POLITICA
Por la interna con Kicillof y su situación judicial, Cristina Kirchner no descarta postularse a diputada provincial

Cristina Kirchner se embarcó personalmente en la pelea interna con Axel Kicillof. A tal punto, que en un encuentro con intendentes alineados con la conducción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, les aseguró que está dispuesta a presentarse como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, la más populosa de la Provincia y la que está bajo su predominio político desde hace dos décadas.
La definición, confirmada a LA NACION por fuentes partidarias, no se interpretó solo en términos de la interna peronista: también se dejó entrever que la expresidenta buscaría contar con fueros parlamentarios de “completa inmunidad” desde el día de la elección -que Kicillof podría desdoblar y convocar para julio- hasta el cese de su mandato, el 10 de diciembre de 2029, de acuerdo al artículo 97 de la Constitución bonaerense.
“Yo le creo a Cristina. No me pareció humo lo que dijo. Si Axel desdobla, ella juega y se queda con la tercera, además de los fueros. En la historia de la Provincia nunca hubo un desafuero de diputados o senadores”, deslizó un dirigente al tanto de lo conversado entre la presidenta del PJ nacional, Máximo Kirchner y un grupo de intendentes el domingo por la noche en el predio del gremio Secasfpi (Anses) en Ezeiza, al suroeste del conurbano.
Casi al mismo tiempo que Cristina Kirchner afirmaba ante los intendentes -y a su propio hijo Máximo- que está dispuesta a “jugar fuerte” en la elección bonaerense, se anunciaba que su abogado Carlos Beraldi daría este lunes una conferencia de prensa en la sede del PJ nacional a raíz de la presentación del último recurso de la expresidenta ante la Corte Suprema en la causa Vialidad. La interna y la “persecución” judicial, todo en el mismo escenario.
Por eso no llamó la atención de los comensales -un asado servido en un quincho sindical lindante con el clásico restaurante El Mangrullo– que Cristina vinculara la disputa de liderazgo con Kicillof con su devenir judicial. No lo hizo de manera directa, de acuerdo a las fuentes consultadas, pero la mayoría entendió la jugada doble por el control territorial del conurbano y los fueros parlamentarios. Este lunes, ella no hizo nada por desmentir la versión.
Entre los intendentes que escucharon el domingo por la noche a la presidenta del PJ nacional estuvieron Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Entre ellos cayó como un balde de agua fría el documento de los 44 intendentes que apoyaron el desdoblamiento de Kicillof.
En el encuentro se comentó que “los que firmaron el documento de Kicillof son de muchos municipios pero tienen pocos votos”. De hecho, hicieron una cuenta: “sacaron 1.303.262 votos en las PASO de 2023, contra 4.330.382 que obtuvo el gobernador al ser reelecto”. De esa forma, buscaron hacerle notar al mandatario provincial que no puede prescindir de ellos -ni menos de Cristina Kirchner- si quiere mantener con vida su proyecto de cara a 2027.
Los anfitriones de la cena fueron Carlos Ortega, el secretario general del gremio de Anses que tiene la aspiración de ser candidato a intendente de Zárate en 2027; y su mujer Soledad Alonso, una diputada provincial con quien conforma un matrimonio de poder. Ambos son kirchneristas de paladar negro. También ellos escucharon de boca de Cristina Kirchner hablar de una posible candidatura a diputada por la tercera sección electoral.
La versión también incluía a Sergio Massa como socio de Cristina y Máximo Kirchner en la interna peronista. Decía que el tigrense estaba dispuesto a ser candidato a legislador provincial en la primera sección electoral, pero fuentes del Frente Renovador lo rechazaron. Y anticiparon que el próximo sábado el exministro-candidato reunirá a su tropa bonaerense en San Fernando. Allí se darán cita intendentes, diputados nacionales y provinciales.
