POLITICA
Paro general del 10 de abril contra las medidas de Milei: una por una, todas las medidas de fuerza en su gobierno

Este 10 de abril se hará un nuevo paro general liderado por la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) contra las medidas de Javier Milei, y por eso muchos recuerdan las otras medidas de fuerza realizadas por la central obrera contra su gobierno.
Será la 45° medida de este tipo tomada por la central sindical desde el regreso de la democracia. Contando el próximo paro, Milei ya habrá sido objeto de más huelgas generales que Eduardo Duhalde (2), Néstor Kirchner (1) y Alberto Fernández, que fue el único presidente desde 1983 en atravesar su mandato sin una medida de este tipo.
El ranking lo encabeza Raúl Alfonsín, que en su mandato acabado poco antes de los seis años reglamentarios enfrentó 13 paros; seguido por Carlos Menem con ocho en sus dos administraciones de seis y cuatro años; Fernando de la Rúa, que tuvo la misma cantidad en su mandato inconcluso, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, emparejados con cinco paros en sus gestiones.
La de este jueves será la tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023.
El primero fue el 24 de enero de 2024, a 45 días del inicio de la gestión libertaria, con el que el actual Presidente se convirtió en el que recibió una medida de este tipo más temprano en su mandato.
Hay que recordar que el primer mes de la administración de Javier Milei terminó con una inflación del 25,5%, en un diciembre donde se combinaron la herencia de la gestión económica de Sergio Massa de un tipo de cambio atrasado, tarifas pisadas en servicios públicos y controles de precios con una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial impulsada por el entonces flamante ministro de Economía, Luis Caputo, que fue de más de 50%.
Además, ya en esos albores el Gobierno avanzaba a pleno con su agenda legislativa de desregulación al modificar cientos de leyes sin pasar por las dos cámaras del Congreso a través del Decreto 70/2023 -presentado el 20 de diciembre de ese año- y la polifacética Ley Bases, que en su origen tenía 664 artículos, en los que se planteaban declaraciones de emergencia en distintas áreas, el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y también potestades para privatizar empresas, entre otros puntos.
La CGT se opuso de manera tajante a ambos textos legislativos -una medida cautelar presentada por la central sindical detuvo la reforma laboral contenida en el DNU 70/2023, que en marzo de 2024 sería rechazado por el Senado- y convocó a una medida de fuerza a la que se adhirieron los gremios del transporte, los sindicatos de izquierda y movimientos sociales.
El resultado fue una postal callejera del arco opositor a gran escala en la Plaza del Congreso, con réplicas en todo el país. Mientras que por entonces la CGT afirmó que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron 600.000 manifestantes y que llegaron a 1,5 millones a nivel nacional, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que solo se movieron 40.000 personas en territorio porteño.
El segundo paro convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei fue el 9 de mayo del año pasado, cuando la Ley Bases ya había obtenido media sanción en el Congreso y también se debatía la aprobación del denominado paquete fiscal, que entre otros puntos planteaba la restitución el Impuesto a las Ganancias para la denominada cuarta categoría.
Con este contexto, la CGT denunciaba en un comunicado que “en nombre de una mal entendida libertad de mercado, (el Gobierno) implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
La jornada de paro del 9 de mayo no tuvo una movilización callejera, pero sí contó con la adhesión total de los gremios del transporte. En tanto, los dos aeropuertos de Buenos Aires lucieron prácticamente vacíos debido a la suspensión de cientos de vuelos. En aquel entonces, Aerolíneas Argentinas informó que canceló 191 vuelos, lo que afectó a cerca de 24.000 pasajeros.
Para entonces, la respuesta de Javier Milei ya había llegado en forma de meme. En la noche del miércoles, el Presidente subía a sus redes sociales una foto donde sostenía una remera con la consigna “Yo no paro”. Se trataba, en realidad, de una imagen editada de su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le había obsequiado una camiseta con el número 10.
Los proyectos discutidos tampoco pararon por la protesta sindical: aunque fueron necesarias arduas negociaciones parlamentarias, una versión modificada de la Ley Bases y el paquete fiscal fueron aprobados por el Congreso, y promulgados en julio del año pasado.
La CGT anunció su tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei para este jueves 10 de abril, en lo que será una medida de fuerza que empezará el día anterior.
Es que ya en la tarde del miércoles 9 la central obrera se movilizó a la Plaza del Congreso para apoyar el reclamo que desde septiembre del año pasado realiza la Mesa Coordinadora de Jubilados en este día de la semana. De esta forma, la central obrera llevará adelante “36 horas de acción de medidas de protesta”, según destacó en un comunicado.
