El Gobierno mandó a Diputados la reforma del Régimen Penal Juvenil -que incluye la baja de imputabilidad a los 13 años– y en la oposición están de acuerdo en dar el debate pero surgen reparos.

Aunque todavía no hay una hoja de ruta diseñada, el proyecto presentado por la ministra Patricia Bullrich se debatiría en las comisiones de Legislación Penal y Justicia.

Como el texto ingresó en pleno receso invernal, los bloques todavía no lo conversaron puertas adentro. Sin embargo, todas las bancadas tienen propuestas sobre el tema.

Hay otras siete iniciativas con estado parlamentario. Entre ellas hay de Cristian Ritondo (PRO), de Carla Carrizo (UCR), de Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), y Eugenia Alianello y Agustina Propato de Unión por la Patria. Además de otros de La Libertad Avanza.

Pero ya hay cuestionamientos a la propuesta oficial. La mayoría de la oposición coincide con bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. «Bajarla a 13 no existe en ninguna parte del mundo», señala una legisladora radical de peso.

En la oposición señalan que la discusión sobre la edad es insuficiente si no hay una reforma integral del sistema. Por eso le advierten al oficialismo que buscarán una discusión «seria» y no fuegos de artificios para la tribuna.

«Lo de delito de adulto, pena de adulto no es así», coinciden en distintas bancadas. Señalan, incluso, que no es lo mismo un adolescente que un joven. Por eso los proyectos plantean diferenciaciones entre los 14 y 15 años, que entre los 16 y 18.

En el oficialismo plantean que hay régimenes especiales o sistemas de infracciones a partir de los 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago. Igualmente reconocen que podrían ceder en elevar a 14 la edad de imputabilidad si existe consenso.

La iniciativa de Bullrich señala, además, que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

El punto del «alojamiento» en caso de detención será otro foco de discusión. Muchos creen que no debe ser un sector apartado dentro de una cárcel común, aunque todos coinciden que no pueden estar junto a mayores de 18.

Otro punto de debate tiene que ver con la intensidad de los delitos. El proyecto de Ritondo, por ejemplo, plantea distintos grados de penas que van desde la amonestación, la reparación a la víctima o la prestación de un servicio a la comunidad; hasta libertad vigilada, internamiento terapéutico o internamiento en centro especializado.

El proyecto de Carla Carrizo, por su parte, señala que los adolescente entre 14 y 16 años serán penalmente responsables a partir de delitos cuya pena máxima sea superior a los 10 años. Es decir, delitos graves. Por su parte, las penas de prisión para los menores de entre 14 y 18 años no podrán superar el máximo de 10 años y deja excluidas la pena de prisión perpetua.

«El problema existe y hay que legislar bajo parámetros internacionales. Pero no alcanza con solo reformar la ley, se debe responsabilizar con parametros de cuidado y politicas. También van a necesitarse otras leyes que refuercen como la de Carolina Losada, que propone penalizar a los adultos que organizan y promueven los delitos con menores», señaló Carrizo a Clarín.