POLITICA
Tras el fallo de la Corte, ordenan la detención de seis condenados por la ruta del dinero K
El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y de Eduardo Castro, condenados en la causa conocida como “La ruta del dinero k”.
El juez Néstor Costabel notificó a los condenados a que “se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las 10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones”.
La medida fue solicitada por el fiscal Abel Córdoba para que sean detenidos y luego alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
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El pedido se da luego que la Corte Suprema de Justicia confirmó el jueves sus condenas por el delito de lavado de activos. Ninguno de ellos estuvo preso antes, motivo por el cuál ahora deberán cumplir la condena.
El juzgado deberá ahora analizar la situación de cada uno, ya que varios presentaron certificados médicos para cumplir la condena bajo el esquema de prisión domiciliaria.
Además, muchos tienen más de 70 años, lo que habilita a la justicia a otorgar el beneficio.
Los empresarios fueron condenados por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Lázaro Báez a lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, popularmente conocida como “la rosadita”.
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena por lavado de activos este jueves.
ruta del dinero K, Justicia, La Rosadita
POLITICA
Avanza el caso del memorándum con Irán contra Cristina Kirchner: el tribunal oral anunciará la fecha del juicio después de la feria
Apenas termine, en una semana, la feria judicial de invierno, se anunciaría la fecha de un nuevo juicio oral y público contra Cristina Kirchner; esta vez, por la firma del Memorándum con Irán.
Los jueces a cargo de ese proceso son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, quienes pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les habilite nuevos contratos para poder empezar con el proceso.
Reclamaron sumar nueve empleados, ya hoy hay una sola persona del tribunal oral abocada a la causa, dijeron a en los tribunales. No buscan reforzar el equipo existente, sino armar uno nuevo desde cero.
El juicio oral podría comenzar en 2026, señalaron fuentes judiciales que dijeron que esperan “personal” y “la prueba pedida por las partes”.
La Corte rechazó el 5 de diciembre del año pasado todos los recursos de las defensas y despejó el camino para que el juicio oral y público se inicie lo antes posible.
Pasaron siete meses y nada ocurrió. Primero, porque se discutió la integración del tribunal, ya que hubo recusaciones y excusaciones; luego, por “cuestiones de agenda”, según se informó. “Es una situación sin precedentes de un tribunal integrado por jueces ajenos [que no son los titulares del tribunal] y sin personal para semejante causa”, se quejaron en Comodoro Py.
En esta causa hay poco que hacer antes del juicio, dijeron funcionarios judiciales que revisaron el caso, porque el tribunal oral que intervino con anterioridad había prácticamente agotado la instrucción complementaria.
Sin embargo, fuentes del caso mencionaron que se está respondiendo a los últimos pedidos de prueba, admitiendo y rechazando las medidas según el caso.
Y señalaron que están reclamando la prueba que aún no llegó; por ejemplo, la autorización de Interpol para que declaren dos funcionarios de ese organismo, que fue enviada hace casi un mes y aún no hay respuesta.
Los jueces del tribunal oral Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini estaban por llamar a juicio, cuando decidieron sorpresivamente hacer unas audiencias preliminares y, tras escuchar a los defensores, a los querellantes y al fiscal Marcelo Colombo, absolvieron a la expresidenta.
Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.
La Cámara de Casación indicó que la vicepresidenta debe ser juzgada por su presunta participación para beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.
Además de Cristina Kirchner, serán juzgados Eduardo Antonio Zuaín, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero cuatro días después de efectuar esa presentación.
En el expediente judicial, la AMIA, que es la entidad mutual de la comunidad judía, no es querellante en este juicio por la firma del Pacto con Irán, como sí lo es, en cambio, en la causa en que se investigan a los terroristas que demolieron su edificio de Pasteur 633 desde los cimientos. “No es un asunto que estemos llevando”, dijeron en la entidad sobre el caso del memorándum.