La decisión de este paro general se tomó el pasado 20 de marzo, en la reunión de su consejo directivo, una semana después de la un nuevo episodio de represión contra la manifestación de los jubilados, que la CGT calificó como “la vergonzosa violencia de un Gobierno Nacional autoritario”. A partir de esto, la federación sindical sumó los aumentos en las pensiones para los adultos mayores a una lista de reclamos que también incluye la aprobación por parte del Gobierno de las negociaciones paritarias entre cámaras empresarias y sindicatos.
Aunque la adhesión de distintos gremios auguran un importante acatamiento del paro en distintos sectores, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que nuclea a los choferes de colectivo no se plegó a la medida, por lo que este transporte público se mantendrá en funcionamiento el día del próximo paro.
POLITICA
El peso de los intendentes | 23 jefes bonaerenses competirán como candidatos, aunque la mayoría de manera testimonial

Los intendentes bonaerenses se anticipan como los grandes protagonistas de las elecciones bonaerenses del 7 de setiembre próximo. Decididos a preservar sus terruños, 23 jefes comunales del conurbano y del interior de la provincia le pondrán el cuerpo a la compulsa y competirán por una banca, sea en la Legislatura o bien en sus respectivos concejos deliberantes, aunque la mayoría no asumiría si resultan electos.
Las candidaturas testimoniales no están prohibidas en la provincia y si bien despiertan polémica, es una estrategia a la que echarán mano varios de los intendentes candidatos para asegurarse el control de sus territorios en lo que resta de sus mandatos.
Solo unos pocos anticiparon que sus candidaturas no serán testimoniales y que, efectivamente, asumirán su nuevo cargo de resultar electos. En estos casos puede tratarse de otro artilugio para sortear la prohibición a ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos que impone la ley actual.
Este lanzamiento en tropel de intendentes a la cancha electoral no tiene otro objetivo que intentar “territorializar” una campaña que, según anticipan encuestadores y conocedores de la política bonaerense, estará polarizada entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.
La Casa Rosada intentará replicar la estrategia que, con éxito, aplicó en la ciudad de Buenos Aires al plantear una suerte de plebiscito de la gestión de Javier Milei. Advertidos de ello, los intendentes opositores buscarán neutralizar la avanzada libertaria haciendo hincapié en la gestión local, de allí la decisión de algunos de dar ellos mismos la pelea.
Más allá de las especulaciones políticas, lo cierto es que en siete de las ocho secciones electorales en las que se divide el territorio bonaerense hay al menos un intendente anotado como candidato. La alianza Fuerza Patria –que aglutina al kirchnerismo, a las huestes del gobernador Axel Kicillof y al Frente Renovador de Sergio Massa- es el que más jefes comunales pondrá a competir: 17 en total. Le sigue en el podio Somos Buenos Aires –alianza que reúne a sectores de la UCR, del peronismo no kirchnerista, de la Coalición Cívica y del Pro disidente-, con cuatro intendentes y, por último, el Frente La Libertad Avanza, con dos.
La mayoría de ellos están concentrados en la tercera sección electoral, uno de los principales bastiones del conurbano bonaerense. Allí competirán ocho intendentes, todos ellos de Fuerza Patria; de ellos, dos se postulan como diputados provinciales. Se trata de Mariano Cascallares (Almirante Brown) –leal a Kicillof- y Mayra Mendoza (Quilmes) –kirchnerista de La Cámpora-, segundo y tercera en la nómina que encabeza la vicegobernadora Verónica Magario.
Mendoza adelantó que, de ser electa, asumirá su banca en la Legislatura. Cascallares, en cambio, no se pronunció todavía sobre el tema. “Cristina [Kirchner] planteó criterios que entendía necesarios; lo de las [candidaturas] testimoniales no está bueno. Por lógica, lo que intentamos hacer con la política es que la gente se sienta representada y no se tuvo en cuenta”, acicateó Mendoza en un tiro por elevación a Kicillof quien, a diferencia de la expresidenta, avalaría esta práctica para sus intendentes.
Otros seis intendentes de la tercera sección encabezarán las nóminas de concejales de sus respectivos distritos. Se trata de Jorge Ferraresi (Avellaneda); Juan José Mussi (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso); Mario Secco (Ensenada); Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Espinoza (La Matanza).
En la primera sección electoral también hay apellidos fuertes. Allí se medirán uno de los más emblemáticos barones del conurbano, el intendente peronista Mario Ishii (José C. Paz) con el mandamás de Tigre, Julio Zamora –Somos Buenos Aires- y el libertario Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Los tres competirán por una banca en el Senado provincial. Por su parte el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabeza la nómina de concejales de su distrito.
