La fiscal Betina Lacki pidió la elevación a juicio del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y de sus jefes, el exconcejal massista Facundo Albini y su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, todos acusados de apropiarse de los sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial para el financiamiento ilegal de la política.

También –dijeron fuentes judiciales a – se solicitó la elevación a juicio de 47 de los 48 titulares de las tarjetas de débito ajenas que usaba Chocolate Rigau cuando fue detenido extrayendo dinero de cajeros automáticos del centro de La Plata. Uno de ellos se mudó a España y se realizará otra solicitud.

Ahora, el juez de La Plata Federico Atencio deberá decidir. Todos están acusados en la misma causa. Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado cuando sacaba dinero en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Y los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras las rejas, procesados con prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la fiscal platense Lacki y del juez Atencio. Rigau fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre de 2023.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

Cuando la justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada. El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.

El 23 de febrero de 2024, Albini le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000, cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios. La empresa informó a la Justicia y todo se suspendió.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.

Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.

Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.

Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.

La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aun por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.

Es más, la Legislatura bonaerense completó este año una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .