Mediante el decreto 1136/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación con la firma de Javier Milei y sus ministros, todas las competencias relacionadas con el manejo del fuego fueron transferidas desde la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Aunque desde el Poder Ejecutivo argumentan que se trata de una decisión “puramente operativa”, algunos activistas y organizaciones ambientales critican la medida y la califican de “ir en concordancia con el negacionismo climático del Gobierno”, según señaló Enrique Viale, abogado y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Desde la gestión mileísta, se ha reconocido que las carteras de ambiente y cambio climático no solo no son una prioridad, sino que se consideran una idea “enemiga dentro de la batalla cultural”. Varias acciones respaldan esta postura: la degradación del Ministerio de Ambiente a subsecretaría; los recortes presupuestarios a la protección de bosques nativos, parques nacionales y el manejo del fuego; el retiro de la delegación argentina de la COP29 y la no adhesión al Pacto para el Futuro.

“A mí me preocupa mucho que Seguridad tenga tantas atribuciones vinculadas a la política ambiental”, advierte Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Según Nápoli, esta medida refleja la falta de priorización de la agenda ambiental por parte del Gobierno y la desarticulación de las estructuras estatales responsables.

Sin embargo, tanto desde la Jefatura de Gabinete como desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes afirman que el objetivo es “aprovechar la experiencia del Ministerio de Seguridad en la gestión de riesgos”. En concreto, destacan el trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), dirigido por Ignacio Cabello, encargado de coordinar organismos de prevención, manejo y recuperación frente a emergencias.

Según el Gobierno, este cambio mejorará la operatividad frente a los incendios, un aspecto que fue criticado en administraciones anteriores tanto por sectores ambientalistas como agrícolas. “La gestión del fuego fue siempre lo más difícil y conflictivo”, admiten desde la secretaría a cargo de Daniel Scioli.

“Pero llevar a Seguridad el manejo del fuego es quitar las variables más importantes que tienen que ver con la prevención y con el cambio climático”, sostiene Viale. Para él, atender un incendio va más allá de la gestión de riesgos; implica también la educación ambiental, la prevención y la regulación de la expansión indiscriminada del campo hacia áreas protegidas, entre otros factores que usualmente inician los incendios.

Ante estas críticas, desde la Jefatura de Gabinete sostienen que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) “seguirá funcionando con los mismos estándares y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 26.815″. Esta norma establece la coordinación entre la Administración de Parques Nacionales, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires, además del Ministerio de Seguridad, e incluye medidas de “prevención y presupresión del fuego, además del combate”.

Sin embargo, para Nápoli este argumento carece de sentido operativo y está más relacionado con cuestiones conceptuales: “Para este Gobierno los incendios son solo una emergencia, los factores que provocan los incendios no son un tema que reciba tanta atención”. Hay que recordar que, según información oficial, el 95% de los incendios son provocados por el ser humano.

Además, Nápoli advierte que la política ambiental sufrió un deterioro notable este año. Un reporte de FARN publicado en agosto señala que los recursos asignados al Fondo Nacional de Manejo del Fuego fueron congelados en términos nominales y su ejecución fue mínima en el primer semestre. “Para agosto no se había desembolsado el presupuesto total para el manejo del fuego, y los fondos para los vuelos de los aviones hidrantes, por ejemplo, fueron mucho menores que en años anteriores”, detalla Nápoli.

El informe también mencionaba un recorte sustancial en las partidas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que después fue disuelto en octubre por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según Nápoli, estas políticas complementarias a la prevención de incendios están prácticamente abandonadas.

“Y ahora que sabemos que se mantiene el presupuesto 2023 para el año que viene, nos preguntamos cuánto se destinará realmente a los temas ambientales, incluido el manejo del fuego”, concluye Nápoli.

Para FARN, persisten dudas sobre cómo el Ministerio de Seguridad abordará la prevención de incendios y la protección de bosques, competencias que para ellos corresponderían a una cartera especializada, en un contexto de recortes presupuestarios. Tampoco queda claro cómo será la coordinación con las provincias. LA NACION intentó obtener la palabra del Ministerio de Seguridad sobre este tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.