Tanto Zamora como Valenzuela aclararon que no son candidatos testimoniales. “Sí, por supuesto. Voy a asumir si soy electo, pediré licencia”, aseveró Zamora, la carta fuerte del flamante espacio Somos Buenos Aires.
Tampoco habrá lugar para candidaturas testimoniales en La Libertad Avanza. Es un mandato del presidente Milei, indicó el jefe de Pro bonaerense, Cristian Ritondo. “Si Valenzuela es electo va a asumir, no hay ninguna posibilidad de candidaturas testimoniales”, sentenció.
En la cuarta sección electoral también competirán cuatro intendentes, dos de ellos del Frente Patria –Germán Lago (Alberti) y Pablo Zurro (Pehuajó)- y los dos restantes de Somos Buenos Aires –Guillermo Britos (Chivilcoy) y Pablo Petrecca (Junín)-. Salvo Zurro, cabeza de la lista de concejales, los restantes buscarán una banca en el Senado provincial.
En la segunda, quinta y sexta sección electoral se medirán dos jefes comunales respectivamente. En la segunda, al norte de la provincia, los dos candidatos son de Fuerza Patria y buscan una banca en el senado provincial: uno es Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz y cercano a Kicillof; por ahora es el único de esa tropa que aseveró que asumirá su banca si es electo. En el cuarto lugar se ubica el intendente de Salto, Ricardo Alessandro.
En la quinta, con cabecera en Mar del Plata y alcance en toda la costa se lanzó el intendente de esa ciudad, Guillermo Montenegro, por La Libertad Avanza. Disputará una banca en el Senado con el radical Maximiliano Suescun, de Rauch, incorporado a las filas de Somos Buenos Aires.
En la sexta sección, que tiene eje en Bahía Blanca y que incluye una veintena de distritos del sur del territorio bonaerense, competirán dos intendentes como candidatos a diputado, ambos de Fuerza Patria: Julio César Marini (Benito Juárez) y Esteban Acerbo (Daireaux). En la séptima, en tanto, hará lo propio otro intendente cercano a Kicillof, el mandamás de Bolívar Marcos Pisano.
Otros intendentes, si bien no se jugaron personalmente con una candidatura, colocaron en las nóminas a sus familiares. Qué mejor que el apellido para atraer votos, habrán pensado. Es el caso del intendente Lucas Ghi (Fuerza Patria), de Morón, quien puso a su hermano Pablo para encabezar la nómina de concejales del distrito. El mandamás de Ezeiza, Alejandro Granados (Fuerza Patria), hizo lo propio con su hermana Marisol al igual que Fernando Gray (Fuerza Patria), de Esteban Echeverría, quien colocó a su esposa Magdalena “Magui” Gray como candidata a primera concejal.
Laura Serra,Elecciones 2025,Axel Kicillof,Conforme a,Elecciones 2025,,»Se reunían con Bondarenko». Alonso acusó a los policías desplazados de conspirar y querer intervenir la Bonaerense para quedarse con puestos claves,,El candidato de Milei. La Provincia desplazó a 24 altos mandos de la Bonaerense denunciados por militar para el comisario Bondarenko,,Consulta previa. Cómo saber dónde voto en la provincia de Buenos Aires en las Elecciones 2025
POLITICA
Sin cambios neurológicos y con respirador: cómo evoluciona la salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra “Locomotora” Oliveras permanece hospitalizada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital “Dr. José María Cullen”, en Santa Fe, desde el 14 de julio, cuando sufrió un accidente cerebrovascular isquémico. Según el parte médico difundido este jueves por el director del nosocomio, Bruno Moroni, la boxeadora de 47 años “se encuentra estable hemodinámicamente, en asistencia mecánica respiratoria, y sin cambios neurológicos respecto a los días previos”.
El informe añade que el equipo médico “mantiene un seguimiento permanente” y advierte que “el pronóstico sigue siendo reservado”.
Oliveras fue trasladada desde Santo Tomé tras un cuadro de desorientación y pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, que los estudios confirmaron como un ACV causado por la obstrucción de una arteria cerebral. Al tercer día se le diagnosticó edema cerebral, lo que derivó en una craneotomía descompresiva realizada el 16 de julio, según confirmó Moroni.
Durante la cirugía, el director detalló: “Se realizó la craneotomía para generar espacio y liberar presión que comprometía otras áreas del cerebro. Tuvo muy buena respuesta”. Con el paso de los días, el equipo comunicó que la paciente transita un periodo de evaluación crítica, aunque “no ha empeorado su situación”, dijo Moroni.
Respecto a la evolución motora, se indicó que Oliveras sigue con parálisis en el lado izquierdo, pero sin evidencia de empeoramiento de la función neurológica.
