La empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), manejada por el interventor de los medios públicos, Eduardo González, acordó indemnizaciones millonarias para los directivos que aceptaron retiros voluntarios, pese a que sus designaciones fueron realizadas por motivos políticos durante las gestiones kirchneristas o ya estaban muy cerca de su jubilación.

Las autoridades dijeron que ya se anotaron 450 empleados en el Plan de Retiro Voluntario, para achicar la planta de RTA, donde incluyeron a «un gerente y dos subgerentes» de la TV Pública. Pero se negaron a dar los nombres, por razones de confidencialidad.

Sin embargo, Clarín pudo acceder a información que certifica que acordaron pagarle $81.514.726 millones al subgerente artístico de la TV Pública, Oscar Gómez Alé, en el marco del Plan de Retiro Voluntario 1 de RTA. El directivo de 57 años ingresó en 2009 y su salario era de $4.528.596.

Además, acordaron pagarle $39.413.361 a la subgerente de Legales, María Eugenia Martínez, como jubilación anticipada, dentro del Plan de Retiro Voluntario 2 de RTA, que es un esquema especial para el «personal que se encuentre próximo a cumplir la edad jubilatoria».

De ese total, a Martínez ya le pagaron $19.729.146 en efectivo y acordaron abonarle nueve cuotas mensuales de $2.685.528, los primeros cinco días de cada mes, a partir de septiembre, además de la cuota de la medicina prepaga. La funcionaria ingresó en 2005 a la TV Pública, su mejor salario fue de $3.550.754 y tiene 64 años.

Otro caso que llamó la atención en la TV Pública fue el de la subgerente de Producción, Nora Chirom, a quien acordaron pagarle $47,1 millones pese a que la semana que viene cumple 64 años.

La funcionaria Chirom trabaja desde 1994 en la TV Pública. Su salario era de $3.017.347. Por su retiro voluntario ya le pagaron $17.500.615 en efectivo y acordaron abonarle 14 cuotas mensuales de $2.112.143, más la cuota de la medicina prepaga.

Otra funcionaria que se anotó para el Plan de Retiro Voluntario es la gerenta de Administración y Finanzas de RTA, Marisa Rosano, pero todavía no arregló la cifra de su desvinculación.

Su necesidad de irse de la TV Pública es tan alto que incluso Rosano se ofreció a pagar los gastos de la escritura para apurar el trámite, ya que debe ingresar a su nuevo trabajo el próximo lunes 2 de septiembre.

Otros funcionarios que también se habrían anotado para el Plan de Retiro Voluntario, serían Pablo Giles, gerente de Medios Digitales, y Analía Senega, subgerente Administrativa. Pero aun no habrían acordado los términos de su desvinculación con las autoridades de RTA, según fuentes consultadas por Clarín.

«Cuando llega una gestión designa a los gerentes, pero después muchos no quieren renunciar y negocian indemnizaciones millonarias, como las que ahora firmaron con la gestión libertaria muchos que llegaron con el kirchnerismo», dijo un empleado de la TV Pública que pidió mantener su anonimato.

Y agregó: «Lo más insólito es que algunas funcionarias que estaban de antes y se tenían que jubilar, porque ya tenían 64 años, arreglaron irse con sumas millonarias. Más casta que estos directivos no se consigue», se quejó un empleado que conoce de cerca estos casos.

Los empleados que trabajan en la empresa RTA recordaron a Clarín las indemnizaciones millonarias que consiguieron algunos periodistas K en los últimos años, que también provocaron fuertes cimbronazos.

Uno de esos casos fue el del Carlos Barragán, exconductor de 678, quien le ganó un juicio a RTA por su trabajo como conductor de un programa en Radio Nacional. El monto del fallo, que se dictó en abril de 2023 fue de $ 15.099.994.

La empresa estatal tendrá que agregarle los intereses, más las costas de abogados y peritos, así que debería pagar más de $ 50 millones este año por el juicio que perdió con Barragán, por un programa que condujo en Radio Nacional, entre 2011 y 2015.

El de Barragán es similar a los que ganaron otros periodistas como Jorge Halperín, Roberto Caballero, Pedro Brieger y Orlando Barone, que también habían sido contratados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por sus afinidades políticas, pero que se dieron por despedidos cuando cambió la programación y no tuvieron espacio durante la gestión macrista.

En uno de esos juicios, Jorge Halperín cobró $ 27,9 millones en el mes de febrero del año pasado, más otros $ 9 millones en abril de 2022, que a valores actuales superan entre ambos los $ 100 millones. Y el periodista K reclama que le paguen otros $ 5 millones de «sumas adeudadas», más los intereses.

Halperín trabajó ocho años en Radio Nacional, hasta fines de 2015. Y en enero de 2022 retornó a la emisora estatal, como resultado de su juicio por el que también logró ser reincorporado.

Además, Orlando Barone cobró $ 15 millones de indemnización de la TV Pública, en 2022 (la cifra actualizada supera los $60 millones).

Está previsto que Roberto Caballero cobre este año más de $ 40 millones de indemnización de un juicio que le ganó a Radio Nacional.

De todos estos juicios, la mayor condena judicial fue la que logró el periodista acosador Pedro Brieger, que le ganó un juicio a RTA por el que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle $ 224 millones, por considerarse despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016.

El del periodista acosador Brieger es el único juicio que los medios públicos apelaron ante la Corte Suprema durante la gestión de Rosario Lufrano, en octubre del año pasado, por considerar «exorbitante» el monto de la indemnización.