Con pasado de secretaria Legal y Técnica de la Argentina desde 2019 hasta 2023 por designación del entonces mandatario Alberto Fernández, quien fue su pareja durante una década, la abogada Vilma Ibarra afirmó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del presidente Javier Milei sería anticonstitucional porque avasallaría la división de poderes sometiendo al Congreso a los designios del poder ejecutivo incluyendo irregularidades pasibles de la nulidad establecida en el artículo 14 de la ley de Procedimientos Administrativos Nro.19.549.

Hermana menor de Aníbal, ex fiscal federal que fuera dos veces electo como jefe de Gobierno porteño, esta jurista especializada en derecho administrativo utilizó su cuenta oficial de la red social X, anteriormente llamada Twitter, para opinar públicamente que el DNU libertario no revestiría necesidad ni urgencia.

«En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos, si se comprueba que no intervinieron funcionarios sino abogados de estudios privados sería una grave causal de nulidad», sostuvo Vilma Ibarra en una sucesión de mensajes alertando sobre la importancia de identificar a los redactores del decreto porque esa información podría invalidar al acto administrativo.

Autora de la ley de Matrimonio Igualitario y primera senadora que se opuso a la iglesia católica con su proyecto de ley para legalizar el aborto en 2006, recordó que todo DNU debe ser elaborado -conteniendo dictamen y firma- de los funcionarios públicos intervinientes.

“No se trata de meras formalidades, son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad con informes técnicos que los sustentan y justifican«, aseveró quien se inició políticamente en la Federación Juvenil Comunista durante su paso por el Colegio Nacional Buenos Aires hasta que fue expulsada por liderar reclamos colectivos.

Autora del libro “Cristina versus Cristina: Ocaso del Relato” que publicó Editorial Planeta, Vilma Ibarra advirtió que, si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios jurídicos particulares sería una grave causal de nulidad porque su función es asesorar al sector privado sin habilitación para redactar decretos del poder ejecutivo nacional.

“Hay que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción. ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios», concluyó quien integró el Frente Grande y Nuevo Encuentro desde donde saltó al kirchnerismo hasta que, desde 2012 a 2019, trabajó en la dirección de asuntos legales del Grupo Corporación América, el holding del empresario Eduardo Eurnekián donde también prestó servicios el actual mandatario Milei. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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