POLITICA
Paro general del 10 de abril contra las medidas de Milei: una por una, todas las medidas de fuerza en su gobierno

Este 10 de abril se hará un nuevo paro general liderado por la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) contra las medidas de Javier Milei, y por eso muchos recuerdan las otras medidas de fuerza realizadas por la central obrera contra su gobierno.
Será la 45° medida de este tipo tomada por la central sindical desde el regreso de la democracia. Contando el próximo paro, Milei ya habrá sido objeto de más huelgas generales que Eduardo Duhalde (2), Néstor Kirchner (1) y Alberto Fernández, que fue el único presidente desde 1983 en atravesar su mandato sin una medida de este tipo.
El ranking lo encabeza Raúl Alfonsín, que en su mandato acabado poco antes de los seis años reglamentarios enfrentó 13 paros; seguido por Carlos Menem con ocho en sus dos administraciones de seis y cuatro años; Fernando de la Rúa, que tuvo la misma cantidad en su mandato inconcluso, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, emparejados con cinco paros en sus gestiones.
La de este jueves será la tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023.
El primero fue el 24 de enero de 2024, a 45 días del inicio de la gestión libertaria, con el que el actual Presidente se convirtió en el que recibió una medida de este tipo más temprano en su mandato.
Hay que recordar que el primer mes de la administración de Javier Milei terminó con una inflación del 25,5%, en un diciembre donde se combinaron la herencia de la gestión económica de Sergio Massa de un tipo de cambio atrasado, tarifas pisadas en servicios públicos y controles de precios con una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial impulsada por el entonces flamante ministro de Economía, Luis Caputo, que fue de más de 50%.
Además, ya en esos albores el Gobierno avanzaba a pleno con su agenda legislativa de desregulación al modificar cientos de leyes sin pasar por las dos cámaras del Congreso a través del Decreto 70/2023 -presentado el 20 de diciembre de ese año- y la polifacética Ley Bases, que en su origen tenía 664 artículos, en los que se planteaban declaraciones de emergencia en distintas áreas, el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y también potestades para privatizar empresas, entre otros puntos.
La CGT se opuso de manera tajante a ambos textos legislativos -una medida cautelar presentada por la central sindical detuvo la reforma laboral contenida en el DNU 70/2023, que en marzo de 2024 sería rechazado por el Senado- y convocó a una medida de fuerza a la que se adhirieron los gremios del transporte, los sindicatos de izquierda y movimientos sociales.
El resultado fue una postal callejera del arco opositor a gran escala en la Plaza del Congreso, con réplicas en todo el país. Mientras que por entonces la CGT afirmó que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron 600.000 manifestantes y que llegaron a 1,5 millones a nivel nacional, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que solo se movieron 40.000 personas en territorio porteño.
El segundo paro convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei fue el 9 de mayo del año pasado, cuando la Ley Bases ya había obtenido media sanción en el Congreso y también se debatía la aprobación del denominado paquete fiscal, que entre otros puntos planteaba la restitución el Impuesto a las Ganancias para la denominada cuarta categoría.
Con este contexto, la CGT denunciaba en un comunicado que “en nombre de una mal entendida libertad de mercado, (el Gobierno) implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
La jornada de paro del 9 de mayo no tuvo una movilización callejera, pero sí contó con la adhesión total de los gremios del transporte. En tanto, los dos aeropuertos de Buenos Aires lucieron prácticamente vacíos debido a la suspensión de cientos de vuelos. En aquel entonces, Aerolíneas Argentinas informó que canceló 191 vuelos, lo que afectó a cerca de 24.000 pasajeros.
Para entonces, la respuesta de Javier Milei ya había llegado en forma de meme. En la noche del miércoles, el Presidente subía a sus redes sociales una foto donde sostenía una remera con la consigna “Yo no paro”. Se trataba, en realidad, de una imagen editada de su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le había obsequiado una camiseta con el número 10.
Los proyectos discutidos tampoco pararon por la protesta sindical: aunque fueron necesarias arduas negociaciones parlamentarias, una versión modificada de la Ley Bases y el paquete fiscal fueron aprobados por el Congreso, y promulgados en julio del año pasado.
La CGT anunció su tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei para este jueves 10 de abril, en lo que será una medida de fuerza que empezará el día anterior.
Es que ya en la tarde del miércoles 9 la central obrera se movilizó a la Plaza del Congreso para apoyar el reclamo que desde septiembre del año pasado realiza la Mesa Coordinadora de Jubilados en este día de la semana. De esta forma, la central obrera llevará adelante “36 horas de acción de medidas de protesta”, según destacó en un comunicado.
La decisión de este paro general se tomó el pasado 20 de marzo, en la reunión de su consejo directivo, una semana después de la un nuevo episodio de represión contra la manifestación de los jubilados, que la CGT calificó como “la vergonzosa violencia de un Gobierno Nacional autoritario”. A partir de esto, la federación sindical sumó los aumentos en las pensiones para los adultos mayores a una lista de reclamos que también incluye la aprobación por parte del Gobierno de las negociaciones paritarias entre cámaras empresarias y sindicatos.
Aunque la adhesión de distintos gremios auguran un importante acatamiento del paro en distintos sectores, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que nuclea a los choferes de colectivo no se plegó a la medida, por lo que este transporte público se mantendrá en funcionamiento el día del próximo paro.
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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.
El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.
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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.
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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.
En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.
El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.
“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.
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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.
Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.
De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.
PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires
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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.
El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.
Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.
En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.
En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.
La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.
Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.
La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.
El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.
“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.
Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.
Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.
Marcela De Langhe
La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.
En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.
La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.
Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.
Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.
Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.
El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.
Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.
diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra
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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.
La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.
El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria
Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.
Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.
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