POLITICA
Promueven al hermano del vocero Manuel Adorni a un cargo clave en el Ministerio de Defensa

Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial y legislador porteño electo Manuel Adorni, fue promovido a un cargo clave y de la mayor jerarquía en el Ministerio de Defensa: es el nuevo presidente de del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Francisco Adorni reemplaza a Betina Surballe, quien dejó ese cargo para asumir la presidencia del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la semana pasada.
Francisco Adorni viene haciendo “carrera” en Defensa: pasó de “asesor” a ser nombrado auditor en abril de 2024, y ahora a presidente del IAF, nada menos. Como auditor con sueldo entonces de 4 millones de pesos, lo que fue resaltado lo mismo que su condición de hermano del vocero, en medio de despidos en el sector público, ajustes y conductas que venían de ser criticadas como el nombramiento de parientes en Estado.
El encumbramiento de Adorni hermano implica un avance del karinismo en el Ministerio de Defensa. El ministro Luis Petri tenía en esos lugares clave a gente de su riñón, como el mendocino Roberto Fiochi, quien pasó del IAF a IOSFA en noviembre pasado, y renunció la semana pasada en medio de la crisis de la obra social. Y la contadora Surballe. Los Adorni reportan a la hermana presidencial, Karina Milei.
En un comunicado, Defensa expresó esta mañana que “la designación de Adorni a cargo del IAF, representa una decisión estratégica para asegurar la continuidad del proceso de saneamiento y transformación que se viene desarrollando con grandes avances desde diciembre del 2023”.
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POLITICA
Cristina Kirchner apelará ante la Corte Interamericana, pero sus chances son escasas: el desaire de la Corte, el caso Petro y la advertencia de Zaffaroni

Desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Cristina Kirchner comenzó a correr el plazo de seis meses para que la expresidenta acuda con su caso ante la justicia internacional. Este domingo, el abogado de la expresidenta Alberto Beraldi confirmó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria”, se envalentonó.
Días atrás, Gregorio Dalbón, otro abogado de la expresidenta, anticipó vía X que acudirá a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI).
La intervención de la CIDH está contemplada de manera explícita en un artículo del nuevo Código Penal, el 366, inciso f, que señala los motivos por los que podría revertirse una condena firme, como la que pesa sobre la dos veces presidenta en la causa Vialidad.
Sin embargo, las chances de que prospere un planteo ante ese tribunal son remotas, según deslizó días atrás Eugenio Zaffaroni, un jurista ideológicamente afín al kirchnerismo que fue miembro del tribunal por cuatro años. Además, no está clara la fuerza normativa de un eventual fallo en favor de la expresidenta y los antecedentes de la CIDH tampoco abren perspectivas alentadoras para la expresidenta.
En primer término, ese tribunal no está facultado, en principio, para revertir sentencias de tribunales nacionales. Su función es la de garantizar que los países que suscriben a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Argentina, no violenten su contenido, cuyo acatamiento asumieron al adherirse al pacto. Su tarea, explican fuentes judiciales, es comparable a la que realiza la Corte Suprema respecto a la Constitución.
Sin embargo, de constatar que un caso particular presenta violaciones al Pacto de San José de Costa Rica -como también se conoce a la convención- la CIDH puede ordenar al Estado miembro que ponga en marcha alguna medida restaurativa para enmendar la garantía vulnerada. En principio, un Estado suscripto al pacto tendría escaso margen para desatender un fallo así.
La Argentina adhirió al pacto en 1984 -seis años después de que entrara en vigor- y con la reforma constitucional de 1994 le dio a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. Pese a ello, en una sentencia de 2018, estando ya vigente el nuevo código procesal, la Corte Suprema se negó a plegarse a lo resuelto por la CIDH.
En el marco de un caso sobre libertad de expresión, el tribunal internacional pedía revertir un fallo contra el periodista Jorge Fontevecchia que había sido avalado por la propia Corte Suprema en 2001. Es decir, la CIDH le pidió a la Corte que vaya contra su pronunciamiento.
No ocurrió. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que acatar la orden sería “transformar a [la Corte IDH] en una ‘cuarta instancia’”, lo que implicaría “un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina”.
En ese sentido se expresaron Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo en 2021, y los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El fallo quedó rodeado de cuestionamientos, avivados en parte por el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda: afirmó que el deber de cumplir con la CIDH era un principio básico del derecho. Maqueda dejó el cargo en diciembre del año pasado.
Existe otro fallo de la CIDH que sí puede encender alguna expectativa en la expresidenta y al mismo tiempo jugarle en contra. En 2012, el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue destituido como alcalde de Bogotá −su cargo en aquel entonces− y sancionado por la Procuraduría General a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el servicio de recolección de basura de la capital colombiana.
El caso llegó a la CIDH, que en 2018 falló en favor de Petro, luego de emitir cautelares en el mismo sentido. El tribunal sostuvo que los derechos políticos del mandatario fueron vulnerados (artículo 23 del pacto) porque fue un órgano administrativo el que instrumentó la sanción y no un “juez competente” a través de una condena. “La sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa”, se lee en la sentencia. El juez Zaffaroni integró aquella Corte. En su voto, afirmó la existencia de una “persecución política y discriminación” contra Petro y denunció “lawfare”.
En el caso de Cristina Kirchner, no obstante, todos los “jueces competentes” involucrados en el proceso −más de una docena− fallaron en el mismo sentido. La expresidenta, así, tampoco podrá llevar ante el tribunal siquiera un voto de algún magistrado, puesto que no hubo ninguno que la encontrara inocente por el delito de fraude al Estado.
Otra sentencia de la CIDH −anterior al caso “Fontevecchia”− sí fue acatada a nivel local. Fue citada por el propio Maqueda en su disidencia de 2018. Se conoce como “Mohamed”, por el apellido del condenado, un colectivero que atropelló y mató a una señora, fue absuelto por un tribunal y condenado luego por otro.
Tuvo resonancias internacionales porque la apelación de Mohamed a esta segunda sentencia condenatoria fue desestimada, una decisión que incumplió con el estándar del “doble conforme”, es decir, la garantía de que una primera sentencia pueda ser recurrida.
El caso llegó a la CIDH, que resolvió en favor de Mohamed: sostuvo que, al no respetarse esta garantía, se había incurrido en una violación de sus derechos humanos.
Nada de esto ocurrió, sin embargo, con la expresidenta. Su procesamiento fue revisado por la Cámara Federal, que lo ratificó, y su sentencia, confirmada por la Cámara de Casación, creada en 1991 para cumplir con el estándar internacional del “doble conforme”. Y si bien su recurso extraordinario para acudir a la Corte fue rechazado, el máximo tribunal sí escuchó y contestó cada uno de los reclamos en su queja.
Por ejemplo, los ministros dijeron −a través del juez de Casación Gustavo Hornos− que las obras públicas elegidas para ser auditadas “no fueron arbitrarias ni antojadizas”, como alegaron las defensas, o que las conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios aludidas, que buscaban probar una presunta conspiración, eran “conjeturas” que no alcanzaban a probar imparcialidad, además de que muchos de los más de 20 funcionarios que intervinieron en el proceso fueron designados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la escena internacional, surgió un planteo desde Bolivia sobre los derechos políticos cuando el expresidente Evo Morales, desafiando un referéndum adverso, buscó presentarse para un cuarto mandato, algo prohibido por la Constitución de su país.
En 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva –una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica− tras una solicitud especial del Gobierno de Colombia, por la que definió que la “reelección indefinida” −por la que Evo Morales todavía insiste− no era un derecho humano. En este caso, Zaffaroni también votó en disidencia: sostuvo que la CIDH no es competente para juzgar las formas de gobierno que adoptan los Estados.
Además de las dudas respecto al alcance de un eventual fallo, están los largos tiempos procesales del tribunal. El recorrido de los casos comienza en la Comisión Internacional del organismo que evalúa si amerita o no elevar el caso a la Corte. Ese proceso es muy largo, según dijo Zaffaroni en declaraciones a Radio 10. “No va a servir para nada”, anticipó, antes de que se conociera el fallo. Y añadió: “Tiene que pasar por la Comisión y la Comisión Interamericana demora años en resolver. De modo que no, en el sistema interamericano la cosa no funciona”.
POLITICA
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POLITICA
En sintonía con LLA, los senadores del PRO también rechazaron el aumento salarial que generó polémica

