POLITICA
Pliego secreto: vía licitación privada, el Gobierno contrató a Indra para la elección y avanza con la compra de boletas
La gestión de Javier Milei ya avanzó con las dos contrataciones críticas para llevar adelante las elecciones legislativas de octubre: el escrutinio provisorio -el cómputo de votos de la noche de la elección- y la impresión de boletas. En este último caso se trata de un proceso inédito: hasta ahora, eran los partidos políticos los que compraban sus papeletas de colores. Pero, este año, la contratación corre por cuenta del Gobierno porque se implementará el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una sola página y dispone casillas en blanco para que el elector tilde su preferencia. Los sobres con las ofertas de las imprentas que quieren proveer las boletas nacionales se abrieron el último viernes.
Lo llamativo de los procedimientos que llevó adelante el Poder Ejecutivo es que ambas contrataciones fueron realizadas por Correo Argentino (Corasa), la empresa estatal de servicios postales, que puso en práctica licitaciones privadas. Se trata de un tipo de proceso más expeditivo pero también más opaco que el que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2023, donde hubo una licitación pública internacional en manos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), convocada de forma abierta vía el Boletín Oficial. Las licitaciones públicas suelen estar sujetas a una regulación más estricta y, por lo tanto, son procesos más engorrosos y largos.
Este año, en el caso de la contratación del escrutinio provisorio, el Correo hizo una licitación privada por invitación (fueron convocadas a concursar tres empresas), a sobre cerrado, y donde las ofertas se presentaron en formato papel -en cajas- sin digitalizar. Ganó Indra, la empresa de origen español que en la Argentina fue contratada para realizar todos los escrutinios desde 1997, a excepción de las presidenciales del 2019.
Indra embolsará unos 21.000 millones de pesos, pero los detalles son secretos. Actualmente (con la licitación adjudicada), en la página oficial del Correo Argentino no es posible acceder ni a los pliegos, ni a las ofertas que hubo. En la web de contrataciones del servicio postal solo es posible ver que el 4 de junio se adjudicó el proceso “N° 031MB02074” del rubro “informática” a la empresa española.
En 2017 y 2019, Macri también había tercerizado la organización de los comicios en el Correo Argentino. Pero en 2021 y 2023, ese proceso volvió a estar en manos de la DINE, que convocó a Licitaciones Públicas y difundió la documentación en los portales de contrataciones del Estado. En la etapa de elaboración de los pliegos, además, se convocó a las agrupaciones políticas, a la Cámara Nacional Electoral (CNE), y a ONGs para que realizaran observaciones y sugerencias (no vinculantes) sobre las especificaciones técnicas del contrato.
Aquello no alcanzó, hace dos años, para generar plena confianza en el candidato outsider que hacía su debut en política, Milei. Durante aquel proceso electoral, antes de las PASO, La Libertad Avanza le reclamó a la CNE y a la DINE el código fuente de transmisión de datos de Indra y hasta una lista de empleados, según contó por entonces el asesor de los libertarios, Fernando Cerimedo. El material fue otorgado para que el partido violeta pudiera auditar el proceso. Milei, por su parte, antes del ballotage se hizo eco de tuits que indicaban que Indra era “amiga de (el presidente español) Pedro Sánchez”.
Durante las jornadas electorales, en tanto, se multiplicaron en redes sociales libertarias las acusaciones por irregularidades en perjuicio de Milei. Pero las denuncias no se formalizaron y la CNE advirtió que se hicieron “invocaciones de fraude sin fundamento”.
Este año, en el Gobierno justificaron la decisión de llevar adelante una licitación privada a través del Correo para “unificar a todas las instancias”, ya que el servicio postal oficial, por ley, es el encargado de la transmisión de telegramas desde las escuelas de votación. Señalaron que se evitó que distintos organismos participaran de la organización de los comicios como “compartimentos estancos” que hicieran el proceso “más engorroso y fragmentado”. Por eso, dijeron, la DINE delegó todo en el Correo, que a su vez quedó habilitado para subcontratar de forma privada a distintas empresas para cumplir con la jornada electoral.