POLITICA
“Señores, de pie”: Hace 40 años cambiaron la historia. Hoy vuelven a la sala donde ocurrió todo
“Declárase abierto el acto”, anunció León Carlos Arslanian, que presidía el tribunal el lunes 22 de abril de 1985. El juicio a las juntas militares había empezado. “Nunca sentí tanta incertidumbre en mi vida como el fin de semana previo”, cuenta hoy Ricardo Gil Lavedra, que esa mañana de abril de hace 40 años, con anteojos grandes y bigotes largos, estaba sentado en el estrado a dos sillas de Arslanian frente a una sala de audiencias repleta.
La Policía había mandado a tapiar los gigantescos vitraux de atrás del estrado por miedo a que hubiera francotiradores al otro lado de la calle Uruguay, pero había muchas otras amenazas y los jueces lo tenían claro.
Ahora, cuando se cumplen cuatro décadas del inicio de aquel juicio histórico, reunió a Arslanian, Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz en esa misma sala en la que ellos, con Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio, fallecidos, llevaron adelante el juicio. Implementaron sobre la marcha un proceso inédito, escucharon los testimonios más aberrantes, resistieron amenazas y discutieron entre ellos hasta el hartazgo para obtener una condena sin precedentes a las cúpulas de la dictadura que hasta poco tiempo antes concentraban el poder. Y todo en tiempo récord.
La sala, revestida íntegramente en madera oscura, ya no se usa para juicios y se conserva casi sin cambios. Los mismos bancos, escritorios, sillones de los jueces. “Creo que han sacado el crucifijo que estaba arriba de donde dice ‘Afianzar la Justicia”, señala Valerga Aráoz. “Y acá esta silla no iba”, dice Ledesma, que, sobre el estrado que domina la sala, empuja uno de los sillones de los jueces para recrear un escenario idéntico al de hace 40 años. Los muebles pesan como si fueran de piedra maciza.
“Los sillones son tan grandes que teníamos abajo un banquito para los pies”, cuenta Gil Lavedra. “Ahora nos vienen bien”, le contestan por lo bajo y todos se ríen. “Es que antes los jueces eran gigaaaaaantes”, dice Arslanian.
Pero el lugar que los excamaristas sienten realmente como su casa, es otro: una sala lateral, con acceso al estrado, que tiene solo una gran mesa decagonal y paredes cubiertas de libros; muchos ahí desde antes de 1985.
“Esta era nuestra cocina. Donde se discutía todo -dice Valerga Aráoz-. Acá pasábamos días enteros”. Fueron, en total, 14 meses de convivencia desde que empezaron a planear cómo sería el proceso. Los jueces se juramentaron la transparencia sería total; que todo se resolvería entre esas cuatro paredes y que hablarían con los demás sobre cualquier llamada, pedido o advertencia del exterior. “Era imposible hacer una empresa de esta envergadura si vos no confiás ciegamente en el otro”, dice Gil Lavedra.
A diferencia del estrado, donde iban rotando según quién tuviera la presidencia, en la mesa de la sala de audiencias tenían asientos fijos. “¿Te das cuenta? Nos sentamos cada uno en su lugar”, dice Arslanian mientras se acomodan en torno a la mesa. Nadie duda cuál era la silla propia, pero discuten sobre dónde estaban los demás. Otra vez les sobra una silla. “Está bien. Acá se sentaba el secretario cuando venía a informarnos”, zanja el debate Gil Lavedra. La dinámica de la discusión sobre detalles de los recuerdos es siempre bastante parecida: debaten un buen rato, llegan a un acuerdo y no discuten más, pero alguno sigue pensando que no fue así.
“Creo que en el juicio nunca hubo una disidencia”, recuerda Valerga Aráoz. Una disidencia formal, porque discusiones hubo infinidad, pero el que no estaba de acuerdo terminaba cediendo en función de la mayoría. Hoy son conscientes de que hicieron juntos la mayor proeza de sus vidas y si ya entonces se ofrecían confianza total, ahora se sienten hermanos.
