Después de que la Corte Suprema ratificó la condena contra Cristina Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner empezó a tomar mayor centralidad y, para algunos, como una consecuencia natural de la inhabilitación política y el arresto domiciliario de su madre. Una de esas voces es la del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, que evaluó como positivo que el hijo de la expresidenta tenga “protagonismo” en esta etapa.

El exfuncionario, hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, sostuvo sobre Máximo Kirchner que “su candidatura en la Tercera Sección me parece inevitable”, luego de la sentencia que bloqueó el plan electoral de Cristina Kirchner para ser ella misma quien encabece esa lista. Y consideró que su postulación sería competitiva en ese distrito. “Me parece sano que salga, hable y se manifieste. Me parece bueno para su futuro político. Creo que llegó su hora de protagonizar. Me parece que tiene un discurso interesante, bueno”, reforzó.

De Vido, que fue absuelto en la “causa Vialidad”, reconoció que sigue en contacto con Máximo, pero no con la exmandataria, con quien no habla desde 2017. “La relación con Cristina se cortó por situaciones personales, cosas que sucedieron en el momento que fui detenido, y quedó así. No hay voluntad de retomar el diálogo”, consideró en declaraciones a AM 750.

Sin embargo, remarcó que la considera “una gran dirigente”. “La marcha del miércoles me pareció muy importante, revalida su liderazgo”, sostuvo.

Con la resolución de la Corte Suprema, se renovaron las discusiones al interior del peronismo, y el rumbo que adoptará la fuerza política ante las próximas elecciones legislativas. En ese sentido, De Vido enfatizó la necesidad de abrir el proceso de armado de candidaturas, priorizando la inclusión y la democratización del movimiento. “La lapicera es uno de los estigmas del peronismo en esta etapa, ha significado y explica mucho de las derrotas. Es un tema que hay que superar. Hay que darle al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente la constitución de las listas, más allá de la potencia del gobernador o de Máximo Kirchner para intentar tener representantes”, evaluó.

Para De Vido, es preciso revisar las numerosas derrotas electorales que tuvo el peronismo desde 2013. “Hay que abrir, hay que oxigenar, y dar virtualidad política en esa mesa tan heterogénea en dirigentes que no son del partido”, señaló. La reflexión sobre el impacto del último ciclo de gobierno del Frente de Todos fue contundente: “La consecuencia peor del gobierno de Alberto Fernández es Milei y su gobierno, el que no puede analizar eso está en problemas”.

El debate por el armado de las listas

A la luz del debate sobre el escenario electoral que se avecina, el propio Máximo Kirchner se pronunció sobre su eventual postulación en las próximas elecciones bonaerenses. El líder de La Cámpora evitó definirse categóricamente. “No me resultaría simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, dijo, aunque aclaró: “Siempre estaré a disposición de la organización política que represento”.

En ese marco, De Vido sugirió recordar el costo en términos de cohesión partidaria cuando los sectores internos no participan en la conformación de la oferta electoral. “Si no nos sentimos parte de cómo se arman las listas, después los compañeros no la militan. Por eso, me parece interesante a Máximo en la calle, o viendo al gobernador defendiendo su posición”, remarcó. Puntualmente, se refirió a la interna del kirchnerismo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No me parece bueno que el gobernador no tenga espacio. Tengo en la historia diferencias con Axel cuando estuvimos en el gobierno, pero da para el análisis histórico que el político actual”, puntualizó.

De cara a los próximos desafíos electorales, según De Vido, la movilización del miércoles pasado en la Plaza de Mayo, en rechazo al fallo que condenó a CFK, necesita traducirse en la conformación de alianzas. “Creo que se va a reordenar la discusión. Esperemos que la presencia que se manifestó en la plaza tenga un reflejo electoral en los resultados de septiembre y octubre. Eso va a ser posible si en el armado de listas se percibe universalidad, y todo el colectivo se sienta integrado y motivado para ir a votar, que es uno de los problemas gravísimos que estamos teniendo”, concluyó.

La causa Vialidad y el rol de los funcionarios

El fallo contra Cristina Kirchner —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— fue notificado el martes pasado, cuando el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, oficializó su arresto domiciliario.

De Vido estuvo acusado en la causa, pero resultó absuelto. Sin embargo, evitó pronunciarse al respecto sobre los detalles de la última sentencia. “No soy comentarista de mis causas penales”, indicó, aunque expresó su “absoluta solidaridad con los compañeros detenidos, y con Cristina”. “Tengo la convicción de que son inocentes”, expresó.

