LA PLATA.- La elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires tendrá 14,3 millones de personas habilitadas para votar. El padrón no sólo se incrementó desde la última elección en 2023, cuando fueron habilitados 14 millones de electores. También trae una novedad significativa en términos políticos: la primera sección electoral tendrá más electores que la tercera.

El dato es gravitante para las expectativas del peronismo que en los últimos comicios realizó siempre una ventaja considerable en la tercera sección, que ayudó a compensar los distritos donde obtuvo peores resultados. Por este mismo motivo Cristina Kirchner había anunciado su candidatura por la tercera sección, considerada la capital del peronismo.

Esta elección trae novedades respecto del peso demográfico de los electores. En la primera sección votarán 5.131.861 ciudadanos. Mientras que en la tercera 5.101.177. Los datos corresponden al entrecruzamiento de los padrones de ciudadanos argentinos que maneja la Justicia Federal y extranjeros que maneja la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la justicia federal la principal provincia del país tiene demás, la provincia ya licitó la impresión del padrón electoral que en lo que respecta solo a los ciudadanos nativos suma 13.361.359 electores distribuidos de la siguiente manera: 4.732.831 en la primera sección electoral; 6.49.465 en la segunda sección; 4.637.863 en la tercera sección; 540.354 en la cuarta sección; 1.290.948 en la quinta sección; 652.077 en la sexta sección; 281.130 en la séptima sección, y 576.691 en la octava sección (capital).

Hay 1.015.233 ciudadanos empadronados como extranjeros en condiciones de votar de modo que el padrón final de electorales será de 14.376.592 votantes.

En la sección primera son 399.030 electores extranjeros, en la segunda son 12.256 extranjeros, en la tercera son 463.314 ciudadanos extranjeros, en la cuarta son 7.323 extranjeros en la quinta 45.839 extranjeros en la sexta son 20.406 en la séptima son 3.917 y en la octava son 63.148 los extranjeros. En suma: 1015.233 ciudadanos no nativos habilitados para votar.

El entrecruzamiento de los datos permite verificar que la primera sección tendrá 30.684 electores más que la tercera sección si se comparan los 5.131.861 ciudadanos de una con los 5.101.177 electores de otra.

El dato es seguido con suma atención por la alianza Fuerza Patria que evalúa tres candidatos para la primera sección: Federico Achaval, intendente de Pilar, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

Pero también es de vital interés para las fuerzas opositoras dado que si la Alianza La Libertad Avanza con sus aliados del PRO logra hacer una excelente elección en la primera sección podría descontar votos a una eventual derrota en la tercera. En esa alianza se evalúan varios candidatos como el diputado Diego Santilli, o el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela.

En tanto en la alianza Somos Buenos Aires también se observa con atención el gravitante peso de la primera sección electoral y allí el candidato podría ser el intendente de Tigre, Julio Zamora.

Por todos estos factores Sergio Massa, ex candidato presidencial y armador local de la primera en Fuerza Patria dirimirá una batalla personal con Julio Zamora, que fuera un hombre de su confianza para finalmente ser un adversario.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, adelantó que se avanzará con un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para que se levante el embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen a la provincia patagónica. Esto tiene lugar luego de que el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordenó a la Argentina entregar el 51% de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park. La información se conoció a través de un comunicado difundido del gobernador, realizado junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, en el que el mandatario subrayó que la provincia “va a plantarse y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra gente”.

El pronunciamiento se realizó desde la histórica sede de YPF en Comodoro Rivadavia, donde Torres remarcó que la provincia no es parte demandada ni deudora en la causa que se tramita en el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York. “El juicio es contra el Estado nacional, no contra Chubut”, señaló el gobernador. Según se explicó en el material difundido, del 51% de acciones expropiadas en 2012, el 49% corresponde a las provincias petroleras.

Torres apuntó contra el fallo de Preska por desconocer, según su postura, que las jurisdicciones productoras son también accionistas de la petrolera desde hace más de una década. “Nos vamos a presentar y solicitar que levanten el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte condenada”, insistió. La decisión de recurrir a la Corte neoyorquina busca preservar la porción de acciones de la que depende una parte clave de los ingresos provinciales derivados de la actividad hidrocarburífera.

En el video difundido, el vicegobernador Gustavo Menna explicó que la ley de 2012 dispuso que el 49% de las acciones expropiadas pasaran a manos de las provincias petroleras. En la misma línea, Ana Clara Romero, diputada nacional del interbloque Pro-MID, sostuvo que, además de defender los intereses de los chubutenses en el Congreso, el reclamo se hará ante las autoridades correspondientes en Nueva York.

El anuncio del gobernador se conoció en la misma jornada en la que, como adelantó , la Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina al rechazar el pedido del Estado nacional para suspender la entrega de las acciones en cuestión. La jueza Preska resolvió que Argentina “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones” y ratificó que, de no cumplir en tres días o alcanzar un acuerdo, el país podría entrar en desacato.

Desde la Procuración del Tesoro aclararon que se apeló el fallo y que se realizó un pedido para que se suspenda la orden de entre de acciones mientras no haya una decisión del tribunal superior. En ese sentido, se señaló que existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga si la Cámara no resuelve a tiempo.