La DAIA sí es querellante en este juicio, aunque con muy bajo perfil. Quienes -como acusadores particulares- tuvieron un rol preponderante en el proceso son los familiares Luis Czyzewski Y Mario Averbuch, patrocinados por el abogado Tomás Farini Duggan, que empujaron la realización de este nuevo juicio.
Pero también el proceso tiene una dimensión internacional con el interés de Israel y de los Estados Unidos para que se lleve adelante.
El embajador de Israel en Argentina Eyal Sela dijo a : “No corresponde que yo emita una opinión sobre decisiones de la justicia argentina. Lo que sí puedo decirle, y sin involucrarme en las cuestiones internas del país, es que la lucha contra el terrorismo y sus históricos promotores (sabe exactamente a qué país me refiero), es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Pasaron 31 años de AMIA, y aunque su pregunta no lo refiera, no quiero olvidar los 33 desde el atentado la Embajada: los familiares y sobrevivientes, y es más, la sociedad toda merecen que se haga justicia”.
En cambio, sin eufemismos, el designado embajador norteamericano en la Argentina Peter Lamelas dijo esta semana al Congreso norteamericano (que analiza su postulación) que iba a llegar a la Argentina para asegurarse “de que Cristina [Kirchner] reciba la justicia que bien merece”.
Tras afirmar que Donald Trump le indicó trabajar en apoyo de su “amigo” Javier Milei, dijo que Cristina Kirchner, si no fuera expresidenta, probablemente cumpliría su condena en una prisión y no en su casa.
Y fue mas allá cuando la vinculó con el encubrimiento del ataque a la AMIA y eventualmente, con la muerte del fiscal Nisman.
“Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento” dijo Lamelas.
Y agregó, cuando se refirió a la muerte de Nisman: “Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman”.
El kirchnerismo a coro repudió los dichos de Lamelas, presionó en el Senado para que no se le de acuerdo y Cristina Kirchner tuiteó: “Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son ‘Las Fuerzas del Norte”. Y parafraseando la consigna Braden o Perón, escribió “Argentina o Lamelas”.
Donald Trump, a diferencia de sus antecesores, ha hecho gala y se enorgullece de interferir en los asuntos judiciales de otros países, cuando sus enemigos son acusados, por ejemplo, Irán, o cuando sus amigos son sometidos a la justicia, como en el caso de Jair Bolsonaro.
Por ejemplo, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa para el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, y un número no especificado de otros funcionarios judiciales, acusándolos de llevar a cabo una “caza de brujas política” contra el expresidente Bolsonaro.
“Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos”, dijo.
Y agregó que “la cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los norteamericanos”.
“Por lo tanto, he ordenado la revocación de visas para Moraes y sus aliados en la corte, así como para sus familiares directos, con efecto inmediato”, señaló Rubio, por indicación de Trump.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno obliga a los clubes a pagar más por los aportes jubilatorios y profundiza la tensión con la AFA
En plena tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el Gobierno aumentó los aportes sociales de la actividad, por el déficit del sistema jubilatorio. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que las contribuciones de la actividad futbolística serán de 13,06%, a partir de la disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial. El texto estableció además “una alícuota adicional y transitoria” del 5,56% por doce meses consecutivos.
Sturzenegger criticó en su cuenta de X: “Millonarios subsidiados por los jubilados. En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por 324 millones de dólares (dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31/1/25). Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”.
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El funcionario explicó: “Con el argumento de la crisis del año 2001 la AFA obtuvo del gobierno de Eduardo Duhalde un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios. Se reemplazaba el régimen general (es decir, lo que paga cualquier empresa, quiosco, pyme, asociación o fundación) por un cargo sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.
Sturzenegger dijo: “El truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario (la alícuota inicial, establecida en 2%, era una cargada), pese a que el decreto original, el 1212/03, exigía fuera neutral en términos de recaudación. Por ello se fue llevando el irrisorio aporte inicial del 2%, al 6,5% (Res. 81/05 de la Secretaría de Seguridad Social), luego al 6,75% (Decreto 231/19) y finalmente al 7,5% (por el Decreto 510/23 donde Sergio Massa sumó a la AFA misma como beneficiara). Sorprendentemente (o no) la alícuota nunca generó un equilibrio. ¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado».
