La crisis financiera golpea fuerte a la gestión de Axel Kicillof y, en la provincia de Buenos Aires, se acumulan las malas noticias. Desde sectores empresariales, docentes, empleados estatales y particulares en general, se levantó la voz sobre el virulento impuestazo que el gobernador está implementando en el territorio.

Hasta los primeros días de octubre de 2023, el equipo más cercano a Kicillof ponía en marcha una serie de planes de inversión y gastos que buscaba apuntalar la imagen del gobernador bonaerense. El objetivo, aseguraban con optimismo, era que el triunfo de Sergio Massa genere ingresos frescos a la provincia y que, en la próxima contienda electoral, Kicillof se presente como un candidato serio a algún cargo nacional de peso.

Pero Massa no ganó. Quien triunfó fue un Javier Milei que recortó de un golpe las numerosas transferencias que la provincia recibía desde Nación. Como suele ocurrir cuando el dinero escasea, el relato K comenzó a verse en peligro y el gobernador bonaerense apeló a recortes salariales, despido de trabajadores y groseros impuestazos que impactaron de lleno tanto en particulares como en privados.

Mientras ARBA, de la mano de su hombre de confianza Cristian Girard, renueva la presión sobre el cobro de Ingresos Brutos y revalúa las propiedades, Kicillof ensaya estrategias para limitar el impacto de las nuevas políticas tributarias sobre su imagen.

Para ello, volvió a la carga con el famoso servicio de monitoreo de medios. Se trata de una estrategia para medir lo que los medios comunican a sus lectores, cuántas veces se menciona a su gestión y en qué términos. Consultoras privadas estimaron que el monitoreo es útil para caratular a los medios de comunicación entre “amigos y enemigos”, que serán luego premiados o castigados a través de la distribución de la pauta oficial.

Esta vez, será la ministra Rey quien estará a cargo de definir la empresa encargada del servicio. En el 2020, quien lo definió fue el propio Girard, pero la presión sobre el titular de ARBA es demasiada como para agregarle un nuevo y difícil compromiso.

En total, el proceso de compra a través del cual se contratará a la nueva empresa tendrá un costo de 20.560.000 pesos. El monto en sí mismo refleja la escalofriante inflación que aqueja a la provincia. En sólo tres años, el servicio aumentó 18 veces su costo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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