POLITICA
Procesan a funcionarios y docentes de una universidad por desviar fondos e inventar facturas
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco empleados y docentes de la Universidad de San Martin (UNSAM) por fraude a raíz del desvío de fondos públicos, realizado mediante la contratación simulada de servicios inexistentes y el uso de facturas apócrifas.
Se trata de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. En esta causa, el exrector de la UNSAM Carlos Ruta ya tiene procesamiento firme, dijeron a fuentes judiciales.
Todos ellos había sido investigados desde hace años y sobreseídos por la Cámara Federal, pero ahora la jueza Capuchetti reunió nueva evidencia sobre el desvío de recursos y los procesó.
Los fondos públicos provenían del Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) que en su oportunidad firmó un convenio con la UNSAM por asesoramiento técnico.
En 2017, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia porque había irregularidades en la rendición de esos recursos.
Apuntaba a fondos girados a lo largos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Una auditoría detectó irregularidades por unos 8.898.167 de pesos.
Los fondos eran asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces conducía Julio De Vido.
Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.
La jueza ya sabe quienes participaron del cobro del dinero, pero está reuniendo información y delegó en la fiscalía la profundización de este aspecto del caso.
“Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”, escribió la jueza.
La maniobra consistía en facturar supuestas tareas no precisadas a empresas inexistentes para así apoderarse de los fondos. “Las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”, dice el fallo.
“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas”, señaló.
La jueza también destaca la presentación sospechosa de facturas de arquitectos, psicólogos, profesores de gimnasia y comprobantes apócrifos, incluso de imprentas cercanas a la propia universidad. Toda una serie de elementos que fundamentan la existencia de un armado para inventar gastos.
Los testigos declararon que no hicieron las tareas que supuestamente estaban indicadas y para las que se efectuaron los pagos.
POLITICA
Patricia Bullrich cuestionó las candidaturas testimoniales: “Hacerse concejal siendo intendente es un fraude total”
El comienzo de semana en la política nacional estuvo marcado por el cierre de las listas de candidatos para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. En ellas, hay intendentes que se encuentran en actividad, que se postulan nuevamente a tan solo dos años de haber sido electos en sus municipios. Ante esta situación, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó las candidaturas testimoniales y aseguró que “hacerse concejal siendo intendente es un fraude total”.
“Yo estoy en contra de las candidaturas testimoniales. A mí me parece que si uno se presenta a una elección tiene que ser capaz de saber que tiene depositado una cantidad importante de votos, algunos más, otros menos. Hay que cumplir con eso“, comenzó diciendo Bullrich en diálogo con LN+.
“Por supuesto que hay muchas veces cuando un Gobierno asume necesita determinada gente que fue elegida, por ejemplo, a diputado o senador, para un determinado cargo. Pero volver al mismo cargo es total y absolutamente un fraude”, continuó la ministra de Seguridad y consideró: “Hacerse concejal siendo intendente es como un fraude total”.
De igual forma, la funcionaria aclaró que “puede haber excepciones”; por ejemplo, “si de golpe un presidente necesita una persona que ha sido elegida para un cargo, para un lugar distinto, porque hace falta por una determinada situación”.
“Ahora, la regla tiene que ser que el que se presenta tiene que asumir. Es decir, sería un fraude hacerlo de otra manera”, reiteró y agregó: «Es muy importante que aquel que se presenta a una candidatura lo haga porque quiere representar a aquel que lo votó y aquel que lo votó y lo vota con la convicción de que esa persona va a cumplir esa tarea».
Tras dar su opinión sobre las candidaturas testimoniales, Bullrich fue consultada sobre la posibilidad de que ella ocupe un lugar en alguna de las listas nacionales. Los rumores comenzaron luego de que el presidente Javier Milei compartiera una foto desayunando con la ministra hace unas semanas. Sin embargo, la titular de la cartera de Seguridad ya había descartado en otra oportunidad haber debatido sobre una eventual candidatura.
“No sé. Es algo que todavía se está hablando, pero no hay ninguna decisión. Yo voy a hacer lo que el equipo en el que estoy decida”, afirmó ahora.
Además, agregó: “Me parece fundamental no abandonar de ninguna manera esta tarea que se está haciendo en seguridad. Que haya continuidad, porque hay mucha confianza en lo que se está haciendo. Entonces, si me toca ir a otro lugar, que aún no lo hemos hablado, va a haber un equipo muy sólido que se va a quedar ahí. Pero todavía no puedo dar una palabra porque no está decidido, no se ha terminado de discutir”.
Sobre la demora en la toma de la decisión sobre su posible candidatura, Bullrich explicó que “hubo mucha concentración en las listas de la provincia de Buenos Aires”.
“El armado en la provincia de Buenos Aires lleva trabajo. Son 135 distritos con concejales, intendentes y consejeros escolares, algo que habría que borrar de una vez por todas del mapa, cambiando y modernizando las instituciones de la provincia de Buenos Aires”, continuó.
De cara a los comicios de septiembre, Bullrich planteó: “Para nosotros dar una batalla en la provincia de Buenos Aires, ya que lo plantearon así separando las elecciones, es importante. Hasta ahora hubo concentración en esa elección. Ahora hay que elegir los candidatos para todo el país, que es una elección relevante”.
La respuesta al pedido de los senadores kirchneristas para que los policías no puedan usar los baños del Congreso
Con una carta fechada el 16 de julio y dirigida a Victoria Villarruel, ocho senadores kirchneristas, entre los que está Oscar Parrilli, pidieron a la vicepresidente que no permita que los policías y gendarmes que trabajan en la custodia del Congreso los días de protestas puedan utilizar los baños de la Cámara alta.
Además del hombre de confianza de Cristina Kirchner, la misiva la firman Silvia Sapag, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares, Sergio Leavy, María Eugenia Duré y Gerardo Montenegro.
“Desde el Honorable Senado debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, aseguran el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones administrativas”, establece el texto al que accedió Infobae.
Por su parte, la ministra calificó este pedido como “absolutamente elitista”. “Es como una jerarquía que no puede mezclarse con alguien que los está cuidando”, analizó. Antes, en un mensaje publicado en su perfil de X, había pedido “un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”.
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POLITICA
El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz
El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.
El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.
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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.
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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.
En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.
El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.
“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.
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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.
Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.
De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.
PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.
El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.
Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.
En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.
En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.
La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.
Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.
La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.
El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.
“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.
Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.
Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.
Marcela De Langhe
La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.
En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.
La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.
Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.
Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.
Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.
El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.
Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.
diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra
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