Arslanian se reclina en su silla y levanta la cabeza. “Tirábamos los papeles hechos un bollo, los borradores, a la lámpara que colgaba del techo, que era como una palangana”, cuenta. “Eran nuestros escapes para distendernos… Al que no le gustaban nada las bromas era a Andrés”, recuerda Gil Lavedra.
Y Ledesma agrega en tono de confesión: “A mí, las relaciones con D’Alessio me costaban…”. Ellos dos eran los más discutidores. Venían de una misma sala porque para el juicio se juntaron las dos salas de la cámara, de tres jueces cada una. El tercer juez de la Sala II, con D’Alessio y Ledesma, era Valerga Aráoz, que, según Arslanian, compensaba porque era “una especie de monje conciliador”.
“Pero, ¿quién resolvió el tema cuando casi se agarran a piñas?… el malo de Ledesma”, dice el propio Ledesma, provocador. El cruce fue entre D’Alessio y Gil Lavedra, en el principio del juicio.
Fue un día en el que José María Olgeira, el abogado de Roberto Viola, se peleó en plena audiencia con Augusto Conte Mac Donell, padre de un joven desaparecido que estaba en el público. Arslanian, que presidía, ordenó detener al abogado y los jueces se retiraron a la sala de acuerdos. “Teníamos un tipo detenido. A los cinco minutos nos llegaban habeas corpus pidiendo por él, los otros abogados estaban como locos y discutíamos porque no teníamos idea de cómo salir –relata Gil Lavedra-. El que puso calma fue el Negro, que empezó a escribir una solución y nos fuimos serenando.”
Esos primeros días era vital para ellos demostrar que el juicio no se les iba a ir de las manos.
“Los encargados de ejecutar el plan criminal y tenían el poder de mando seguían en los cuarteles. Eran los mismos tipos que habían secuestrado, torturado… El riesgo era muy grande. De hecho, las circunstancias nos dieron la razón. Apareció Semana Santa [por el levantamiento militar de 1987]…”, dice Arslanian. “Por eso, no podíamos aplicar la matriz y los tiempos de la justicia federal porque el juicio iba a languidecer”. Para cumplir su cronograma, los jueces hacían audiencias hasta las 3 de la mañana si era necesario.
Cuando empezó el proceso, Arslanian les dijo una frase que recuerdan siempre. “Que teníamos que actuar como un trueno entre las hojas. Trataba de infundirnos, a mí mismo y a mis queridos compañeros, la fuerza, la convicción.”
El clima era muy adverso. Incluso los jueces amigos les trasmitían desconfianza. “A mí me vino a ver el presidente de la Corte Suprema, José Severo Caballero –dice Arslanian-. Me dijo: ‘No sé si es el momento, piensen, esto es muy difícil… Puede ser una suspensión, alguna nulidad, algo que, digamos, ponga paños fríos’. Como diciéndonos que no se hiciera el juicio”. Valerga Aráoz asiente: “A mí me dijo lo mismo en una quinta, delante de otra gente”.
Gil Lavedra añade que al principio tampoco contaban con un gran apoyo social. “Se fue gestando a medida que se fue conociendo la verdad. La enorme mayoría de la población desconocía lo ocurrido. El velo se empezó a correr con el informe de la Conadep y con el juicio. Cuando empezaron los testimonios de las víctimas no había nada que discutir. Ahí estaba la verdad”, relata. Torturas, violaciones, secuestros, asesinatos. Fueron más de 800 testigos.
Ledesma dice que incluso él se enteró en plena audiencia de “muchas cosas que eran subterráneas”. Y dice: “Yo pensé que algo había, pero no pensé que llegaban a este grado… tan aberrante”. En cuanto a los acusados, recuerda que no mostraron el menor rastro de arrepentimiento: “Soberbia total”.
