Apuró su lanzamiento, volvió a comunicarse con Axel Kicillof y lo convocó a una reunión, áspera según trascendió, que se concretó a última hora del jueves, para tratar de empezar a esbozar algún intento de unidad. “Si no nos juntamos, nos van a meter a todos en una bolsa de residuos y nos van a tirar a un costado de la ruta”, le dijo hace algunos días Cristina Kirchner a un dirigente que la visitó en sus oficinas. Hiperactiva, su oficina del Instituto Patria es un desfile incesante de gente, e incluso ha utilizado en estas semanas su departamento de San Cristóbal como sala de reuniones. Ayer viajó a Paso de los Libres, en Corrientes, para apuntalar al candidato local del peronismo, en lo que será, según la planificación de campaña, la primera de tres visitas a esa provincia, para intentar forzar un balotaje en la elección del 31 de agosto y llegar con ese hipotético envión a los comicios bonaerenses, previstos para una semana después.

Hace varias semanas que, sin embargo, en el Patria se trabaja con una premisa: la inminencia del fallo de la Corte Suprema que, antes del 19 de julio, cuando se cierren las candidaturas provinciales, rechace el recurso de sus abogados y confirme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el entorno de la ex presidenta se barajó incluso en los últimos tiempos una fecha estimativa: el martes 17 de junio, independientemente de que los tiempos pueden modificarse, y hasta acelerarse.

“Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”, dijo ayer la ex jefa de Estado en Corrientes, cuando recordó, al pasar, las horas posteriores al anuncio de su postulación bonaerense. “El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo”, insistió.

Más allá del calendario, en el cristinismo están convencidos de que CFK será condenada, que la presión sobre el tribunal se agudizó en la última semana, que no podrá anotarse como candidata y que eventualmente debería cumplir prisión domiciliaria. Por eso en estos días volvieron a aparecer las versiones, que ya circularon en otros tiempos, de la búsqueda de una propiedad en el Gran Buenos Aires. Su propia Puerta de Hierro. Trascendió otros años que se exploraba la zona de Mercedes, los pagos de Eduardo “Wado” de Pedro que la ex presidenta solía visitar con frecuencia y hasta pasar algunos fines de semana. Allí recibió en su momento a Lula da Silva, el brasileño en cuyo espejo algunos empiezan a mirar a la ex presidenta.

En la Corte circularon en las últimas horas versiones insistentes. El rechazo unánime a la recusación contra Ricardo Lorenzetti convalidó algunas de ellas. Si hubo contactos entre colaboradores cortesanos y asesores de la ex presidenta fueron bien subterráneos en estos tiempos. En algún momento se extendió el trascendido respecto al tipo de asesoramiento legal que recibió CFK y la necesidad de ampliarlo hacia otras miradas jurídicas. “El problema del kirchnerismo es que no necesita psicólogo: el problema siempre es del otro”, opinó una fuente vinculada a la Corte.

El debate intenso en un peronismo convulsionado, atribulado por un cambio de ciclo vertiginoso con La Libertad Avanza como elemento ordenador del debate público, ya no pasa solo por las negociaciones cruzadas en territorio bonaerense en torno a la fractura o la unidad, si no a las consecuencias, políticas y electorales, de un fallo condenatorio contra la expresidenta. Por lo pronto, el Gobierno sigue la trama judicial con cierta inquietud, frente a una Corte cuyas intenciones hasta ahora no logró dilucidar, más aún después del traspié auto infligido por el envío de los dos pliegos fallidos. A mediados de semana, en un almuerzo generoso cerca de Casa Rosada, dirigentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo, brindaron extasiados por la posibilidad de competirle en la tercera sección electoral a Cristina Kirchner, y se regodearon con la batería de ensayos mediáticos vinculados con el supuesto sparring libertario. Sí se analizó con seriedad cómo tramitar el domicilio legal del militante Daniel Parisini.

¿A quién le conviene CFK presa? ¿Cómo prevé reaccionar el peronismo? ¿Puede haber una respuesta de un sector de la sociedad civil?

