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Protectores de animales críticos con Javier Milei: «Entre una vaca y un perro no hay diferencia»

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“Más del 80 por ciento de los argentinos tienen animales como parte de sus familias, y esto significa que tenemos gran empatía hacia los animales”, sostuvo Romina Viscarret. Sin embargo, aseguró que, desde febrero, el país “ha retrocedido cincuenta años en materia de derecho animal”, con la vuelta de una práctica que había sido prohibida durante medio siglo.

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El decreto 133 habilita la exportación de animales vivos hacia destinos lejanos, principalmente en Medio Oriente. La referente de Sinergia Animal advirtió sobre las condiciones extremas de estos traslados: “Imaginate ser un animal cuyo destino es el matadero, pero que además de matarte, te envíen en viajes que pueden durar más de cuatro semanas, a expensas del calor extremo, el frío, la lluvia, sin atención veterinaria adecuada”.

Viscarret describió estos traslados como “una crueldad innecesaria” y llamó a la sociedad a posicionarse más allá de las elecciones alimentarias personales: “No hace falta que ningún argentino sea vegano ni vegetariano para estar en desacuerdo con esta iniciativa”.

Desde la ONG exigen la derogación del decreto y están evaluando medidas judiciales. “Todavía mantenemos la esperanza de que este decreto presidencial, que no pasó por instancias como el Congreso, pueda ser derogado”, remarcó. Y apuntó contra el presidente Javier Milei: “Un presidente que aboga públicamente por su amor por los perros, queremos apelar a esa empatía para que se dé cuenta que entre una vaca y un perro no hay diferencia alguna”.

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Consultada por el accionar legislativo, Viscarret fue tajante: “Desde el Congreso, en este momento, no se puede hacer demasiado”, aunque destacó que algunas organizaciones están iniciando litigios contra la normativa.

En su crítica a los fundamentos económicos detrás de la decisión, enfatizó: “El libre comercio no puede ser nunca una excusa para hacer un retroceso en la jurisprudencia legal”. Y subrayó que ni siquiera el propio sector ganadero que sacrifica animales está de acuerdo con la medida: “Entonces realmente yo me pregunto, ¿cuál es la ventaja del libre comercio? ¿Qué beneficios va a tener esto para los argentinos?”.

Viscarret cuestionó la contradicción del gobierno: “Si queremos estar dentro del mapa mundial, ¿queremos atrasar o queremos evolucionar?”. En ese sentido, mencionó ejemplos internacionales: “Australia, el segundo exportador de animales vivos del mundo, ya está estableciendo prohibiciones. El Reino Unido directamente lo abolió hace dos años”.

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Finalmente, interpeló directamente al presidente: “Invito al señor Milei a que mire a los ojos a su perro y se pregunte si le gustaría que a sus animales los traten así”.

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El Gobierno prepara el operativo de seguridad antes de la marcha del PJ: «Vamos a tomar las medidas necesarias»

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Guillermo Francos, jefe de Gabinete, habló antes de la movilización que tiene planificada el peronismo el próximo miércoles para acompañar a la expresidenta, Cristina Kirchner, a presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

En diálogo con ¿Y mañana qué?, el funcionario dijo: “No tenemos miedo, tenemos que ocuparnos de una decisión que tome la Justicia y actuaremos en consecuencia”.

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Leé también: Condena a Cristina Kirchner: el PJ puso en pausa la definición de candidaturas y se enfoca en sumar apoyos para la marcha a Tribunales

Sobre la tensión que se espera en las calles, opinó: “Somos los que administramos el Estado nacional y ejercemos el poder para que la Justicia y el orden se cumplan. Vamos a ejercer nuestra responsabilidad como corresponde y tomar todas las medidas necesarias dependiendo de la resolución que tome la Justicia”.

Además, sostuvo que tiene que primar “un poco de racionalidad” en este contexto. Sus declaraciones fueron en referencia a los eventos violentos que se vivieron tras el fallo de la Corte contra CFK, como el ataque a los estudios de Artear: “Los episodios que han sucedido parecen parte de un armado, de una especie de caldo de cultivo para que el hecho sea conmocionante”.

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Por otro lado, en relación con el pedido de prisión domiciliaria que pidió Cristina para quedarse en su departamento de Constitución, Francos agregó: “Por ahí San José 1111 no es el lugar más recomendable, pero la Justicia tiene que resolver varias cosas”.