Los excamaristas destacan el rol del expresidente Raúl Alfonsín como el “padre” del juicio y de la Conadep, comisión de notables creada por él para reunir las denuncias, como la base del proceso. “Sin la Conadep este juicio no se hacía porque juntó la prueba, y después Julio la extrajo de ahí”. Julio es Strassera, el fiscal del juicio, a quien los camaristas le reconocen un enorme mérito. Junto con Luis Moreno Ocampo, su fiscal adjunto, eligieron los “casos paradigmáticos” que presentaron al tribunal y promovieron las condenas.
“La Conadep fue la primera comisión de la verdad del mundo. Hacer lo que hizo, en nueve meses, fue extraordinario”, dice Gil Lavedra. Recuerda que los defensores se quejaban y decían el trabajo de la Conadep era prueba que no habían podido controlar, pero se esmera en aclarar que la sentencia se basó en testimonios que se escucharon todos en el juicio.
La sentencia fue por 709 casos. El juicio duró siete meses y medio. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. También se condenó a Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, que perdieron además su rango militar. Los otros cuatro acusados fueron absueltos (Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo).
En 1986, poco después del juicio, empezaron los movimientos militares y el Congreso sancionó en 1987 la ley de Obediencia Debida, que la Corte convalidó. En ese momento, ellos empezaban a juzgar los crímenes del I Cuerpo de Ejército y de la ESMA. Los dos procesos se cerraron.
Los cuatro jueces destacan hoy, como uno de los méritos del juicio que llevaron adelante, que ya no se discuten los crímenes aberrantes de la dictadura. Sí tienen algunas diferencias en sus miradas de lo que vino después.
Gil Lavedra dice: “Hoy hay una corriente que no llega a ser negacionista, porque nadie discute que los hechos ocurrieron, pero sí pretende quitarles su verdadera importancia y poner de resalto los delitos de las organizaciones armadas en la década del 70, que nadie discute que fueron gravísimos y tendrían que haber sido juzgados. Fue el plan criminal lo que evitó que eso sucediera”. Y, más explícito, afirma: “El último video del 24 de marzo [difundido por el Gobierno] reproduce la línea de defensa que tenían los excomandantes”.
Ledesma está convencido de que a Milei “no le importa nada el tema [de los derechos humanos]”. Y afirma: “Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con los juicios seguidos después de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, reabiertos durante el kirchnerismo, y dice que en esos procesos “se cometieron infinidad de prevaricatos y se pusieron unas penas enormes”.
“Yo en lo que sí estoy de acuerdo es en que se investiguen los hechos de la subversión –dice Valerga Aráoz-. Era la opinión de Alfonsín, que también había ordenado la investigación de las organizaciones subversivas y así se condenó a prisión perpetua a Firmenich y a otros más.” Mario Firmenich fue indultado por Carlos Menem, que lo mismo hizo con los condenados en el Juicio a las Juntas.
Los excamaristas conocen las diferencias de sus miradas sobre cómo evolucionaron los procesos sobre los crímenes de los ’70. “Tampoco discrepamos tanto”, dice Gil Lavedra.
En cuanto a la actualidad coinciden, con sus matices, en cuestionar las designaciones en la Corte por decreto y en criticar el funcionamiento de gran parte de la Justicia.
Poco después del Juicio a las Juntas, los cuatro dejaron los tribunales y desde entonces ejercen como abogados. Por sus estudios pasaron como clientes –y siguen pasando- personajes de la vida pública y grandes empresarios. Arslanian, peronista, y Gil Lavedra, radical, fueron además ministros de distintos gobiernos. Gil Lavedra fue también diputado y hoy preside el Colegio Público de la Abogacía de la Capital. Los cuatro siguen conociendo de primera mano el funcionamiento de los tribunales.
“Se ha ido produciendo una relación promiscua entre el Poder Judicial y el poder político –dice Arslanian-. Desde hace mucho tiempo se ha invadido a la Justicia y se la va debilitando. Se van generando puentes de unión complejas”.
