En medio del conflicto que sigue creciendo entre los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan y el Gobierno Nacional, este jueves se espera una nueva movilización con fuertes críticas a la administración del centro de salud. Además, llevarán a cabo un nuevo paro de 24 horas, mientras desde el Ministerio de Salud advierten que se está incumpliendo con la conciliación obligatoria.

La convocatoria a la protesta se produce en un contexto de profunda tensión. Según voceros gremiales, la movilización incluirá una marcha desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo. El reclamo se centra en la caída del presupuesto destinado al principal hospital pediátrico del país y el deterioro de los salarios de los trabajadores, así como la designación de nuevas autoridades en la gestión hospitalaria.

Por su parte, desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en la necesidad de mantener la atención mínima garantizada y califican la continuidad de las medidas de fuerza como una acción incompatible con las resoluciones dictadas en la conciliación obligatoria.

La polémica cobró fuerza luego de que diferentes gremios del Garrahan denunciaran el ajuste presupuestario. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, remarcó que “al haberse congelado respecto de 2024, el presupuesto cayó un 54% en términos reales”. Lipcovich atribuyó a este escenario un “derrumbe de los salarios y un deterioro de las condiciones de trabajo”, lo que, según sus palabras, está provocando “la renuncia de nuevos trabajadores cada semana”. “El vaciamiento está en marcha y no podemos permitir que se lleven puesto a una institución imprescindible para niños, niñas y adolescentes de todo el país”, afirmó el dirigente sindical.

Los representantes gremiales también apuntan contra las autoridades por la reciente designación de Mariano Pirozzo como director médico del Hospital Garrahan. Lipcovich reclamó que se trata de un nombramiento alejado del perfil requerido para una institución pediátrica y advirtió que sus antecedentes en otros centros estatales generaron preocupación entre los trabajadores.

Desde la administración del centro pediátrico, en un documento oficial, se recalcó la vigencia de la conciliación obligatoria, recordando que tanto ATE como la Asociación de Profesionales y Trabajadores aceptaron en su momento “suspender de forma inmediata toda medida de fuerza” con el objetivo de garantizar el funcionamiento del establecimiento. El texto difundido por la dirección remarcó que la discusión salarial debe darse “[únicamente] dentro de la paritaria nacional” y señaló que en la práctica las medidas de fuerza se mantienen, dificultando la prestación de servicios esenciales.

“Los mensajes que llegan desde todos lados emocionan. Esta marcha crece con fuerza colectiva y marca un antes y un después en nuestra lucha por el Garrahan. No vamos a permitir que lo desmantelen. Lo vamos a defender con todo el pueblo en la calle”, manifestó la licenciada Norma Lezana, secretaria general de la APyT. La lista de organizaciones que apoyan la convocatoria incluye, entre otras, a FESPROSA, APGCABA, ALE, UTS Córdoba, SIPREBA, APTS San Luis, ASPROSA Santa Cruz, SIPRUS Santa Fe y sindicatos de distintas provincias, junto con entidades culturales, estudiantiles y de derechos humanos.

Desde la APyT insistieron que el reclamo central se orienta a exigir al gobierno nacional financiamiento urgente y un salario inicial de al menos 1.800.000 pesos, ajustado a la canasta básica, como medida para evitar la ola de renuncias de profesionales que supera los 220 en los últimos meses. “Sin profesionales no hay salud pública”, reiteraron los trabajadores. Para la jornada del jueves 17 de julio, la convocatoria apuesta a una movilización nacional y federal, con el objetivo explícito de “defender al Garrahan, la salud pública, las infancias y todas las causas justas que el gobierno quiere destruir”.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Salud sostuvieron a Infobae que la situación financiera de la institución se ha visto aún más comprometida por la deuda acumulada con prestadoras de servicios sociales. El monto adeudado supera los $10.500 millones, de los cuales, por ejemplo, la obra social bonaerense IOMA representa el 40%. Asimismo, explicaron que el retraso en los pagos afecta la solvencia del hospital, lo que repercute tanto en la capacidad de cumplir con los proveedores como en el mantenimiento edilicio y la prestación continua de servicios médicos.

Desde el Ejecutivo se expresa que el desenlace del conflicto será “progresivo” y vinculan cualquier posible avance a la capacidad del hospital de alcanzar mayor “eficiencia en los procesos”, con la expectativa de que los eventuales ahorros se redirijan a mejorar la situación del personal. Por ahora, la negociación no logró revertir el plan de lucha impulsado por las organizaciones sindicales, que insisten en la defensa de los derechos laborales y en la protección del presupuesto para la atención pediátrica.

