POLITICA
Proteger los intereses provinciales y articular con el Gobierno: el rol de los gobernadores en el Congreso
Los gobernadores fueron marcando, a lo largo de la negociación, los ejes de la discusión de las políticas que busca implementar el presidente Javier Milei. Sea por el dictado del DNU 70/2023 o por el proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos” (Ley Ómnibus) que discute el Congreso.
Quienes hacen de interlocutores entre ellos y el presidente son los ministros de Interior, Guillermo Francos, de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y de Economía, Luis Caputo.
Leé también. Martín Menem, sobre la Ley Ómnibus: “No estamos haciendo concesiones, estamos mejorando el proyecto”
También el titular de Diputados, Martín Menem y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi, conocedor de los pasillos legislativos. Se reúnen semanalmente y mantienen fluidas comunicaciones telefónicas y por Zoom.
La necesidad del Gobierno es que esa intermediación de resultados concretos a la hora de construir mayorías parlamentarias. Es muy frágil el respaldo legislativo propio de La Libertad Avanza en las Cámaras. Solo 38 diputados y siete senadores nacionales.
La dinámica de trabajo
Los gobernadores están divididos en regiones o bloques. Algo similar a como se agrupan en el Parlamento. La diferencia es que, entre ellos, en las mayorías de los casos, los colores partidarios no son una barrera que impida una postura común. Un dato no menor es que Javier Milei no tiene gobernadores propios. No tiene poder territorial como si tuvieron los diferentes mandatarios argentinos desde la recuperación democrática con Raúl Alfonsín en 1983.
Los patagónicos pusieron reparos en los temas energéticos principalmente. “En defensa del dominio originario por parte de las provincias, de los recursos naturales existentes en su territorio”, señalaron en un documento los gobernadores Alberto Weretilneck de Río Negro, Rolando Figueroa de Neuquén, Sergio Ziliotto de La Pampa, Ignacio Torres de Chubut y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.
Los une a los mandatarios la defensa por la industria hidrocarburífera. El futuro de las concesiones para la explotación y exploración petrolera, como también los derechos de exportación (pago de retenciones) de los hidrocarburos. Sus opiniones tienen influencia en algunos diputados o senadores que integran los bloques de Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal, PRO y en Unión por la Patria.
Línea directa con el Parlamento
El diputado del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo le dijo a TN: “Con el gobernador (Rolando Figueroa) venimos trabajando en línea. En lo referido al capítulo sobre hidrocarburos, desde el principio fuimos intercambiando información. Hay un elemento fundamental para nosotros referido a que el gobierno nacional no invadiera competencias que son propias de las provincias, por eso en mi intervención en el plenario de comisiones ante el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo plantee el tema acordado con Rolando (Figueroa). Sabemos que tenemos que lograr un mayor volumen de exportación de hidrocarburos”.
Desde Misiones, el diputado Alberto Arrúa (Innovación Federal) señaló que “las decisiones que adoptamos son en conjunto respetando los lineamientos políticos del gobierno de Misiones que está acompañando a cada sector productivo de la provincia afectado por las medidas”.
Lo mismo ocurre desde el radicalismo. El diputado Alfredo Vallejos de Corrientes, antes de viajar a Buenos Aires, se reunió con el gobernador Gustavo Valdés. “Tenemos una consideración muy alta del enfoque político que cada uno de los gobernadores tienen de la situación nacional y sobre los temas que estamos tratando. Para nosotros es central poder plantear los intereses de la provincia. Analizamos lo general de la ley, pero puntualizamos en los derechos de exportación (las retenciones) que se pretenden cobrar a los productos de la forestoindustria que pasarían de 0 a 15% de tributo”. Valdés les pidió a sus diputados recibir a los sectores afectados.
Divididos por fuerza política
Hay otro grupo de gobernadores, que tienen también representación política partidaria. Allí se encuentran los que mantienen en pie la bandera de Juntos por el Cambio. Denominación que dejó de existir en el interior de las cámaras legislativas. Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Torres de Chubut, Jorge Macri de CABA por el Pro. Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes, Alfredo Cornejo de Mendoza, Carlos Sadir de Jujuy y Leandro Zdero de Chaco de origen UCR.
Se suman los independientes, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luís). En varios documentos mostraron predisposición a acompañar al gobierno de Javier Milei. Se lo dejaron claro a los ministros Francos y Caputo. Impulsaron los cambios en retenciones que impactarían en las economías regionales y provinciales. Sus áreas de influencia son los bloques opositores dialoguistas con la Libertad Avanza.
También hay conversaciones que lleva adelante Francos que podrían generar fuertes roces en el interior del bloque oficialista de Diputados. Los acuerdos que intenta arribar el ministro con el gobernador de Salta Gustavo Sanz hacen ruido interno en los legisladores de esa provincia por cuestiones de la política local: Carlos Zapata, Julio Moreno Ovalle y Emilia Orozco de “Ahora Patria”, una fuerza provincial liderada por el exdiputado Alfredo Olmedo que integra LLA y respaldó la campaña a Javier Milei.
Los mandatarios provinciales de Unión por la Patria, Axel Kicillof de Buenos Aires, Raúl Jalil de Catamarca, Gildo Insfrán de Formosa o Ricardo Quintela de La Rioja, entre otros, ven su influencia en el Congreso más limitada ya que los presidentes de los bloques Germán Martínez en Diputados y José Mayans y Juliana Di Tullio en el Senado adelantaron desde el primer momento su rechazo total al proyecto del Ejecutivo y así lo plasmarán en su dictamen.