Fuertes críticas del Gobierno a la AFA por el pago de aportes jubilatorios: “Le encontraron la trampa a la trampa”
El funcionario advirtió sobre el aumento del rojo de los aportes sociales del fútbol: “Entre noviembre de 2023 (fecha de la última revisión de alícuota) y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7000 millones. Esto porque la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, porque los clubes empezaron a sumar actividades que no tenían que ver con el fútbol pero que, por estar en un club, también gozaban de la exención de aportes al sistema jubilatorio».
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó: “Segundo, porque para eludir el pago, los clubes pasaron de vender entradas a un régimen de “abonos”, los que habían sido convenientemente excluidos del 1212. El resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes. Si en el primer año de Javier Milei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%“.
El Gobierno redobló los cuestionamientos contra Claudio “Chiqui” Tapia, en plena tensión con la AFA
Sturzenegger explicó que el Decreto 939/24 “buscaba dar fin a esta inequidad, para lo que habilitó a una comisión integrada por gobierno y clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en caso que no se pudiera acordar, se volviera al sistema general». El funcionario criticó que “vencido el plazo de seis meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria por lo que el Gobierno pidió a la AFA garantizar cualquier faltante. Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del ‘Chiqui’ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados. Por eso a fin de Abril el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes».
El funcionario dijo que “la casta, y la plata fácil, no se entrega fácil, y en su resistencia encuentra en la justicia un socio útil y eficaz»: “A días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, Dr. Enrique Alonso Regueira –firma no verificada). Así mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados».
Sturzenegger advirtió que el fallo restableció la vigencia del decreto 510/23 “para que el futbol siga con su privilegio, vuelve a habilitar el decreto que nos obliga a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema esté en equilibrio». El funcionario explicó en consecuencia que la disposición 16/2025 fijó en 13,06% “el valor de la alícuota prevista por el artículo 3° del Decreto N° 510/23 de modo de equilibrar al sistema», sumado a una alícuota adicional y transitoria del 5,56% por doce meses “para recuperar el déficit incurrido en este tiempo». Aclaró que “de seguir las condiciones del sistema, la alícuota deberá ser revisada al alza en futuras revisiones”.
El funcionario habló de “costos distribuidos e invisibles que financian beneficios concentrados es la fórmula típica de la casta sindical y empresaria que, con sus aliados de la política, nos ha empobrecido a los argentinos». En una chicana al Congreso planteó que “entre tanto debate sobre jubilaciones” no hubo menciones de legisladores “a este tremendo desfinanciamiento del sistema jubilatorio». Sturzenegger dijo que tienen entre sus objetivos terminar con estas inequidades, “los beneficios de la casta y la hipocresía de la política (y de la justicia también)”.
Federico Sturzenegger, Claudio Tapia, AFA
POLITICA
Cómo funciona el Programa Visa Waiver que permitiría que los argentinos ingresen a los Estados Unidos sin tener que tramitar la autorización de viaje
El gobierno de Javier Milei está a un paso de alcanzar un acuerdo que modificaría profundamente los requisitos para que ciudadanos argentinos ingresen a Estados Unidos.
Este lunes, el gobierno podría firmar un entendimiento clave con Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur y actual secretaria de Seguridad Interior de Donald Trump, para reincorporar a la Argentina al Programa Visa Waiver. Este régimen permitiría a los argentinos viajar a los EE.UU. sin necesidad de obtener una visa tradicional.
Argentina había formado parte del programa durante un período limitado en los años noventa. Desde entonces, perdió el beneficio y sus ciudadanos debieron realizar largos procesos para obtener una Visa B1/B2.