En su análisis sobre el desenlace judicial, el exministro planteó que “me extrañó mucho la ausencia de la causa del ministro de Economía, que es el que pagaban los certificados de obra, lo dijimos en su momento”, y recordó “la prueba fue muy acotada” porque “no se permitió peritar toda la obra pública”. Y se refirió a su situación particular, en la que no percibió una condena. “Tengo cuatro juicios orales, no es que dejaron de perseguirme. Hace 10 años que estamos peleando una situación totalmente injusta”, consideró.

Finalmente, se expresó en duros términos sobre el exsecretario de Obras Públicas, José López, quien era su segundo en jerarquía en su ministerio. “El problema de López muestra en toda su potencia lo que es. No lo voy a calificar. Me parece más o tan repudiable su condición de arrepentido en la causa Cuadernos, que sus bolsos de mugre. Pero no soy ni juez, ni fiscal, ni abogado; mi visión de los temas es política”.

El dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, liberó a 37 annoboneses tras once meses de tortura y desaparición forzada, pero los ocultó en la incomunicada isla de Annobón para silenciar el horror y eludir las exigencias de las Naciones Unidas.

‘;
parrafos_nota = $(‘.texto_nota > p’).size();
cada_tres = 3;
$.each(div_relacionadas_internas, function( index, value ) {
$(‘.texto_nota > p:eq(‘+cada_tres+’)’).before(div_relacionadas_internas[index]);
cada_tres = cada_tres+3;
});
});

Tras, resolución, de, la, ONU,, Obiang, liberó, a, los, annoboneses, secuestrados, en, pésimas, condiciones

El senador nacional Mariano Recalde se sumó a los reclamos por la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena a prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución. Además, pidió “pensar e imaginar” una nueva normativa institucional para que esa medida pueda concretarse lo antes posible, y puso como antecedente la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

“Cristina tiene que estar libre el primer día del próximo gobierno. Después veremos el instrumento. Incluso si puede ser antes, vamos a intentar que sea antes”, afirmó el dirigente peronista en diálogo con FutuRock.

Recalde consideró que existen antecedentes institucionales que habilitan una construcción jurídica para revertir la situación judicial de la ex presidenta. “Hay que ponerse a trabajar y pensar con mucha imaginación. Cosas que parecían imposibles desde el punto de vista de la legislación, se fueron construyendo desde la institucionalidad”, sostuvo. Y ejemplificó: “La nulidad de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, que es una creación novedosa, nunca se había anulado una ley penal, o la libertad de Lula en Brasil después de haber sido condenado”.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la semana pasada la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La decisión dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El jueves, el Tribunal Oral Federal 2 estableció las condiciones para la prisión domiciliaria de la ex mandataria, quien cumple la pena en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

El tribunal resolvió que podrá salir al balcón, pero sin tener contacto con la vía pública ni realizar manifestaciones hacia el exterior. También restringió el uso de medios de comunicación y el régimen de visitas. En la resolución, el juzgado señaló que las limitaciones se vinculan con los derechos y obligaciones de las personas condenadas que acceden a la modalidad domiciliaria, especialmente en casos de alta notoriedad pública.

Consultado sobre la posibilidad de un indulto, el presidente Javier Milei fue tajante. “Me parece un disparate“, respondió cuando le preguntaron si el Ejecutivo evaluaba esa opción. El mandatario aseguró que su gobierno no intervendrá en el caso. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo”, sostuvo. “No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, concluyó.

En paralelo, la diputada nacional del PRO Silvana Giudici presentó esta semana un proyecto de ley para excluir del beneficio del indulto o la conmutación de penas a los condenados por delitos de corrupción. La iniciativa, ingresada con el número 3233-D-2025, cuenta con el respaldo de otros legisladores de la bancada.

“El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, señaló Giudici. La diputada explicó que la propuesta busca cerrar la puerta a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo reduzca o deje sin efecto sentencias firmes contra ex funcionarios.

Desde el oficialismo, la condena fue interpretada como una persecución judicial. Sin embargo, para el Gobierno nacional y el espacio libertario, se trató de un paso importante hacia el cumplimiento de penas efectivas. “El que las hace, las paga”, reiteró el presidente Milei al ser consultado en una entrevista.

La propuesta legislativa impulsada por Giudici busca anticiparse a eventuales debates en torno a un indulto presidencial o beneficios similares para casos de corrupción. Según el texto del proyecto, el objetivo es impedir que el Ejecutivo tenga margen de discrecionalidad ante condenas por delitos graves contra el Estado.