De un lado o del otro del sector político, todos los gobernadores buscan mejorar sus ingresos económicos y financieros. Algunos insisten con proyectos que impulsan la coparticipación de tributos que percibe el Estado Nacional, como el impuesto al Cheque o el impuesto País que grava la compra y gastos con tarjeta de crédito o débito en moneda extranjera.
Por ahora fueron descartados por el gobierno, que sí, está dispuesto a la reversión de los cambios a la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, dejados de lado por la ley que impulsó el exministro Sergio Massa en el tramo final de la campaña electoral. Ganancias se coparticipa y que sería oxígeno importante para las arcas provinciales. “Primero que se apruebe esta ley Ómnibus y después hablamos”, fue la respuesta tajante desde la Casa Rosada.
POLITICA
¿La Justicia Electoral bonaerense está en condiciones de llevar adelante una elección por sí sola?
Las elecciones de medio término que se realizarán este año pueden ser leídas en diversas claves. Una de ellas es la implicancia de la eventual disociación de sistemas electorales y fechas para los comicios provinciales y nacionales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde históricamente se realizaron en coincidencia absoluta con las generales.
En este sentido, una posible interpretación puede realizarse en términos de las disputas internas por los liderazgos dentro de cada coalición o fragmento del universo político: ¿Le conviene a Axel Kicillof diferenciarlas para tratar de imponer su jefatura, dejándole el plano nacional a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es mejor para La Libertad Avanza o el Pro ir juntos o separados y en una misma fecha o en dos instancias diferenciadas? ¿A quiénes podría beneficiar la continuidad o no de las PASO? ¿Qué sistema electoral le conviene aplicar al gobierno bonaerense?
La otra clave de lectura, a la que se le ha prestado menos atención, está relacionada con el financiamiento de los comicios. Es que. si bien es cierto que en muchas provincias es práctica diferenciar las instancias locales de las nacionales, y están los mecanismos aceitados, y en la CABA, por su limitado número de votantes y su abundancia de recursos, no significa un problema, el hecho de tener que diferenciar el sistema electoral y convocar en dos ocasiones -en caso de que se mantengan las PASO- a la ciudadanía implica además una movilización de recursos humanos, logísticos y financieros que pondrían en serios aprietos a la administración bonaerense y, más especialmente, a la Honorable Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.
El dilema de la Justicia Electoral bonaerense
Si bien no se cuenta con datos exactos para las elecciones de este año, no sólo deberá considerarse la inclusión de mayores de 16 años en el padrón, sino que la Junta Electoral bonaerense también deberá financiar y organizar la participación de las autoridades de mesa y el complejo operativo de resguardo de urnas, control del orden público, etcétera. Todo en forma paralela a la nacional, asumiendo la responsabilidad absoluta del acto electoral.
¿Cómo sostendría semejante esfuerzo un órgano electoral que hace muchísimos años no realiza una experiencia de este tipo sin la asistencia nacional? ¿Cómo podría llevarse adelante esta costosa y compleja elección en un territorio castigado por la crisis actual? Para colmo, el presupuesto de 2025 no pudo ser aprobado, por lo que no habrían fondos electorales suficientes que pudieran ser prolongados y actualizados. La unificación de fechas permitía aprovechar en gran medida la infraestructura y recursos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), pero una diversificación haría recaer todo el esfuerzo en la administración provincial que durante los últimas elecciones apenas mantuvo una posición de veedora.
Los números de la elección
En territorio bonaerense la población no deja de crecer, a diferencia de la mayoría del resto de los distritos. En 2023 se sumaron 297 mil votantes respecto de los comicios de 2021, que demandaron el armado de 39.500 mesas electorales para votantes nativos, y 2.100 para extranjeros. Se citaron a 83.200 personas como autoridades, para ejercer como presidente y suplente, para fiscalizar una elección con más de 14 millones de electores. Todavía no se ha podido acceder a los datos actuales, pero cabe subrayar el agravante presupuestario y la compleja logística que significaría la realización de elecciones diversificadas con PASO.
Respecto de la elección intermedia de 2021, en 2023 hubo un aumento de más de 10 mil autoridades de mesa, ya que en aquella ocasión se convocó a 73 mil personas para ejercer esas tareas. En números puros y duros, el principal distrito electoral del país sumó más de 14,2 millones de electores, que incluyeron unos 13.184.000 nativos y 869.970 extranjeros. En las elecciones de 2021 los empadronados fueron 12.888.231 nativos y 868.469 extranjeros. En total, 13.756.700 electores.
En resumen, si las elecciones fueran disociadas, los mismos actores podrían ser convocados en hasta cuatro ocasiones; pero, si son simultáneas, habría que duplicar su espectro humano: todo un tema para resolver que parece no haber sido tenido en cuenta al momento de no adherir a la boleta única para los comicios nacionales.
Así, a tientas y a ciegas, se ha puesto en marcha una nueva convocatoria cívica. Dios tendrá que demostrar que sigue siendo argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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¿La, Justicia, Electoral, bonaerense, está, en, condiciones, de, llevar, adelante, una, elección, por, sí, sola?
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