Este año, Indra le ganó la pulseada a Smartmatic, que había tenido a su cargo los comicios de 2019, cuando la gestión de Mauricio Macri cambió de proveedor. Aquel escrutinio quedó envuelto en polémica porque, después de las PASO, el veedor informático de la Justicia, Juan Franchino, emitió un informe que señalaba que el recuento funcionó “de forma totalmente defectuosa”.
Además de INDRA y Smartmatic, la gestión de Milei invitó a participar a MSA, la firma que se ocupó de las elecciones porteñas. Pero la compañía no presentó oferta. Según pudo saber , se le otorgó el 60% de la puntuación a la propuesta técnica y el 40% de ponderación a la oferta económica.
Contratación de boletas
Vía la Licitación Privada N° 040RC00518, el Correo Argentino está en proceso de contratar la impresión de boletas BUP. En este caso, sí es posible acceder a los pliegos de la contratación, que aún no fue adjudicada.
Según pudo saber , la intención del Gobierno es repartir el negocio entre varias imprentas que puedan acreditar experiencia. Por ejemplo, con la impresión de papeletas en provincias que ya implementan boleta única, como Santa Fe.
Entre las condiciones para participar del concurso, se solicita a las imprentas que presenten muestras, en talonarios de 368 páginas, de acuerdo al diseño que ya elaboró la justicia electoral. Además, las empresas deben acreditar una antigüedad en el mercado igual o mayor a cinco años, y experiencia en implementación de operativos de impresión de boletas únicas, ya sea municipales, provinciales o nacionales.
“Considerando la sensibilidad del objeto licitado -dicen los pliegos del Correo Argentino- los oferentes deberán declarar tener una capacidad de producción de base diaria de 65.000 m2 de papel, full color, en el término de 30 días contados a partir del inicio de los trabajos”.
Según pudo saber , ya presentaron sus ofertas al menos seis empresas. Entre ellas, estarían interesadas en participar Boldt Impresores (del Grupo Boldt, el holding dueño de casinos y que supo participar de la provisión de patentes de autos); Artes Gráficas del Litoral (una imprenta de Sauce Viejo que tiene como accionista al Grupo Clarín y a capitales santafecinos); Su Papel; New Press Grupo Impresor; e IPESA Industria Gráfica.
El Gobierno deberá costear al Correo Argentino por la contratación del escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas (los $21.000 millones) y por la compra de las boletas únicas (cuyo costo final se desconoce).
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POLITICA
“Conversaciones normales”: el Gobierno relativiza el diálogo con el Reino Unido y afirma que “no es secreto, ni militar”
“No hay nada secreto, ni militar”. En el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, afirman con naturalidad que existe diálogo con el gobierno del Reino Unido, a pesar de las diferencias que implica la cuestión Malvinas. “Desde 2024 se retomaron las conversaciones normales que se tienen con todos los agregados”, señalaron las fuentes gubernamentales, en referencia a los representantes militares y del propio ministerio que cumplen funciones en las embajadas argentinas.
En el caso de la misión diplomática en Londres, acompañan a la embajadora Mariana Plaza el agregado de Defensa, comodoro Bernardo Ian Odoriz, que pertenece a la Fuerza Aérea, y su auxiliar, la suboficial principal Claudia Alejandra Riquelme.
Comentarios de la prensa británica citados por Clarín revelan la existencia de conversaciones entre Londres y el gobierno de Javier Milei sobre entendimientos en el ámbito militar, en una relación atravesada por la disputa sobre la soberanía en torno de las islas Malvinas.
Según trascendió, el gobierno argentino tiene un doble interés en restablecer un diálogo fluido con Gran Bretaña: lograr la incorporación de la Argentina como socio global de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en un vínculo que supere la categoría de “aliado extra” que el gobierno de Carlos Menem consiguió en la década del 90, a partir de su acercamiento a Estados Unidos, y el objetivo de que se derogue el “veto británico” que existe de hecho y condiciona las inversiones para renovar el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.
El plan para convertirse en socio global de la OTAN fue presentado por Petri en abril de 2024 en Bruselas, donde tiene su sede la organización internacional, y, según evalúan en su entorno, “la propuesta va avanzando” y el gobierno argentino espera novedades para fin de año.