Gil Lavedra asiente: “No solo los poderes políticos, sino también los económicos. Y hay una muy fuerte desconfianza pública sobre la imparcialidad de los jueces. Es muy importante recuperar esa confianza. Celebro en este sentido que en materia penal se esté avanzando con el sistema acusatorio”.
“La Justicia no respeta principios fundamentales. Tiene códigos para cada causa. La Justicia actual no es Justicia”, sentencia Ledesma. En este grupo cada uno tiene un rol y “El Negro” es siempre el más terminante. Los demás lo escuchan y sonríen. Después de 40 años no podrían conocerse mejor.
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anécdotas e historias de un Papa político al que le gustaba «peronchear»

Papa Francisco
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Atentado a CFK: citaron a declarar a cuatro policías que investigaron las irregularidades luego del ataque

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declarar a cuatro policías que investigaron las irregularidades detectadas en las horas posteriores al atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La principal apunta a la situación de Brenda Uliarte, ex novia de Fernando Sabag Montiel, quien se escapó de la Policía a pesar de que tenía una consiga policial. Todos deberán declarar como testigos a partir de este jueves.
Los cuatro policías citados estuvieron a cargo del sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Hace tres semanas, cuando decidió reasumir la investigación por el atentado, la jueza ya había destacado la importancia de ese legajo. Dijo que “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”.
La principal irregularidad apunta a la actuación de la Policía Federal, que dejó escapar a Brenda Uliarte dos días después del atentado. Un video, que se agregó al expediente y fue revelado por Clarín, muestra que la joven salió de un edificio ubicado en Montes de Oca al 1200, donde se juntaba la banda de los “copitos”, y no fue detenida, pese a que ya había una orden de detención vigente.
En la puerta del edificio había dos efectivos de inteligencia de la PFA. ¿Por qué no la detuvieron en el momento o la siguieron para que alguien la detenga?
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Ciudad el 4 de septiembre de 2022, cerca de las 21 horas. “En el lapso temporal entre que Uliarte salió del domicilio hasta que fue detenida por el secretario y la custodia del juzgado, la PFA no se comunicó con el tribunal”, dijo una fuente con acceso al expediente.
Efectivamente, Uliarte fue detenida esa noche en la estación de tren de Palermo a partir de los datos que aportó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), que logró geolocalizar el celular de la joven por orden de la Justicia. Para la Justicia, esa fue otra irregularidad grave. “La PFA no fue a la DAJUDECO, donde se estaba haciendo una escucha directa del teléfono”, explicó uno de los investigadores.
La jueza Capuchetti reasumió hace tres semanas la causa por el atentado a Cristina Kirchner, donde se investiga, entre otras cosas, si hubo autores intelectuales. El expediente estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022. La decisión ahora debe ser ratificada por la Cámara Federal.
Entre sus primeras medidas, la magistrada pidió una copia del sumario policial y dio muestras que en esta nueva etapa de la investigación iba a apuntar a la Policía Federal.
Para este jueves fue citada la comisario mayor Sandra Judith Carral Leiva. También declararán Mirna Edith Speranza, Roberto Méndez, y Mónica Fabiana Carracedo.
La actuación de la Federal respecto a Uliarte se suma a la polémica en torno al teléfono de Sabag Montiel. La primera fuerza que accedió a ese aparato fue la PFA, que intentó abrirlo en la sede del juzgado la madrugada posterior al atentado. El comisario Alejandro Ñamandú convenció a la jueza que la PFA tenía “personal calificado”. Pero terminaron convocando un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia.
El segundo destino fue la PSA. La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, la oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio oral que el sobre con el teléfono estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.
El último intento de abrir el teléfono ocurrió hace menos de un mes, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.
Capuchetti no descarta impulsar un nuevo intento para acceder al contenido de ese celular. “No será con la Gendarmería”, aclaró una fuente judicial. También hay nuevas medidas de prueba previstas. Todo está supeditado a la decisión de la Cámara Federal, que debe ratificar si la jueza puede reasumir la causa.