Leé también: La Justicia analiza darle prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en los próximos días para desactivar la marcha del miércoles

En ese sentido, se espera que este martes el Tribunal Oral 2 (TOF2) defina si accede o no al pedido de la expresidenta antes de la marcha que se organiza para el miércoles. También existen dudas sobre si la dirigente del PJ tendrá una tobillera electrónica o su custodia se encargará de monitorear que se quede en su domicilio.

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Para cerrar, el jefe de Gabinete se refirió a la estrategia de La Libertad Avanza en Buenos Aires, ahora sin la figura de CFK como candidata: “Los primeros momentos del fallo son los momentos donde ella se hace fuerte desde la oposición, pero después va caminando hacia un debilitamiento político y van a surgir otros liderazgos”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Guillermo Francos, cristina kirchner

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La política, en suspenso hasta el miércoles

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Como si fuera la conclusión de formales siete días de luto, el perokirchnerismo tiene toda su energía puesta en dar el miércoles el adiós a la libertad de Cristina Kirchner con un acto masivo de apoyo en Comodoro Py (o donde sea). Aspiran a que sea más multitudinario que el de hace nueve años, cuando la expresidenta se presentó en esos tribunales, y apuestan a que sea más un principio que un final, pero carecen de demasiadas certezas.

En principio, son demasiadas las versiones que indican que la expresidenta condenada no tendría que presentarse en los tribunales de Retiro para ser notificada de las condiciones de su prisión domiciliaria y cumplir el resto de los aspectos formales para que empiece a ejecutarse la pena. Los trámites se llevarían a cabo en lo que a partir de entonces será su casa-prisión.

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Hasta los propios kirchneristas creen que la Justicia (y cuanto dependa del Gobierno) no le facilitará esa deseada locación simbólica para escenificar el lanzamiento de la campaña “Cristina libre”. En la Casa Rosada prevén “un día de tensión en tribunales”, para lo cual empezarán a planificar un “superoperativo de seguridad”, al mismo tiempo que harán todas las gestiones necesarias y posibles para evitarlo. Por lo menos, en Comodoro Py. No quieren un cortejo histórico que una Constitución con Retiro.

Aunque eso no cancelaría la manifestación. La necesita y a ella apuesta todo el cristicamporismo para recuperar centralidad en la escena nacional por mejores motivos que una condena por corrupción y, más domésticamente, pero no menos importante, para sentarse a discutir con sus rivales internos desde una mejor posición el armado electoral para los comicios bonaerenses de septiembre, que el tsunami de la condena firme puso en pausa.

Más allá de la magnitud que pueda alcanzar la movilización, que tiene en vilo al Gobierno tanto como a la política toda y que es el desvelo del peronismo bonaerense, han pasado mucho tiempo y demasiadas cosas puertas afuera del kirchnerismo, pero sobre todo puertas adentro, desde aquel 13 de abril de 2016, en Comodoro Py, cuando hacía solo cuatro meses que la exbipresidenta se había despedido de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo desbordada de militantes.

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Cristina Kirchner no tenía aún una condena firme por corrupción, sus derechos (aunque no sus potencialidades) electorales estaban intactos, no había sucedido el catastrófico gobierno de Alberto Fernández (y de ella misma) y el perokirchnerismo no había perdido las elecciones presidenciales a manos de un outsider que hacía solo dos años debutaba en política y llegaba con el mandato de terminar un ciclo de agonía con una motosierra.

Tampoco entonces le había surgido un desafiante interno, encarnado en Axel Kicillof, quien fue su último ministro de Economía y luego su (provisional) hijo político, devenido en un rival indigerible. Sobre todo para el hijo biológico de la exmandataria, a quien ella pretende ahora ungir como un líder político, más allá de los atributos y la autoridad que pueda tener y le reconozcan para semejante misión.

La concentración prevista para el miércoles de los seguidores fieles de Cristina y de los infieles o agnósticos, que irán por resultarle una cita obligada e ineludible (muchos) y por consideración (menos), será la postal de una unidad mucho más ficcional que real.

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A pesar del optimismo que se empeñaban en transmitir camporistas y cristinistas, hasta anoche quedaban muchos tickets por vender para la manifestación. Los principales dirigentes de la CGT no se mostraban particularmente activos para movilizar a sus bases, pese a las enormes presiones que recibían del cristicamporismo. Ni hablar de la mayoría de los gobernadores peronistas, que se ocupan de subrayar la distancia (física y algo más) que hay entre sus provincias y Comodoro Py o Constitución.

Cuando baje la pretendida marea de manifestantes y queden expuestas sus reales dimensiones empezará otra realidad más complicada.