La manifestación prevista para este jueves incluirá un recorrido desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y contará con la participación de trabajadores, profesionales de la salud y también la presencia de las familias de pacientes. En tanto, resta saber qué pasará con los médicos residentes, que también tienen un foco de conflicto abierto con el Gobierno.

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, defendió a través de un posteo la gestión que lleva a cabo la cartera sanitaria y apuntó contra un funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Además, explicó cuánto dinero aportó el Gobierno nacional para ayudar con la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) a asistir a pacientes oncológicos.

El intercambio surgió a partir de una publicación del director provincial de AMBA II del Ministerio de Seguridad bonaerense, Facundo Lanza, que expresó críticas sobre la provisión de tratamientos a personas con enfermedades oncológicas. Lanza cuestionó la asistencia del Estado y afirmó: “Traten de no contraer ningún tipo de enfermedad oncológica, en este momento los tres Poderes del Estado están dejando morir a los pacientes. Me hago cargo de lo que digo, quien tenga la menor duda lo llevo a los juzgados a ver los Amparos de mis representados”. Su mensaje circuló en redes sociales y generó una reacción inmediata por parte del Gobierno nacional.

El titular de la cartera sanitaria nacional eligió responder a través de su cuenta oficial, donde negó los señalamientos y defendió la política de cobertura de medicamentos de alto costo dirigida a personas sin obra social ni prepagas. Lugones señaló: “Con razón en la Provincia reina la inseguridad, si sus funcionarios del Ministerio de Seguridad están haciendo política con denuncias falsas”. A continuación, presentó cifras que detallan la inversión estatal en tratamientos oncológicos gestionados por el Estado central.

De acuerdo con los datos publicados por el ministro, durante 2024 la DINADIC y el Banco de Drogas Especiales destinaron casi 115.000 millones de pesos al financiamiento de terapias para pacientes sin cobertura médica en el ámbito nacional. En lo que va de 2025, según el funcionario, ya se asignaron más de 70.000 millones de pesos y existen proyecciones para el segundo semestre por encima de 85.000 millones de pesos. Estas partidas son utilizadas para la adquisición de medicamentos y el cumplimiento de tratamientos que las provincias no cubren.

Lugones explicó que este organismo actúa en los casos en que los Ministerios de Salud provinciales deciden no afrontar la cobertura solicitada. “Te recuerdo además que siempre y en todos los casos, el Gobierno Nacional atiende los casos que las provincias rechazan. Los pedidos se inician en los Ministerios de Salud provinciales, y cuando ustedes rechazan por escrito cubrir un tratamiento —incluso en casos oncológicos y de alto costo—, la Nación interviene a través de la DINADIC para garantizar que los pacientes reciban la medicación que necesita», completó en su escrito.

La Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria depende del Ministerio de Salud de la Nación y opera como un mecanismo para canalizar solicitudes de tratamientos complejos en ciudadanos sin obra social. El procedimiento estipula que un pedido debe iniciar en la jurisdicción local y queda bajo órbita nacional únicamente si la provincia rechaza el financiamiento del tratamiento requerido. En ese sentido, la DINADIC revisa antecedentes médicos y la negativa provincial, y coordina la provisión de medicamentos con el Banco de Drogas Especiales, que abastece fármacos oncológicos y de alto costo a los beneficiarios finales.

La demanda de alta complejidad, en particular para personas sin acceso a cobertura de salud privada, se atiende por este canal desde la modificación al sistema de provisión de medicamentos de alto costo instrumentada en enero de 2025. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el régimen busca mayor eficiencia en la evaluación de los casos y la compra de medicamentos por remanente global, con una administración centralizada que pretende agilizar la entrega y evitar solapamientos o demoras prolongadas en la atención.

En el contexto de la política sanitaria, el Gobierno nacional implementó recientemente cambios significativos, entre ellos la creación de un organismo descentralizado responsable de la gestión directa de cinco hospitales nacionales y la supresión de tres institutos. La reorganización responde a la búsqueda de eficiencia en la administración de recursos y la hospitalaria, así como la centralización en la de medicamentos y la supervisión de los tratamientos para ciudadanos sin cobertura.