En tanto, cerca de Petri dijeron a que el gobierno de Milei no pidió el levantamiento de restricciones puntuales, sino que “las autoridades británicas revisen la política en general, ya que es extemporánea, cuando han pasado ya 40 años de la guerra de Malvinas”. Los argumentos intentan mostrar que “la política ejecutada en los últimos años dañó a nuestras Fuerzas Armadas y empujó a que las administraciones kirchneristas intentaran sumar a Rusia y a china en el Atlántico Sur”. La estrategia de apelar a “los pecados del kirchnerismo” encuentra, así, su versión en el escenario global.
Un artículo publicado en la prensa británica menciona, además, reuniones que el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, del equipo de Petri, mantuvo en un viaje a Londres con sus pares británicos. En algunas de ellas habría participado la embajadora argentina, Mariana Plaza. Las gestiones del funcionario apuntaron a “retomar un diálogo que había sido detonado por el kirchnerismo”, explican en el Ministerio de Defensa.
Esta atmósfera de aparente disposición al diálogo, que constituye un renovado paso para encauzar una relación que alcanzó su punto más cruento hace 43 años, con la Guerra de Malvinas, se da en momentos de fuertes coincidencias entre el presidente Milei y el gobierno de Estados Unidos. Dicha confluencia se cristalizó a partir de la compra de 24 aviones caza supersónicos F-16 a Dinamarca, con un sistema de armas provisto por Estados Unidos, y la reciente reunión bilateral que el ministro Petri mantuvo en Washington con el secretario de Defensa del gobierno norteamericano y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, donde ambos encaminaron las gestiones destinadas a la adquisición de vehículos blindados Stryker para el Ejército.
Ante una consulta de , en las Fuerzas Armadas indicaron que los diálogos que trascendieron con Gran Bretaña apuntan a “contactos entre áreas ministeriales y no entre instituciones militares”. En el Ejército, por ejemplo, se presentan coincidencias en el terreno, como en las misiones de paz de las Naciones Unidas, en Chipre, donde hace muchos años militares argentinos trabajan en forma coordinada con tropas británicas. “Nosotros tenemos más de 300 efectivos y el Reino Unido cerca de 240”, reveló una fuente castrense.
Inevitablemente, la reaparición de un tema sensible como el de la cuestión Malvinas tendrá impacto en el plano local, en momentos en que no se disimulan los cortocircuitos entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien no le incomoda presentarse como “abanderada” del reclamo histórico de la soberanía argentina, tanto en los foros internacionales como en la guerra de 1982, donde combatió su padre, el militar Eduardo Villarruel.
Además del anuncio sobre la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al Tránsito y la Salud, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, brindaron un repaso sobre los organismos estatales y fondos disueltos en el último año del Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos de transporte
“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares anuales en gastos” dijo el titular de la cartera de Desregulación, encargada de implementar la “motosierra” sobre el Estado.
Asimismo, Sturzenegger dijo que el Gobierno no piensa en prorrogar las facultades delegadas: “Fue por un año, el presidente Javier Milei no quiere gobernar con facultades delegadas”.
El Gobierno centralizó la gestión de los hospitales nacionales y reorganizó el Instituto Nacional del Cáncer
Las cambios en el Estado a partir de los 65 decretos
- Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.
- Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
- Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS constituyendo la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”.
- Se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales –estructuras inactivas y sin funciones operativas– y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC.
- Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria.
- Se reorganizaron funciones dentro del ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán.
- Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado.
- Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean para hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía el ANMAT.
- Se disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia. 85% de la plata en sueldos, 1.000 personas en total.
- Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas que significa ahorros de unos 1000 millones de pesos anuales.
- Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático de uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político. 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios.
- Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, Browniano, Newberiano, el Instituto Juan D. Perón y la “Comisión Permanente Nacional de Homenaje al General Juan Domingo Perón”.
- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, del Museo Nacional de Bellas Artes y del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
- Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
- Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro.
- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura (al tiempo que se produce una fuerte desregulación de la industria para darle mayor libertad a los productores).