En menos de una semana (según calculan en todos los campamentos del peronismo bonaerense) volverán a abrirse las discusiones electorales y de poder internas, asordinadas por el terremoto que provocó la resolución de la Corte al dejar firme la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner y su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

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Ya hay en el calendario una primera fecha límite que empieza a urgir. El 9 de julio vencerá el plazo para la inscripción de frentes y alianzas. Menos de un mes. Demasiado poco para la magnitud de las diferencias internas, que el fallo de la Corte no saldó. Solo las puso en suspenso. Como ocurre siempre cuando ocurre un hecho irreparable.

Hasta anoche, los más reacios a hablar de ese futuro inmediato, aunque sin dejar de reafirmar sus posiciones pretendidamente dominantes, eran los dirigentes más cercanos a Cristina y a Máximo Kirchner, en su proclamada condición de herederos universales.

“Ahora el foco está ciento por ciento puesto en organizar la masiva caravana que va a acompañar a Cristina desde su casa hacia Comodoro Py. Durante este fin de semana, mañana [por hoy] y el martes, el objetivo político ha sido trabajar para que eso sea lo más masivo posible y lo va a ser. Estamos convencidos de que esa movilización va a ser histórica. Todo el resto queda para más adelante”, admitió una de las personas más cercanas tanto a la expresidenta condenada como a su hijo.

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“Después del miércoles, Axel va a cumplir con el mandato que le dio Cristina, cuando se reunieron antes del fallo de convocar a una mesa para discutir el armado electoral. Ahora estamos apoyando la movilización, a la que van a aportar los 40 intendentes de nuestro Movimiento Derecho al Futuro”, explica un colaborador del gobernador que se ciñe a las formalidades de la hora.

Sin embargo, aquella reunión, a la que la mesa chiquita del kicillofismo se aferra, ha quedado descolorida por los acontecimientos posteriores, que también debilitan el entusiasmo para salir a la calle.

No solo algunos de los más destacados camporistas han responsabilizado a Kicillof de haber precipitado la confirmación de la condena con el adelantamiento de las elecciones provinciales. También resaltaron el tropiezo del gobernador que se enredó con las palabras y evitó dar una definición cuando se le preguntó si en caso de llegar a ser presidente indultaría a Cristina Kirchner. Del creador de “medir la pobreza es estigmatizar”, llegó “indultar podría ser estigmatizante”.

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Después de la elusiva declaración de Kicillof, el camporista Wado de Pedro se encargó de publicar el edicto que obligaría a cualquier peronista que eventualmente llegara en 2027 a la Casa Rosada a indultar a la expresidenta. “La primera condición es Cristina libre”, estableció el exministro del Interior de Alberto Fernández y fijó así el único lema de campaña que aceptarán.

Con ese trasfondo, el gobernador debería convocar a una mesa para definir la formación de la alianza electoral y el porcentaje que se le reconocería a los respectivos socios. En esa composición, Kicillof reclama una representación igualitaria a la del cristicamporismo y el massismo. Pero Cristina, Máximo y los suyos trabajan en la ampliación del capital accionario para licuar el activo del kicillofismo, sumando a otros sectores, incluidos algunos que hace años están en la vereda de enfrente del kirchnerismo.

La de Kicillof será una tarea titánica, aunque empiezan a aparecer voces, inclusive de importantes barones del conurbano enrolados con el gobernador, dispuestos a no ser tan intransigentes a fin de preservar sus territorios. “Al fin y al cabo son elecciones legislativas, qué importa un concejal más o menos. Es mejor eso a partirse y perder con el milei-macrismo unido”. Eso dice un estrecho colaborador de un intendente de la crucial tercera sección electoral que agrega: “No todos son [Jorge] Ferraresi o [Mario] Secco”, que encabezan la intransigencia.

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En la misma línea se expresan otros acuerdistas de ocasión que esperan que el camporismo también ceda algunas posiciones, aunque no por las razones más nobles ni más optimistas. Todo lo contrario.

“Empieza a circular internamente la versión de que Máximo (y, seguramente, Cristina) terminarán haciendo todo lo necesario para cargarle toda la responsabilidad a Axel por las consecuencias del adelantamiento y que la derrota, más que previsible, sea toda suya”, dice una fuente que todavía mantiene diálogo con los dos sectores.

La previsión de una derrota inexorable en las elecciones bonaerenses empieza a escucharse con mucha fuerza en el panperonismo. Eso fortalece la idea de que Máximo Kirchner no terminaría siendo quien reemplace a su madre al frente de la lista de candidatos a diputados provinciales por la tercera sección electoral, la más poblada y donde el peronismo ha sido imbatible.

