Un grupo de organizaciones no gubernamentales pidió a la Justicia que anule la designación del abogado Manuel García-Mansilla y del juez Ariel Lijo como miembros de la Corte Suprema “de manera urgente”. Además, las ONGs solicitaron que se declare inconstitucional el decreto de Javier Milei que los designó por un año en comisión.

El documento, que es una acción de amparo contra el Estado, fue suscripto por la Fundación Poder Ciudadano, representado por Pablo Secchi; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), representada por María Celeste Fernández; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), representado por Julián Alfie, y el Centro de Estudios Legales y Sociales representado por Diego Morales.

El amparo fue presentado en la Cámara Federal de La Plata, que lo envió al juzgado federal N° 2, a cargo de Alejo Ramos Padilla, por conexidad, ya que interviene en otros amparos similares. Antes de decidir si hace lugar a los planteos contra las designaciones de Lijo y de García-Mansilla, Ramos Padilla decidió, el viernes pasado, darle intervención al Poder Ejecutivo. Le dio tres días hábiles para que opine sobre la medida cautelar pedida y 10, para que se pronuncie sobre el tema de fondo. Ramos Padilla no dio señales de que vaya a dictar ninguna “cautelar interina” de inmediato, según supo LA NACION.

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En el escrito, las ONGs pidieron declarar la inconstitucionalidad del Decreto 137/2025 y que “se deje sin efecto la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin la debida observancia de los mecanismos constitucionales correspondientes”.

Como medida cautelar, solicitaron que “se suspenda la toma de juramento de Ariel Oscar Lijo y se impida que Manuel José García-Mansilla se aboque al estudio y decisión de todas las causas”.

García Mansilla y Lijo fueron designados por Milei mediante un decreto en comisión al amparo del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que permite al Presidente designar a empleados que requieran acuerdo del Senado cuando el Congreso esté en receso y por el lapso del año parlamentario.

En un trámite exprés, la Corte le tomó juramento la semana pasada a García-Mansilla, con lo que implícitamente reconoció la constitucionalidad de su designación. En cuanto Lijo resolverá mañana si le otorga o no una licencia para que pueda jurar en el cargo. Mientras el Senado analiza si se reúne para votar los pliegos, lo que los pone a ambos en riesgo de ser revocados.

Las ONGs dijeron que los decretos violan la Constitución, que prevé un mecanismo específico para nombrar jueces de la Corte y el “la independencia judicial que es un principio básico del sistema republicano de Gobierno y todas las instituciones gubernamentales deben respetar y acatar la independencia de la judicatura”.

Los abogados de estas organizaciones dijeron que el decreto 137/2025 viola la independencia judicial, se aparta del procedimiento ordinario para la designación de los jueces y por “eso pesa sobre ella una fuerte presunción de inconstitucionalidad”.

Señalaron que “no hay un evidente interés público” que esté “asociado a una gravedad institucional tal que hiciera impostergable la designación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia” y que hicieran imposible usar el mecanismo ordinario de designación, que incluye la intervención del Senado.

“El procedimiento constitucional ordinario de designación de jueces de la Corte Suprema es aquel previsto en el art. 99 inc. 4, en tanto asegura el acuerdo previo e ineludible del Senado de la Nación, tal como lo exige la regla de la Constitución Nacional, y debe ser priorizado por sobre cualquier otro mecanismo de designación”, dice el texto de las organizaciones.

Señalaron que el mecanismo que usó Milei es excepcional y debe estar motivado por una causa de interés público que no se da.

“No cabe duda alguna de que debe pesar sobre esta medida una fuerte presunción de inconstitucionalidad”, señalaron.

Reforzaron su pedido con el argumento de que de las dos vacantes, solo una se produjo durante el receso del Senado, y la otra se produjo ante un hecho claramente previsible, como la salida del juez Juan Carlos Maqueda, con lo que no se dan los extremos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución que debe ser aplicado de manera restrictiva y no amplia.

“Toda vez que el texto de la Constitución Nacional exige que la ocurrencia de la vacancia suceda por fuera del período ordinario de sesiones, no puede considerarse que exista ninguna circunstancia habilitante para la utilización de la norma constitucional bajo análisis”, señala el escrito de las organizaciones.

El Gobierno nacional avanzará con la modificación de la Ley de Turismo (25.997) a través de un decreto que eliminará programas sociales, capacitaciones y obras públicas vinculadas al sector. La medida afectará la subsecretaría de Turismo, que depende de Daniel Scioli, y suprimirá el Plan Federal del Turismo Social, destinado a sectores vulnerables. “La idea es que las jurisdicciones fomenten su propio turismo. No tiene por qué hacerlo el Gobierno”, indicaron fuentes oficiales.

La Secretaría de Turismo cuenta con un presupuesto de $65.909 millones, de los cuales $7.475 millones se destinan al desarrollo del Plan Federal del Turismo Social. Este programa administra complejos turísticos en Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba), donde ofrece alojamiento y pensiones completas a estudiantes y familias. Además, incluye inversión en infraestructura, mantenimiento y servicios esenciales.

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El decreto también prevé la disolución del Observatorio de Turismo Social, la eliminación de facultades para la instalación de oficinas de promoción turística en el exterior —“Eso lo tiene que hacer Cancillería”— y el fin de las capacitaciones estatales para el sector privado. En este último punto, se dará de baja el campus virtual que ofrece formación gratuita y certificada en competencias turísticas. “El Estado no tiene por qué abarcar ese tipo de actividades”, señalaron desde el Ejecutivo.

Otro cambio clave será la derogación del diseño y concesión de créditos turísticos, actualmente regulados por los artículos 8, 33 y 35 de la ley. De esta manera, la subsecretaría dejará de gestionar financiamiento para la construcción, ampliación o refacción de infraestructura turística. Según trascendió, la administración de Javier Milei busca “eliminar funciones que no deberían hacerse desde la gestión pública” y transferir la responsabilidad del desarrollo turístico a cada provincia.

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