Sin mayores inconvenientes, el oficialismo logró reunir el quórum y el Senado comenzó la sesión en las que se tratarán el nombramiento de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos de las Fuerzas Armadas, pero cuyo principal objetivo es permitir que tomen estado parlamentario más de 70 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo en las ultimas dos semanas.

La sesión comenzó poco antes de las 11.30, con más de 38 presentes. Una vez reunido el quórum, la bancada kirchnerista hizo su ingreso al recinto.

Tal como ocurrió hace dos semanas, se espera que la principal bancada opositora vuelva a usar el recinto como caja de resonancia de los casos de corrupción que complican al Gobierno, como el caso $LIBRA y as revelaciones sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El temario es baja intensidad, pero lo que realmente interesa al oficialismo es que tomen estado parlamentario los pliegos judiciales.

Cumplido este paso, que implica leerle a los senadores los números de expedientes ingresados, las nominaciones del Poder Ejecutivo se considerarán oficialmente ingresados al Senado y, por lo tanto, la Comisión de Acuerdos podrá poner en marcha su tratamiento legislativo.

La sesión empezó con una serie de homenajes entre los que se destacó el planteado por la libertaria Nadia Marquez (Neuquén), quien rindió su ofrenda a la figura de Jesús de Nazareth.

Además de la designación de Crexell y los ascenso militares, también está prevista la designación de los miembros en el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Entre las promociones militares se destacan las del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente, junto a otros 80 promociones de oficiales en las tres fuerzas.

Sin embargo, el subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, quedará relegado, al menos en esta sesión, debido a que no tiene los votos para darle su ascenso. Se encuentra impugnado por el supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

La próxima sesión del Senado sería el 29 de abril, fecha para la que el oficialismo pretende aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que comenzó a discutirse ayer con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La presencia de Sturzenegger estuvo cruzada por la polémica y el duro enfrentamiento que mantuvo con el bloque kirchnerista y su presidente, José Mayans (Formosa), quien lo responsabilizó por la pobreza e indigencia del país por su participación en los gobirnos de Fernando De la Rúsa y de Mauricio Macri.

El ministro devolvió gentilezas afirmando su el peronismo se preguntó por qué perdió las últimas elecciones y recordando “la crisis de (Sergio) Massa”, en referencia a la inflación descontrolada del ultimo año de gestión del exministro de Economía de Albeeto Fernández.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires elogió el proyecto de modificación de la ley de glaciares sancionado ayer por el Congreso. “Realiza una adecuada armonización entre la protección ambiental de los glaciares y el respeto por el diseño federal de la Constitución Nacional”, dijo esta asociación de abogados porteños.

“La nueva redacción del artículo 1° de la Ley 26.639 dispone expresamente que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, y con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio», sostiene el comunicado de los abogados, que afirma que “esta referencia constitucional no es menor”.

La declaración relata que la ley vigente “ha sido objeto de diversas críticas doctrinarias” por haber restringido “de manera significativa las facultades provinciales sobre recursos que les pertenecen por mandato constitucional”, mientras que el proyecto sancionado ayer (que requiere ser promulgado por el Presidente para convertirse en ley), “clarifica esta situación al otorgar a la autoridad competente de cada jurisdicción un rol protagónico tanto en la identificación de los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas, como en la determinación de las actividades que implican una alteración relevante de los mismos y, por lo tanto, no pueden ser autorizadas”.

El comunicado resalta la incorporación del artículo 3° bis, que consagra la aplicación del principio precautorio en materia de glaciares. “En virtud de este principio -dice el documento-, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados parte del objeto protegido de la ley hasta tanto la autoridad competente verifique, sobre la base de estudios técnico-científicos, la inexistencia de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°“.

El Colegio de Abogados de la Ciudad celebra “la incorporación expresa del principio precautorio” y sostiene que “constituye un acierto” porque “fortalece el estándar de protección ambiental”.

“La presunción de protección que se establece opera como una garantía de que ningún glaciar o geoforma periglacial quedará desprotegido por defecto, sino que será la evidencia científica la que, en todo caso, determinará su exclusión del régimen protectorio. Se trata de un criterio plenamente compatible con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia ambiental», dice el comunicado.

El documento recuerda que la Corte, en la causa “Barrick”, si bien no se expidió sobre el fondo del planteo por considerar que no existía un caso concreto, formuló consideraciones de relevancia institucional y, en particular, “destacó la necesidad de evitar enfoques confrontativos y de privilegiar mecanismos de coordinación propios del federalismo concertado, asignando a las autoridades políticas nacionales y provinciales un rol primario en la armonización entre protección ambiental y gestión de los recursos naturales, así como en la construcción de consensos antes que en la judicialización prematura de estas cuestiones”.

Según este colegio de abogados, “el proyecto otorga a las provincias el lugar que constitucionalmente les corresponde en la gestión de los recursos naturales existentes en su territorio, sin menoscabo de la coordinación nacional que la materia exige, lo cual constituye un objetivo legítimo desde la perspectiva del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, sin que ello implique, en principio, una disminución de los estándares de protección ambiental”.