«El objetivo del Gobierno es privatizar la mayor cantidad de empresas posibles», grafica un importante dirigente del oficialismo que todas las semanas recorre los pasillos de la Casa Rosada. Y la sentencia se explica tanto por la propia doctrina libertaria como también por la necesidad que tiene el Ministerio de Economía de conseguir dólares. Por eso a las pocas firmas autorizadas a vender a partir de la sanción de la Ley Bases, se podrían sumar algunas vinculadas a Defensa como Tandanor y Fabricaciones Militares pero también el Correo Argentino.

El propósito del oficialismo no es sólo atraer divisas que permitan revitalizar las arcas del Banco Central sino también contener la salida de dólares por el déficit de las empresas públicas. El modelo aplicado en la metalúrgica IMPSA, en la que se abrió la puerta a una venta con el reciente ingreso de una firma norteamericana, podría imitarse e incluso convertir sociedades del Estado en sociedades anónimas para así permitir el ingreso de capitales privados.

Se trata, en última instancia, de una estrategia de acumulación de divisas producto de las demoras en la liquidación del campo y en que recién en noviembre se podría avanzar en un nuevo acuerdo con el FMI. En este sentido, el Gobierno también buscará vender bienes inmuebles del Estado y se ilusiona con recaudar unos US$ 1.000 millones con esta operatoria.

La Ley Bases autorizó la enajenación total de Enarsa e Intercargo, y en forma parcial de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA. En despachos oficiales se ilusionan con una próxima concesión de ésta última más la venta del Correo Argentino y Tandanor.

Esas dos firmas habían sido excluidas de la ley, al igual que Fabricaciones Militares (FM) y Fadea (Fábrica Argentina de Aviones). También la mencionada normativa posibilita el ingreso de capital privado (con un programa de propiedad participada) en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y en el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Desde ATE alertan que las tierras de FM y de la Subsecretaría de Vías Navegables «son un botín jugoso» y no descartan que la primera pueda transformarse en sociedad anónima. Coincide con este análisis el ex presidente de la firma militar, Iván Durigón, que recordó que por Fanazul -una de las cinco unidades de FM- hay interés de firmas israelíes para reactivar «la planta de TNT y también podrían asociarse privados a la productora de municiones de Fray Luis Beltrán». Para el ex funcionario, el Gobierno podría cambiar el estatus de las unidades de negocios con un decreto sin pasar por el Parlamento. «Va a desfinanciar FM y luego venderla por partes», conjeturó.

También Fadea quedó fuera del listado de empresas a privatizar en la Ley Bases. Pero en Defensa intentaron promover su venta con datos de una auditoría interna, que constató «la baja cantidad de aviones producidos e incumplimientos que se ven reflejados en mayores costos». Nuevamente asoma la necesidad de cortar la salida de divisas.

Sin embargo, un colaborador del Presidente, más realista, indicó a este diario que «sí vamos avanzar con más privatizaciones en diciembre de 2025 con mejores números» en el Congreso.

Lo cierto es que las empresas que ya están listas para concesionar deben atravesar un trámite administrativo de la Auditoría General de la Nación, que debe pasar el scanner sobre cada firma para así poder cumplir los pasos legales para una ulterior operación. Este proceso demora 30 días hábiles.

En el oficialismo, con todo, hay una necesidad de engrosar las reservas del Banco Central. El envío de lingotes de oro a Londres «para obtener un retorno», según las palabras del ministro Luis «Toto» Caputo, da cuento de esa pretensión. El timonel de Economía y técnicos de Jefatura de Gabinete intervienen en la elaboración de la posible venta de empresas públicas. El flamante ministro Federico Sturzenegger, en principio, sólo podría brindar asesoramiento sobre el tema.

«Pero lo que se pueda obtener con el oro y con las privatizaciones son gotas en un océano. Hacen falta entre 10 mil y 15 mil millones de dólares para levantar el cepo», observó un histórico dirigente libertario, hoy alejado de la mesa chica presidencial.