Luego de que el propio Ministerio de Capital Humano presentara una denuncia contra el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de esa cartera Pablo de la Torre por presuntas irregularidades en la contratación de personal a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió iniciar una investigación para conocer si otras carteras del Poder Ejecutivo también habían llevado adelante convenios a través de ese ente internacional con sede en Madrid.

Según pudo saber TN, entre 2022 y lo que va del 2024, el Estado argentino selló diversos convenios con la OEI por más de $25 mil millones, de acuerdo la información que los ministerios y organismos descentralizados de la administración pública le entregaron a la PIA. La procuraduría que conduce Rodríguez los está analizando en pos de detectar posibles irregularidades.

La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo de crédito que inyecta dinero para programas específicos. Pero en otros casos los ministerios le transfieren millonarias sumas de dinero para que lleve adelante contrataciones, asesorías o licitaciones. En Capital Humano creen que algunos de los contratos que se sellaron en 2024 con la OEI fueron una pantalla y se usaron para hacer caja. En particular, apuntaron a un convenio por $1000 millones para contratar profesionales externos.

La denuncia que se presentó daba cuenta que a fines de mayo Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, reveló que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y que parte era para De la Torre. La sospecha era que había contrataciones falsas para cobrar ese dinero. La acusación formal fue formulada por Leila Gianni, subsecretaria de Legal de la cartera de Sandra Pettovello. El caso por supuestas irregularidades recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González impulsó el caso. En paralelo la PIA tomó estas medidas.

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En este sentido, la PIA le requirió a Capital Humano que le informe qué sumarios internos y sanciones se impusieron antes de efectuar la denuncia sobre estos convenios en la mira, pero hasta el momento eso no ocurrió.

La PIA investiga posibles contratos sospechosos entre el Gobierno y la OEI por más de $25 mil millones

De acuerdo a datos que recopiló la PIA, en 2022 se realizaron convenios durante la gestión de Alberto Fernández por $7.000 millones con la OEI, mientras que un año después, el último de la administración anterior, el monto se duplicó y trepó a $13.000 millones. En tanto que en 2024 ya se registran acuerdos por unos $10 mil millones.

El organismo que comanda Rodríguez recibió información de Obras Públicas, Cultura, Ciencia, exMinisterio de Mujeres, Educación, Anses, Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, entre otros.

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La PIA está investigando qué clase de contratos se llevaron adelante entre el Estado y la OEI, es decir, los métodos de contratación, tipos de proyectos, con qué finalidad se llevaron adelante, y en particular, si hay irregularidades en la contratación de personal a través de este ente: es que en algunos convenios se detectó que era el propio ministerio el que seleccionaba a la persona, es decir, la OEI simplemente le pagaba. ¿Por qué entonces no se efectuaba una contratación directa sin intervención de este organismo?

El su propio descargo, la OEI acepta que es el contratante el que selecciona al profesional. “En relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la OEI llevó a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia. La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta“, indicaron en el texto.

Lo que no se descarta en la PIA es que esta clase de convenios con la OEI podrían haber saltado los mecanimos de control interno de contrataciones de la Administración Pública nacional.

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