- Se transformó en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), acotando sus funciones.
- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua.
- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
- Se transformó en unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte.
- Se transformó en organismo desconcentrado la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
- Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años.
- Se transformó en organismo desconcentrado al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
- Se transformó en organismo desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos.
- Se transformó en sociedad anónima el Banco Nación.
- Se fusionó el Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
- Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad.
- Se fusionó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas constituyendo el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD.
- Se reorganizó la Junta de Seguridad en el Transporte, cambian sus funciones y su denominación a AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN.
- Se adecuó la Unidad de Información Financiera (UIF) a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Se eliminaron los créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos.
- Se desregularon las obras de arte.
- Se desreguló el Transporte Automotor de Cargas: entre ellos el RUTA, un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero.
- Se eliminó el pedido de libre deuda a Obras Sanitarias.
- Se eliminó el Registro de Constructores, diseñado para corromper y repartirse la obra pública entre los amigos del poder.
- Se simplificó el mercado de autopartes.
- Se eliminaron trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales.
- Se eliminaron las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad.
- Se eliminó el Fondo Nacional para la Construcción de viviendas de servicio del personal militar.
- Se transformó la Casa de la Moneda, otro antro de corrupción e ineficiencia kirchnerista.
- Se autorizó la privatización de Intercargo, de Corredores Viales y de Energía Argentina S.A.
- Se eliminaron capas de programas, capacitaciones, registros y promociones de Ley de PYME.
- Se liberaron las importaciones para Ciencia y Tecnología.
- Se derogaron los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semi-áridas, Búfalos de Agua y Producción Algodonera. Y cuando todo esté promovido… nada lo estará.
- Se desreguló la importación de pilas. No se fabrican en Argentina, pero si traés una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles.
- Se desreguló las inversiones mineras. Se eliminó un formulario con 1000 campos y certificados innecesarios.
- Se desreguló el mercado de garrafas (GLP). Se eliminaron barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y se liberó la importación para que ingresen más garrafas al país
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Se disolvieron 29 fondos fiduciarios
- Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), que estuvo operativo hasta su extinción en 2018
- Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS)
- Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)
- Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA)
- Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)
- Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)
- Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)
- Fondo Nacional de Emergencias (FONAE)
- Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR)
- Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP)
- Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.)
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
- Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (REFI)
- Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
- Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA)
- Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE)
- Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU)
- Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (PRODAF)
- Fondo Fiduciario para la Vivienda Social
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)
- Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria (INFRA. AEROP.)
- Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF)
- Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
- Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC)
- Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS)
- Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (FFGLP).
- Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
- Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP).
- Se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
- Se concretó la fusión por absorción de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA por parte de PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES SA.
- Se modificaron las leyes de energía 24.076 y 24.065, para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera. Además, se liberó la iniciativa privada para las ampliaciones de red eléctrica para promover la expansión de la red.
- Se definieron las competencias de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, para orientarla a las ciencias duras y su aplicación al sector productivo.
- Se modificó la Ley de Turismo N° 25.997 a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional: como los hoteles sociales de Chapadmalal y Embalse.
La entrada La lista de los organismos que el Gobierno disolvió y fusionó por decreto en el último año se publicó primero en Nexofin.
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Luego de que el Gobierno anunciara este lunes el cierre y la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que dependía del Poder Ejecutivo, desde la oposición criticaron en duros términos la decisión que dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni. “No es eficiencia: es abandono. No es reforma: es desmantelamiento del Estado”, sostuvo José Cano.
El exsenador y exdiputado de Juntos por el Cambio, y extitular de la Unidad del Plan Belgrano Norte durante la gestión de Mauricio Macri también señaló en su cuenta de X: “En un país con rutas destruidas, más accidentes de tránsito y familias que pierden seres queridos por el abandono estatal, Milei decide cerrar Vialidad Nacional”.
Asimismo, se refirió al vencimiento de la emergencia que estaba estipulado en la Ley Bases. “A horas de que se le terminen las facultades delegadas -este miércoles-, decreta el cierre de un organismo clave para la conectividad y la seguridad vial», dijo al tiempo que afirmó: “No es ajuste, es castigo a todos los argentinos. Siguen profundizando el abandono estructural”, completó Cano.
