judicial

El fallo Levinas obliga a las cámaras a remitir al Tribunal Superior de Justicia porteño..Fue firmado en diciembre por los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Apenas unas horas después, Maqueda dejó la Corte para jubilarse, lo que en la Cámara Civil interpretan como una evidencia de la fragilidad de esa resolución.

Si bien no fue la única vez en estos últimos años que la Corte advierte sobre el rol de los tribunales nacionales con sede en la Ciudad, el caso Levinas define con claridad que estos deben remitir a la órbita de la justicia porteña, como ocurre con el resto de los poderes judiciales de las demás provincias, en donde las decisiones son apeladas ante las cortes locales.

Desde la misma sanción de la Constitución de 1994, los jueces nacionales de la CABA resisten cualquier intento de traspaso y cumplimiento del mandato constitucional, que directamente niegan como tal con plausibles argumentos. Por cuestiones jurídicas, salariales, o simplemente de estatus -no es esta la ocasión de analizarlas-, la resistencia de los casi 500 jueces nacionales es desde entonces absoluta, y esa negativa es una de las más altas banderas de las organizaciones de magistrados.

Sin conversaciones políticas entre la Nación y la Ciudad para negociar el traspaso de la justicia nacional -tal como ocurre en las otras veintitrés provincias-, de sus jueces o al menos de sus competencias, la Corte ha ido advirtiendo sobre esta larga deuda con la Constitución. En el caso Levinas dio un paso más: renunció a entender en un caso «nacional» hasta que no se pronuncie el Superior Tribunal porteño, indicando el camino para el resto de los expedientes que busquen el recurso extraordinario federal como instancia superior a las respectivas cámaras de apelaciones.

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