Su hermano, Jesús Oliveras, brindó detalles a la prensa: “Nosotros como familia estamos shockeados… Mi hermana es la persona más sana que conozco”, y añadió que antes de la operación ella misma preguntó por su bienestar. También explicó que los médicos indicaron que “hora por hora, hay que esperar 10 días” para evaluar posibles mejoras.
En redes sociales y medios locales, su entorno pide prudencia y respeto por el acceso limitado a la UTI. Se informó que su madre y una de sus hijas la acompañan diariamente, y el hospital restringe las visitas a personas autorizadas.
El Frente de la Esperanza, espacio político al que pertenece Oliveras como convencional constituyente electa, manifestó “muy amargados” por el cuadro y dijo que la situación sigue siendo “muy delicada”.
Desde el Hospital Cullen, uno de los centros de referencia en medicina crítica de la región, confirmaron que no está prevista ninguna derivación a otro nosocomio. “Por el momento, no está indicado ningún traslado”, informaron.
De acuerdo con la reconstrucción que realizó el profesional, la convencional constituyente habría sufrido el ACV mientras dormía, lo que retrasó la posibilidad de recibir asistencia temprana.
“Cuando despierta, ella ya estaba con un déficit motor del lado izquierdo”, sostuvo. Tras pedir ayuda a sus hijos, la mujer fue llevada a un pequeño hospital de la localidad de Santo Tomé, donde reside la familia, y desde allí derivada al Hospital José María Cullen.
El problema, según Musacchio, es que llegó a este último centro de salud “fuera de ventana”. Cuando se le practicaron los estudios médicos, ya tenía instalado un “infarto frontal”.
“Teníamos que hacer una angioplastía en el cuello, tratar de sacarle los coágulos del cerebro; eso siempre y cuando esté dentro de unas primeras cuatro horas. Si pasaron las cuatro horas, es muy riesgoso y podemos provocarle una hemorragia”, agregó.
El médico recomendó que, ante casos de accidente cerebrovascular, lo fundamental es recibir atención durante la llamada ventana: “No tenés que esperar la ambulancia. Tenés que llevarlo (al paciente) al servicio que tenga tratamiento para el ACV”.
Los síntomas de alarma incluyen no poder responder cuál es el propio nombre, presentar desorientación, extender los brazos hacia adelante en forma horizontal y que uno de ellos caiga involuntariamente, sufrir desviación en la boca, y manifestar pérdida de visión en alguna parte del campo visual, ya sea del lado derecho o izquierdo.
POLITICA
Alonso acusó a los policías desplazados de conspirar y querer intervenir la Bonaerense para quedarse con puestos claves

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, elevó el tono de la acusación contra los 24 altos mandos de la policía bonaerense que fueron desplazados por vinculaciones políticas con el candidato libertario en la tercera sección, el comisario retirado Alejandro Bondarenko.
Según Alonso, este grupo de la cúpula de la policía ecológica buscó conspirar contra la fuerza. Dijo el funcionario de Axel Kicillof que hay evidencia que demuestra que buscaban intervenir la Bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” para quedarse con puestos claves.
“Proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y unas medidas urgentes de tipo intervencionistas que, entre otras cosas, incluían el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves. Eso estaba en las computadoras, suministradas por el Estado en dependencias oficiales para que trabajen», afirmó Alonso.
Además, aseguró a Radio 10 que había una conspiración en marcha por parte de estos efectivos que ahora están denunciados en la Justicia. “Eso se corroboró con las auditorías de Asuntos Internos y por eso se decidió la desafectación del personal”, indicó el ministro sobre este procedimiento que se inició por una denuncia anónima.
“Estos policías se reunían periódicamente con el candidato [Bondarenko]. La terminal política es el candidato”, señaló Alonso, que luego se refirió a la imposibilidad que tienen los efectivos de participar en política. “Esto es lo que no está permitido por la ley orgánica de la policía”, dijo y añadió: “Nada tiene que ver esto [el pase a disponibilidad del grupo] con la decisión de LLA de que esta persona sea candidata. Cada uno sabrá. Esta denuncia era muy clara por la información que tenía, por la cantidad de elementos que tenía. Por eso se hizo la auditoría preventiva y, al ratificar los elementos presentados en la denuncia anónima, se decidió desafectarlos. Son muchas personas, algunos oficiales muy destacados, que ya fueron notificados”.
En tanto, Alonso incluyó a Bondarenko dentro de los conspiradores. “El candidato de LLA ya fue concejal, se presentó en una elección… En ese momento pidió autorización, luego licencia. Por la ley orgánica los miembros de la Policía no pueden organizarse políticamente. Pueden tener opiniones, votar. Pero llegó una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos, que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución. En ese grupo también se incluiría al candidato como policía retirado. Utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía y y parte de esas medidas los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional».
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