Los senadores del PRO rechazaron aumentarse el sueldo, en medio de la polémica que generó el aumento de la dieta parlamentaria, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Lo hicieron a través la nota fue presentada a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.
“En un contexto donde millones de argentinos hacen un esfuerzo enorme, creemos que la dirigencia debe estar a la altura y dar el ejemplo con señales claras de compromiso con la realidad del país”, indicaron los legisladores a través de un comunicado.
La polémica surgió luego de que se conociera que los senadores percibirán más de 9,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 10.000) el mes próximo, tras la actualización de sus dietas.
Villarruel optó por desvincularse de la controversia y firmó el decreto 344/25, que habilitó la adecuación de los salarios, pero dejó en manos de cada senador la posibilidad de aceptar o rechazar el aumento. Así, al igual que el PRO, La Libertad Avanza ya anunció que rechazará el incremento.
“A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y, para ello, los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, afirmaron los legisladores libertarios en el comunicado oficial.
A su vez, los senadores del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto para donar al Garrahan el aumento de sus dietas. La iniciativa establece que la donación será voluntaria y que los recursos se utilizarán para la compra de insumos y equipamiento.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
En abril de 2024, los legisladores también sumaron una dieta adicional a las 12 existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única excepción fue Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar a la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras una nueva paritaria, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año. Al finalizar ese plazo, la responsabilidad de una nueva decisión recayó sobre Villarruel, quien extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo, advirtiendo que sería la última vez que tomaría una medida de ese tipo y que, en adelante, la resolución debería surgir de los propios bloques en una sesión.
En su momento, el propio presidente Javier Milei cuestionó el aumento salarial de los senadores. En 2024, señaló: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre (2023). No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos».
“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias”, planteó.
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