“Le gatillaron en la cabeza, le quisieron rebanar los sesos y no pasó nada, ¿vos crees que puede pasar algo ahora?“, se preguntó esta semana un dirigente bonaerense que no le tiene demasiada estima. Es una pregunta que se esparce incluso en el seno del kirchnerismo. En estos días hubo dirigentes del entorno cristinista que empezaron a consultarse cómo seguir, cómo reaccionar y qué podría pasar si la Corte confirma la condena.

En el centro de ese debate se sitúa Kicillof. Enfrentado políticamente con su antigua jefa, el gobernador se erigió siempre como uno de los principales detractores de la doctrina del “lawfare” que el kirchnerismo agitó públicamente para alimentar la teoría de la proscripción. En abril del 2023, en el aniversario de la presentación de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py frente al fallecido juez Claudio Bonadio, Kicillof cerró como único orador el nutrido acto de organizaciones K frente al Palacio de Tribunales, bajo el lema “Democracia o mafia judicial”. “Vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente. Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargos. La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo”, dijo entonces el ex ministro de Economía.

En el seno del kirchnerismo se preguntan, más allá del reciente acercamiento, que no se condice por ahora con la disputa feroz en el territorio, cómo hará el gobernador para capitalizar electoralmente una hipotética condena a la ex presidenta, después de haberse enfrentado de manera pública y desobedecido su conducción, por ejemplo a través de la decisión unilateral de desdoblamiento del calendario electoral provincial.

Ese dilema que el peronismo y, particularmente Kicillof, tienen por delante encierra otra pregunta mucho más amplia: si una eventual condena a la ex presidenta ordena o no la oferta electoral, y la conducción del PJ. Según el último estudio de la Universidad de San Andrés, de mayo, el 35% considera a Cristina Kirchner como la principal líder de la oposición, un 27% dice que hay un problema de acefalía mientras que solo un 14% le asigna a Kicillof el liderazgo del espectro opositor. Uno de los últimos estudios focales encargados por un intendente de la tercera sección electoral en la que la ex presidenta pretende ser candidata arrojó que ella se erige aún como la figura con mayor envergadura política, Kicillof como un dirigente en proceso de construcción, y que el proceso político de estos tiempos debe ser liderado por la ex jefa de Estado, “por experiencia y trayectoria”.

Dirigentes que se entrevistaron con Sergio Massa en los últimos días aseguraron que el líder del Frente Renovador, que medita en estas horas sus próximos pasos, no está muy convencido de que una condena a Cristina Kirchner ordene el escenario provincial. Más bien lo contrario: dicen que el ex ministro cree que puede profundizarse la radicalización de aquellos sectores que quieren romper la unidad del peronismo.

En el 2022, visiblemente aturdida por el avance de la causa Vialidad, Cristina Kirchner se corrió de la carrera electoral, anunció desde el Senado que no sería “candidata a nada”, que había sido proscripta y que no quería someter al peronismo a un proceso de desgaste con ella en el centro del debate. En el entorno de Kicillof, especialmente en algunas intendencias, se quejaron en estos días por la decisión actual: anunciar con anticipación una postulación bonaerense con un expediente mucho más avanzado y una Corte en condiciones de confirmar su condena.

En el Gran Buenos Aires, el debate es cada vez más tórrido. También en el resto del país. El lanzamiento reciente de la agrupación Primero la Patria, que busca correr el debate en el peronismo hacia el interior, ya generó algunas rispideces en el Senado, en especial en la figura de Sergio Uñac, uno de los integrantes del espacio que agrupa a dirigentes como Carlos Castagneto, Nicolás Trotta, José Glinski o Gisela Marziotta, que el miércoles se apareció en el Congreso con un posoperatorio por una cirugía de columna. Uno de los principales promotores de esa nueva organización es Juan José Álvarez, inoxidable, que en el 2023 trabajó activamente para la candidatura presidencial de Massa. Se mencionan, además, chispazos internos en La Cámpora entre su jefe, Máximo Kirchner, y otros dirigentes de la cúpula más cercanos a Kicillof.

En el conurbano, la disputa es cada vez más notoria, particularmente entre los intendentes. Algunos de ellos, identificados con Kicillof como Jorge Ferraresi, Mario Secco o Juan José Mussi, de los más combativos, ya avisaron que, en caso de que haya acuerdo, podrían auspiciar boletas cortas en sus municipios. En el interior provincial hay acuerdos bastante avanzados entre referentes del peronismo no K e intendentes del radicalismo. En la semana, un intendente de la segunda sección electoral ordenó sacar todos los carteles de La Cámpora, con la leyenda “Cristina 2025″. “Acá ella no es candidata”, advirtió.