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Mucho depende, no obstante, de la dimensión que tenga la manifestación pro-Cristina, sea en Retiro, Constitución o el Obelisco. Si es tan masiva como aspiran los impulsores, la mesura estratégica podría cambiar y reactivar la conocida voracidad cristicamporista para ir por todo y por todos.

Un horizonte de derrota electoral también vislumbra Sergio Massa, quien siente que el nuevo escenario puede beneficiarlo en su condición de interlocutor privilegiado de los distintos sectores, pero no para jugar su pellejo electoralmente en esta instancia. “Sergio lee que esto viene feo y se va a cuidar. No va a ser candidato ahora”, dice un dirigente que lo conoce demasiado.

El exministro de Economía tiene la mira puesta en 2027, pero trabaja para retener espacios y, si es posible, sumar alguno más ahora para su sociedad de responsabilidad limitada conocida como Frente Renovador. Además, busca expandir las fronteras. Varios dirigentes conocidos de su espacio están recorriendo las provincias apoyando a candidatos locales y difundiendo un plan de gobierno que es una versión renovada de su programa presidencial de 2023. Habrá que ver si ahora sí su libro dejar de ser inédito.

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Massa y los suyos se ilusionan con tener una sobrevida más, basada no solo en su inveterado optimismo y resiliencia, sino también en el impacto negativo de la política económica de Javier Milei y Luis Caputo en la economía real de sectores medios y empresarios nacionales. Monitorean casi con fruición la caída en el consumo masivo, el impacto del dólar barato en la producción y en el empleo y la dificultad del oficialismo para acumular reservas.

En el Gobierno, en cambio, se esperanzan con la pérdida de potencial electoral del perokirchnerismo con la salida de juego de Cristina Kirchner, aunque la condena pudiera darle una nueva centralidad y generar algún reagrupamiento y participación de sectores que alguna vez votaron a ese espacio y que se habían retraído.

Los hermanos Milei y Caputo confían en el vaso medio lleno de los indicadores económicos, empezando por la inflación que, al fin, perforó el duro piso del 2% mensual, y la caída de la pobreza. También los envalentona la reinstalación del pasado que muchos argentinos rechazaron hace dos años, luego de que la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por corrupción. Y no será la única causa que este año volverá al primer plano.

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Mientras tanto, todos están en suspenso hasta el miércoles.



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La Justicia no quiere que la casa de Cristina se convierta en un bunker político, si le acepta la prisión domiciliaria

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Si finalmente la Justicia le concede a Cristina Kirchner un arresto domiciliario: ¿puede la expresidenta salir al balcón?; ¿debe contar con restricciones?; ¿cómo se fijan las pautas?, ¿puede ir cualquier persona a visitarla? Son tan sólo algunas de las inquietudes que rodean el trámite que determinará dónde cumplirá la condena por corrupción.

La decisión la firmará el juez Jorge Gorini (aguarda previamente este martes la opinión del fiscal general Diego Luciani), pero un concepto central enmarca su determinación: en caso de una eventual morigeración de la pena, cómo hacer para que la misma no se desnaturalice, para que el departamento de San José al 1100 en el que Cristina pidió cumplir el arresto domiciliario no se convierta en un bunker político, un lugar de campaña permanente de la expresidenta.

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La misma inquietud planteó el Gobierno este domingo, antes de la resolución de Gorini. A través del jefe de gabinete, Guillermo Francos, mostró sus reparos sobre la forma en que Cristina cumplirá con la pena en su domicilio. «Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón», criticó el funcionario de la administración de Javier Milei.

Cristina informó que este miércoles irá a Comodoro Py en cumplimiento de los 5 días hábiles que le impuso el juez Gorini para que se presente en los tribunales para que se haga efectiva la condena, tras la confirmación del fallo en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Son instancias distintas las que deben cumplimentarse. Aún no hay un legajo de ejecución ni cómputo de pena aprobado. Recién ahí intervendrá de forma unipersonal el juez de ejecución de la pena, algo que irá rotando cada año entre los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que fue el que llevó a cabo el juicio de Vialidad, dictando sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022.

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Estos últimos días, los oficios firmados por Gorini fueron en calidad de presidente del TOF 2 durante este año en curso. Pero las decisiones y el próximo paso serán resoluciones colegiadas, es decir, con la intervención de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A la espera del dictamen del fiscal Luciani y con un informe técnico que dice el domicilio de San José 1111 es apto para cumplir el arresto domiciliario, la decisión próxima será determinar si Cristina quedará detenida en su casa, o si deberá cumplir algunos días en una sede que dependa del Servicio Penitenciario Federal.

