POLITICA
Procesaron al juez acusado de robar 144 monedas de oro que estaban bajo custodia de un juzgado de San Isidro
El juez Martín Poderti, actual integrante del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Mar del Plata, fue procesado por el delito de malversación de caudales públicos. Se trata de una causa donde se investiga la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas en el marco de una causa donde se investigaba a una banda narco cuando el funcionario judicial cumplía funciones como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
La decisión fue tomada por el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba. Para el magistrado, existe “un cuadro de cargo suficiente para tener por acreditada, con el grado provisorio de esta etapa, la autoría y responsabilidad que en el suceso, le cabe a Martín Luciano Poderti”, según se desprende de la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
Hace dos meses, el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, a cargo del expediente, había solicitado que se dicte el procesamiento de Poderti.
“Teniendo en cuenta el cuadro probatorio reunido en la causa, estima esta parte acreditado, más allá de toda duda razonable, que sustrajo las monedas de oro conforme se le imputa y que corresponde, por tanto, que el juzgado interviniente decrete su procesamiento”, había afirmado en su dictamen el representante del Ministerio Público.
Ante una consulta de LA NACION, Poderti, de 49 años, dijo estar “shockeado” por la decisión del juez Canicoba. Sostuvo que ya instruyó a sus abogados defensores a presentar la apelación del procesamiento y que espera revertir la situación en la Cámara Federal de San Martín.
“Voy a dar la batalla que tenga que dar. Es una decisión prematura [la resolución del procesamiento]. No hicieron ninguna medida probatoria que solicité”, sostuvo el juez Poderti.
El faltante de las monedas se detectó el 9 de abril pasado, cuando Poderti ya cumplía funciones en el TOF de Mar del Plata. Como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar.
Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad.
Poderti fue indagado el 22 de agosto pasado. “No tengo nada que ver con el faltante de las monedas y desconozco quién pudo haberlas tomado”, sostuvo el imputado.
El juez es defendido por los abogados Gastón Marano y Alejandro Bisbal. Reconoció haber ingresado en la caja de seguridad 844 de la sucursal San Isidro del Banco Nación, donde estaban depositadas las monedas y otros objetos de valor secuestrados durante la investigación, pero afirmó haberlo hecho en “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles” que estaban bajo su conocimiento.
Según el expediente judicial, las monedas de oro, que corresponden a cinco denominaciones distintas y con procedencia de origen de distintos países, desaparecieron en una fecha incierta entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Rodolfo Tamborini, que terminó absuelto por la Justicia.
En su indagatoria, Poderti enumeró “las razones o motivos” por los que, afirmó, no cometió el robo por el que está acusado. “En primer lugar, soy un funcionario honesto, lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo en mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento. Desde esa mirada sería absolutamente absurdo y casi burdo haber dejado evidencia que me conectaba directamente con ese robo. En segundo lugar, no hay ninguna explicación razonable por la cual alguien que tiene acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas. No se explica robar una parte y dejar otra, entre las que se hallaban elementos de mayor valor como, por ejemplo, lingotes de oro, un reloj marca Rolex y algunos anillos”, dijo.
El faltante fue descubierto el 9 de abril pasado cuando Matías Pietronave, que cumplía funciones como secretario penal del juzgado conducido por el juez Mirabelli, fue a la caja de seguridad.
“Una semana después de esto, concurre el doctor Mirabelli con Pietronave a constatar lo que ya estaba constatado. Si bien no tengo ningún elemento de prueba ni sospecho de la honorabilidad de estos funcionarios, reitero que yo no robé ninguno de estos efectos. En ese marco, solicito que se investiguen todas las líneas e hipótesis que puedan haber. Tengo 31 años de ejercicio en esta actividad judicial y nunca vi que se investigara una sola hipótesis”, afirmó el magistrado imputado.
El caso en el que está procesado Poderti se conoció a principios de julio pasado, cuando se hicieron una serie de operativos en Mar del Plata, en San Isidro y en Tigre.
Personal de la Policía Federal Argentina, por orden del juez Canicoba, allanó el despacho del juez Poderti en el TOF de Mar del Plata, situado en un edificio de Luro y Santiago del Estero.
Durante la requisa, se secuestró documentación, un teléfono celular con su correspondiente chip de línea, tarjetas de memoria, una computadora personal y otros elementos que fueron considerados de interés para la causa.
El juez Canicoba, además, dispuso confirmar el embargo sobre los bienes de Poderti hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos.
“Es indignante y una vergüenza tener en la magistratura federal a una persona de esta calaña. Procesado por sustraer valores que debía custodiar y respecto de quien se acaba de iniciar otra investigación por hechos idénticos en otras causas con valores secuestrados judicialmente y que estaban bajo su custodia. Debe ser separado de su cargo de inmediato”, dijo a LA NACION el abogado Marcelo Rocchetti, representante legal de Tamborini, el denunciante.
En el fallo, el juez Canicoba aclaró que “al evaluar que Poderti no registra antecedentes penales y la escala punitiva prevista para el delito que se le imputa, he de mantener su libertad toda vez que en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, esta podría ser de ejecución condicional”.
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