POLITICA
Por la detención de Edgardo Kueider, el Gobierno analiza la destitución de otros legisladores con causas
El Ejecutivo elaboró una lista en la que se encuentran Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, ambos del bloque peronista.
El escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider, aliado del oficialismo, desató una fuerte disputa en el Congreso. En respuesta a los intentos del kirchnerismo de avanzar con su destitución, el Gobierno elaboró una lista de legisladores con causas judiciales abiertas y planea convocar una sesión especial el próximo jueves para tratar su remoción. Ese mismo día, Unión por la Patria buscará expulsar a Kueider, quien fue detenido en Paraguay por contrabando de divisas.
La Casa Rosada defiende a Kueider, sosteniendo que “todavía no fue juzgado, no hay motivos para destituirlo”. Además, busca exponer lo que consideran un “doble estándar” del kirchnerismo, que condena al senador por adelantado mientras pide garantías de debido proceso en otros casos. Fuentes cercanas a Javier Milei confirmaron que entre los legisladores señalados por el Gobierno están Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, ambos vinculados al bloque peronista.
El kirchnerismo busca remover a Edgardo Kueider para recuperar una banca en el Senado
La situación se agrava por el impacto político que tendría la salida de Kueider en el Senado. Si este perdiera su banca, sería reemplazado por una senadora camporista, lo que complicaría aún más al oficialismo en un cuerpo donde ya enfrenta dificultades para avanzar en temas clave, como la designación de jueces de la Corte Suprema. Kueider, quien apoyó la ley Bases, es considerado un voto crucial para el Gobierno en un contexto de polarización con el kirchnerismo.
El oficialismo rechaza las acusaciones de sobornos lanzadas por Cristina Kirchner tras la detención de Kueider. La expresidenta sugirió que el Gobierno podría haber financiado al senador para lograr su respaldo en la votación de la Ley Bases. “Nos dieron una buena idea”, respondieron desde el círculo de Milei, justificando así la confección de la lista de legisladores con investigaciones judiciales que ahora será debatida en la sesión especial.
POLITICA
La Justicia limitó el alcance del impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner
El Tribunal Fiscal de la Nación dictó un fallo que excluye ciertos bienes del cálculo del “Aporte Solidario y Extraordinario” (ASE), más conocido como “impuesto a la riqueza”. La resolución se basó en un caso en el que un contribuyente cuestionó la inclusión de un fideicomiso “irrevocable” constituido antes de la entrada en vigencia de la ley 27.605, promulgada en diciembre de 2020.
El tribunal sostuvo que los bienes transferidos a un fideicomiso irrevocable no pueden ser incluidos en la base imponible del tributo, ya que el constituyente pierde el control efectivo de los mismos. Según el fallo, la ley no distingue entre fideicomisos revocables e irrevocables, pero únicamente los bienes sobre los cuales el contribuyente conserva algún tipo de participación o control deben ser gravados.
El impuesto, impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller durante la pandemia, buscaba recaudar fondos para paliar los efectos del Covid-19. Sin embargo, generó controversias desde su implementación. En 2021, el ASE recaudó menos del 60% de lo proyectado y fue criticado por desalentar inversiones, llevando a que empresarios migraran hacia jurisdicciones como Uruguay.
El demandante basó su defensa en el principio de “capacidad contributiva” y el derecho de propiedad, argumentando que el fideicomiso irrevocable fue constituido en 2019, antes de la promulgación de la ley y fuera del “período de sospecha” definido por la normativa. El tribunal rechazará la hipótesis de maniobras elusivas, favoreciendo al contribuyente y dejando sin efecto el cobro del tributo por parte del fisco.
El fallo también resalta las contradicciones de la reglamentación del ASE, que en su artículo 3 exige incluir bienes de fideicomisos o fundaciones privadas en la declaración de los contribuyentes. Este precedente podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones sobre el impuesto polémico que, desde su origen, estuvo en el centro del debate económico y político.
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