En esa decisión, el concepto central que se analiza en Comodoro Py por estas horas es el de no desnaturalizar el arresto domiciliario, en caso de que se confirme ese beneficio. «Un arresto domiciliario no se desnaturaliza cumpliendo con lo que dice la ley. Pero es un caso inédito, por lo cual hay que extremar el sentido común. Por ejemplo, salir al balcón no se lo debería permitir«, puso en consideración un magistrado federal con años de experiencia en la ejecución de penas.

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Hay quienes en los tribunales consideran que el departamento del barrio de Constitución no es un lugar adecuado para un arresto domiciliario. Sobrevoló una comparación en más de un despacho de Comodoro Py: cuando se ordenó la morigeración de la prisión preventiva de Lázaro Báez, que en un comienzo iba a ser en el barrio privado de Pilar, la propia defensa del empresario K se dio cuenta de la necesidad de buscar otro domicilio “porque ése no era el más adecuado”.

Vacío legal sobre el arresto domiciliario

Ante la posibilidad concreta de que se conceda un arresto domiciliario, desde ámbitos judiciales aclara que la ley -al respecto-, “es bastante pobre”, es decir, “no prevé reglas de conducta más allá de no poder salir del domicilio. En cierto punto no se cumple uno de los fines de la pena que es la resocialización a través de un régimen penitenciario progresivo. Pero sí cumple con otros fines de la pena como la prevención general que es disuadir a la sociedad en su conjunto de cometer delitos, además tiene como objetivo la confirmación de la vigencia de la ley y la confianza en el sistema legal”, reseñó otro juez con larga experiencia en estos proceso.

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Entonces ¿cómo se le podría otorgar a Cristina una prisión domiciliaria sin que la misma deje de expresar el cumplimiento de una condena por corrupción? “Con que considere apropiadas para la modalidad domiciliaria”, opinó un magistrado que ha tenido que resolver ejecución de penas. Sin embargo, muchos son los que coinciden en que se está ante una situación inédita.

Al ponderar las opciones y el caso específico, un juez federal explicó que la prisión domiciliaria está pensada para cuestiones humanitarias “como por ejemplo, la persona grande, de más de 70 años, o aquella que tiene a sus chiquitos a cargo, la que está en una enfermedad incurable, en estado terminal. Es decir, el legislador con criterio dijo que para estos casos, por una cuestión humanitaria, debe considerarse una prisión domiciliaria. No es el caso”, detalló.

A ese precepto central, le añadió la siguiente explicación: “La domiciliaria está pensada para que alguien que asume la condena que le dieron y se encuentra en una situación difícil de salud. Ninguna de esas situaciones se da en el caso. Entonces, estamos ante una desnaturalización del concepto, un concepto humanitario, que tiene que ver con alguien que asume lo que hizo, y que dice, que por cuestiones humanitarias, necesita cumplir en su domicilio. Acá no es así. Y no es argumento otorgarla porque es quien es. No es el concepto, no es la idea”.

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La otra discusión es la colocación o no de una tobillera electrónica si se concede un arresto domiciliario. Un juez de ejecución de pena indicó a Clarín que en primer término “se debe analizar el lugar que ofrece la defensa, si reúne las condiciones para estar alojado ahí, y la pulsera electrónica se utiliza porque es el único control que uno tiene para que no salgan del domicilio. Porque los arrestos domiciliarios no pueden ser controlados por ninguna fuerza de seguridad. Lo dice expresamente la ley de ejecución penal. Entonces el único contralor es la tobillera”.

En este caso específico el mismo magistrado opinó que la zona del departamento ofrecido por el abogado Carlos Beraldi “no es el más apto, entendiendo además que está afectando a todos los vecinos por variados motivos y a los comercios de la zona, por lo tanto sería conveniente que la defensa ofrezca algún otro lugar más alejado que ese departamento”. La palabra final la tendrá el juez Gorini previo dictamen del fiscal Luciani.

Finalmente, están quienes entienden que imponer reglas sería el camino viable si la determinación es avanzar hacia un arresto domiciliario: no sólo restringir la cantidad de visitas, en días específicos, sino también quiénes pueden visitarla a la ex vicepresidenta y quiénes no, son sólo algunos conceptos que sobrevuelan. Todo está bajo estudio.

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