Lo cierto es que, por ahora, Cristina Kirchner es candidata en la tercera sección eletoral, la más populosa del Gran Buenos Aires. Hasta que defina la Corte.

El PRO aún continúa asimilando la derrota electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Esa lenta asimilación puede afectar los planes de los libertarios en la Cámara de Diputados.

Con La Libertad Avanza consolidándose en el bastión amarillo y relegando al macrismo a un tercer puesto, quedó consumada la ruptura interna que venía gestándose en el bloque del PRO de la Cámara baja.

Por primera vez desde que esta fuerza política irrumpió en el escenario nacional, expusieron públicamente sus divisiones. Ya no solo mediante la firma de dictámenes distintos de proyectos de ley, sino también al momento de votar.

Durante la sesión en la que la oposición obtuvo media sanción al ajuste jubilatorio, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, el PRO ingresó al recinto después de haberse alcanzado el quórum. Sin embargo, de los 35 integrantes del bloque, solo alrededor de 20 estuvieron presentes. El resto se mantuvo en sus despachos y apenas tres se ausentaron completamente.

La división no solo se reflejó en la presencia, sino también en la modalidad de voto. En la votación sobre el ajuste jubilatorio, 22 diputados se manifestaron en contra, uno votó afirmativo —Héctor Baldassi, quien también apoyó en soledad la emergencia en discapacidad—, nueve optaron por abstenerse y tres no participaron.

Entre quienes se abstuvieron figuran Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Esta decisión evidencia que el grupo de nueve diputados optó por bajar al recinto solo para marcar disidencia y votar de manera distinta al resto del bloque.

“Hay cansancio moral. Pasamos de garantizar gobernabilidad a suplicar que no cierren el Garrahan. No existe diálogo político ni parlamentario. Una parte del PRO ya se fue a La Libertad Avanza. Otra busca construir una tercera vía”, explicó un legislador del partido.

Estas diferencias salen a la luz en medio de las negociaciones que llevan adelante Cristian Ritondo y Diego Santilli del PRO con Karina Milei y Sebastián Pareja de La Libertad Avanza, con el objetivo de enfrentar juntos al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Al explicar cómo o cuándo podría concretarse esta ruptura, un diputado que se mantiene distante del oficialismo libertario estima que no ocurrirá antes de 2026. “Todavía no hay demanda electoral ni una oferta organizada”.

Mientras tanto, anticipan que el bloque mantendrá una estrategia oscilante y cada vez más definida en cuanto a identidades.

Mientras el PRO intenta transitar las turbulentas aguas de una unidad forzada, el Gobierno observa con preocupación el reciente desenlace de la votación. Si la situación se mantiene, se perdería el respaldo del “bloque de 87 héroes” que permitió sostener los vetos presidenciales durante 2024.

“Habrá que esperar a ese momento y ver cómo se comportan los 9 que se abstuvieron y los 3 que faltaron donde hay uno que es casi seguro que no acompañe el veto -Álvaro González. Pero también hay que mirar que hay 3 radicales que votaron a favor, los provinciales de Tucumán, Córdoba y San Juan, parte de los diputados que responden a Oscar Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que también acompañaron las leyes y hasta los radicales peluca que faltaron”, explicó un diputado libertario.

Durante 2024, la oposición había conseguido la sanción de un ajuste jubilatorio. Actualmente, con el proyecto aprobado en Diputados y un Senado donde Unión por la Patria cuenta con 34 legisladores —a los que podrían sumarse Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y la cordobesa Alejandra Vigo—, el oficialismo opositor estaría cerca de obtener la aprobación definitiva.

El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará las tres normas si resultan aprobadas. Si esto ocurre, la oposición insistirá y la Casa Rosada necesitará recuperar el respaldo total del “bloque veto” de “los 87 héroes” para bloquear los dos tercios. En pleno proceso electoral y en vísperas de comicios provinciales, la gran incógnita en el Congreso radica en si los gobernadores exigirán un alto costo por respaldar a la presidencia o se distanciarán del Ejecutivo con la mirada puesta en sus propias elecciones locales.