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Pulseada en la causa AMIA entre la AFI, el fiscal y las querellas por otros informes secretos del atentado terrorista de 1994

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El fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, rechazó el pedido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Javier Milei de negarle el acceso a su base de datos sobre el atentado a la AMIA de 1994, en una pelea que tiene como fondo el nivel de secreto que debe manejar una agencia de inteligencia en un caso de terrorismo internacional.

La pelea por esa base de datos secretos se conoce unas semanas después de que el juez federal Ariel Lijo desclasificó un informe de la SIDE (la antecesora de la AFI) sobre el ataque terrorista de 1994 que dejó 85 muertos. Se trata del llamado “Informe Toma” que Clarín reveló la semana pasada en exclusiva.

La titular de Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune (APEMIA), Laura Ginsberg, viene haciendo en la causa AMIA el mismo reclamo que el fiscal Basso.

En una entrevista con Clarín, el ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma, también opinó a favor de darle acceso a toda la información de la AFI sobre la AMIA al fiscal Basso con las reservas del caso, como «nosotros hicimos con el fiscal Alberto Nisman». Es decir, accediendo a la información sin hacerla pública o entregarla a las partes testeando nombres de informantes o agencias de espionaje extranjeras que colaboran desde hace casi 30 años con la causa.

El 7 de junio pasado el juez Lijo requirió a la AFI “que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la U.F.I. A.M.I.A. tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación a las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida”. Además, el juez adelantó que hará una inspección ocular a los archivos de la AFI sobre el caso AMIA que se encuentran en una oficina del Pasaje Barolo que, hasta ahora, no concretó. Las querellas habían denunciado que se encontraban en mal estado.

Pero la agencia de inteligencia -que ahora dirige Darío Neiffert- consideró “abstracto y de imposible cumplimiento” lo ordenado por el magistrado, porque, digo, “ya entregó a la UFI AMIA la totalidad de la documentación y demás materiales desclasificados existentes en las distintas áreas e inmuebles de esa agencia”.

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Además, la AFI afirmó que no existe “una base de datos específica a este tema en poder de este organismo”, y que, para el caso de franquearse el acceso a la base de datos de la agencia, ello pondría en riesgo “las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos del organismo de inteligencia que excedan el marco de la Causa AMIA”.

Sin embargo, el fiscal Basso consideró que el planteo de la AFI “debe ser declarado inadmisible puesto que no resulta una parte legitimada en la causa y de allí que carece en absoluto de capacidad recursiva1”.

Basso recordó que desde “la creación de la Unidad Especial de Investigación AMIA del Ministerio de Justicia, y los sucesivos decretos de desclasificación, de transparentar la actuación del Estado en la investigación del caso AMIA”.

En segundo lugar, porque “la solución que adoptó el Sr. Juez lejos está de introducirse indebidamente en la base de datos con información sensible y secreta que nada tiene que ver con una reconstrucción histórica del caso AMIA”.

En tercer lugar, porque “lo señalado por el magistrado debe ser interpretado –en esencia– como una exhortación a facilitar la contestación a los requerimientos que la UFI AMIA le vino haciendo a la AFI en los últimos tiempos en torno a pedidos concretos de información existente en base de datos informáticos; no en formato papel”.

En este punto, recordó que lo recibió la UFI AMIA de parte de la agencia “es documentación en papel y en formato de audios y videos”.

Para la reconstrucción histórica del caso “es preciso que se facilite el acceso a documentación que estaría resguardada en una base de datos de la AFI y a la cual no es posible acceder desde la Unidad Fiscal”.

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“No se pretende que funcionarios ajenos a la agencia ingresen a esas bases de datos y puedan bucear libremente en ellas. Lo que se intenta es que se aporte documentación puntual, vinculada a aspectos que documentación de la propia AFI indica que está resguardada en la base de datos”, sostuvo Basso.