De concretarse, el beneficio para los viajeros podría implementarse antes de fin de año, aunque dependerá de la aprobación de organismos de seguridad estadounidenses y del cumplimiento de condiciones técnicas por parte del gobierno argentino, entre ellas, el intercambio de información de antecedentes penales y datos biométricos.
La expectativa oficial es que, con este paso, Argentina ingrese a una lista selecta de países cuyos ciudadanos pueden acceder al territorio estadounidense con menor burocracia y mayor previsibilidad.
Qué es el Programa Visa Waiver y qué implica
El Programa Visa Waiver (VWP, por sus siglas en inglés) permite a ciudadanos de países habilitados ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por un período de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular. En su lugar, deben completar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), un formulario digital que verifica ciertos datos del solicitante y determina su elegibilidad para viajar.
Qué se necesita para viajar con la ESTA
La ESTA no elimina por completo los trámites, pero los simplifica. Para obtenerla, los ciudadanos deben completar una solicitud online que incluye:
- Datos personales y de contacto
- Información del pasaporte y del empleo
- Dirección del lugar donde se alojarán en EE.UU.
- Un pago de 21 dólares como tasa de tramitación
Además, será obligatorio contar con un e-passport, es decir, un pasaporte electrónico que contenga un chip con los datos biométricos del titular. El documento debe tener una validez mínima de seis meses posteriores al viaje. La libreta se identifica fácilmente por un ícono rectangular con un círculo en el centro, visible en la portada.
Qué países integran el Visa Waiver Program
Hasta hoy, 42 países integran el Programa. La mayoría son europeos —como Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y los países nórdicos—, y en América del Sur solo Chile goza del beneficio. También forman parte del VWP naciones de Asia (Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur) y Oceanía (Australia, Nueva Zelanda).
La inclusión de Argentina ampliaría el acceso regional al programa y se traduciría en una reducción de costos y tiempos para los viajeros frecuentes, turistas y empresarios.
Quiénes quedan excluidos aunque el país esté en el programa
Pese a que el VWP facilita el ingreso, existen excepciones. Las personas que hayan viajado a países como Irán, Corea del Norte, Siria, Libia, Somalia, Iraq o Yemen desde marzo de 2011 deben gestionar una visa tradicional. Lo mismo aplica a quienes hayan estado en Cuba después del 12 de enero de 2021, o sean ciudadanos de alguno de esos países.
La medida también excluye automáticamente a quienes ya hayan sido rechazados en solicitudes anteriores o tengan antecedentes que motiven un mayor control migratorio.
Requisitos para que un país no necesite visa a EE.UU
Para que un país sea admitido dentro del programa debe cumplir una serie de requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre ellos figuran:
- Reciprocidad: garantizar derechos similares a ciudadanos estadounidenses.
- Baja tasa de rechazo de visas: tener una tasa inferior al 3% en las solicitudes de visa de visitante en los últimos años.
- Pasaportes biométricos: emitir pasaportes electrónicos (e-passports) con chip e identificadores biométricos.
- Documentación segura: garantizar que los documentos de viaje sean resistentes a la falsificación y verificables electrónicamente.
- Controles fronterizos eficientes: validar pasaportes electrónicos en todos los puntos de entrada del país.
- Alerta rápida a INTERPOL: notificar robos o pérdidas de pasaportes en un máximo de 24 horas.
- Revisión de pasajeros: controlar salidas y entradas internacionales mediante bases de datos de seguridad, como INTERPOL.
- Repatriación de expulsados: aceptar de vuelta a ciudadanos con orden final de deportación en un plazo de tres semanas.
- Acuerdo de seguridad con EE.UU.: compartir información sobre viajeros que puedan representar una amenaza.
- Aprobación final de EE.UU.: el Departamento de Seguridad Nacional debe confirmar que la inclusión del país no compromete la seguridad estadounidense.
Argentina estaría cumpliendo con la mayoría de estos requisitos gracias a mejoras en sus sistemas de documentación y cooperación internacional. Además, se destaca su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, aspectos valorados por Washington.
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