Otra de las voces que se pronunció respecto a la medida del Gobierno fue la de la diputada santafesina Florencia Carignano de Unión por la Patria (UxP) en la misma red social.
“Mañana eliminan Vialidad Nacional y concesionan más de 9200 Km…. Privatizan las rutas, eliminan el INTA [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], eliminan el Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares. Y no se podrán crear nuevos hospitales nacionales», apuntó.
Y reflexionó: “Por qué y de una vez no eliminan a los 30 millones de argentinos que le sobran a este modelo económico que solo beneficia a Javier Milei y sus amigos empresarios”.
“Lo que está quedando de país es inviable -afirmó la diputada-. Luis Caputo andá sacando pasaje, si es que esta vez te logras escapar», concluyó.
La exdiputada de izquierda Myriam Bregman destacó la labor de los trabajadores de Vialidad en todo el país y advirtió que su disolución implicará “un salto en el deterioro de las rutas que ya están gravemente afectadas por la falta de fondos y obras”.
En ese marco, subrayó: “Las y los trabajadores de Vialidad son los que permiten la conexión de infinidad de ciudades y pueblos, realizan la asistencia y el despeje de caminos cuando se producen catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca y Zárate-Campana. Ahora, en pleno invierno, son quienes hacen el despeje de hielo y nieve en las rutas de la Patagonia y regiones de la Cordillera”.
“El gobierno busca privatizar las rutas y la obra pública para favorecer los grandes negociados. Quieren destruir los organismos de control como el de Vialidad, para que las empresas hagan lo que quieran”, aseguró.
Por su parte, el extitular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano publicó también en X: “La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya no existe”.
“Fue destruida por la ignorancia criminal de Federico Sturzenegger y Javier Milei y por la cobarde entrega de los funcionarios actuales. Una tragedia anunciada”, expresó.
El representante de la juventud radical Agustín Rombolá remarcó, en línea con Bregman, el perjuicio a los empleados que desempeñaban tareas en el organismo que cerró Milei: “Cierran Vialidad Nacional, un organismo que garantiza la logística para que nuestros diezmados sectores productivos sean competitivos”.
“5 mil compatriotas sin trabajo. 47 millones, sin obras. Odian al Desarrollo. Odian al Progreso. Odian a la Argentina”, cerró.
En diálogo con LN+, el senador Martín Lousteau se sumó a la defensa de los trabajadores: “¿Saben cuántos empleados tiene Vialidad? 5300. Son muchos. Hay gente capacitada pero no la mayoría. Para planificar la distribución de rutas y que ya no funciona, necesitas gente capacitada. No hay econometristas que miden cuánto tránsito va a pasar, cuál es el costo”.
A diferencia de otras opiniones, dijo que ve como un “acierto” que el Gobierno se replantee la eficiencia del organismo: “Es una estructura que requiere ser modificada. Veo como acierto la preocupación de decir ‘esto así no funciona’. Es como un supermercado donde cada uno de los gobernadores va en busca de su propia obra, que muchas veces no es eficaz para la totalidad del sistema. Por ende, el sistema total de rutas en la Argentina es caro de mantener, porque no está diseñado de manera óptima”.
Asimismo, contrastó: “Dicho esto, si contamos lo pavimentado, tenemos más de 30 mil kilómetros de ruta. Hay una parte que se va a concesionar. Veremos cómo funciona. Veremos cuánto tiempo tarda en ser concesionado, quienes participan, cuándo se adjudican. No tenemos las mejores experiencias en el pasado -consideró Lousteau-. Después está todo el resto que hay que mantener”.
“El Gobierno hizo una explicitación de que [Vialidad] es algo que no funciona. Ahora, ¿qué es lo que se está construyendo que va a funcionar? No lo veo. Como en muchas otras cosas, el Gobierno dice ‘esto no funciona, es ineficaz, hay demasiada gente’. Pero después lo que hace es dejar esa estructura por ahí y tratar de buscar otra solución. En muchos casos, todavía eso no lo vemos. Lo viejo pervive y lo nuevo no termina de arrancar”, concluyó.
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