En todo caso, “si la AFI considera que algún pedido puntual puede vulnerar el secreto de Estado contemplado por la Ley de Inteligencia Nacional, deberá informar en tal sentido y anoticiar en su caso al titular del Poder Ejecutivo Nacional para que evalúe, dentro de sus atribuciones, si considera pertinente o no su desclasificación”.

En definitiva, como se discute sobre el principio general de libertad de información, “el Estado deberá justificar en cada caso en particular cuál es el motivo –por ejemplo, de seguridad nacional– que justifique la reserva de la información y su clasificación de acuerdo a la tipología adoptada por la ley de inteligencia”.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la semana pasada diversas medidas de reparación de los familiares de las víctimas entre ellas, que “el Estado, de forma inmediata, debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo ocurrido…”

En definitiva, “la AFI no se encuentra legitimada como parte en el proceso y de allí que su planteo resulta inadmisible”, sostuvo el fiscal Basso.

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POLITICA

La oposición se activa en Diputados y explora las opciones para investigar el escándalo cripto

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Diputados de los bloques de la oposición junto al kirchnerismo exploran las distintas alternativas que tiene el Congreso para investigar el escándalo de $LIBRA, que tiene a Javier Milei como el principal señalado por haber promocionado la criptomoneda. En principio, después del 1ro. de marzo, cuando el Presidente dejará inaugurado el período ordinario de sesiones, solicitarán una sesión especial para emplazar el tratamiento en comisión de distintos proyectos que ya fueron presentados para determinar la responsabilidad del líder de La Libertad Avanza.

Lo que está claro es que el Presidente no quedó blindado luego del bochorno que se dio este jueves en la Cámara Alta, donde a partir de una maniobra que dejó expuesta a la UCR se bloqueó el proyecto de creación de una comisión investigadora de la presunta estafa que era impulsado por el mismo bloque.

Incluso, el jefe de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, junto a otros cinco senadores que responden a sus gobernadores, dio el voto para que se trate el tema sobre tablas pero a la hora de apoyar su propia propuesta terminó votando en contra.

Fuentes legislativas anticiparon a Clarín que después del feriado de Carnaval, la oposición apurará una sesión para emplazar al oficialismo a que se traten los proyectos vinculados con el caso de la memecoin. Los contactos entre los distintos bloques comenzaron esta semana tras estallar el escándalo, pero las acciones habían quedado a la espera de lo que podría ocurrir en el Senado, donde la presión de los gobernadores fue más fuerte que las intenciones de investigar el hecho que golpea a la Casa Rosada.

El bloque de Miguel Angel Pichetto busca las interpelaciones de distintos funcionarios por el criptogate.
Foto Federico López Claro.

Tres líneas de acción

En Diputados se manejan hasta el momento 3 líneas de acción. El kirchnerismo ya anticipó que va por el Juicio Político aún sin tener los dos tercios para avanzar en el recinto. La lectura que hacen en el bloque que conduce Germán Martínez es clara: la única comisión que tiene «potencia investigativa» es la de Juicio Político, independientemente de si al final del camino se consiguen los dos tercios en el recinto para avanzar con la destitución.

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Sin embargo, la cuestión de fondo es que Martín Menem desconoce la conformación de Juicio Político, que para la oposición es presidida por Marcela Pagano (LLA) por lo aprobado en una reunión de abril del año pasado.

Según pudo averiguar este diario, el presidente de la Cámara ya comenzó a operar para conseguir los apoyos y convocar a una reunión constitutiva de la comisión. Así busca desplazar a la periodista que es resistida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pagano, mientras tanto, no cede a las presiones.

Pero volviendo a las estrategias que se perfilan en Diputados, los radicales díscolos de Democracia para Siempre presentaron tres proyectos pidiendo la interpelación de Francos, un pedido de informes del Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora. Esta última opción es la que buscan apuntar en la negociación con el resto de la oposición.

Mientras que Encuentro Federal, el espacio que comanda Miguel Angel Pichetto, quiere avanzar con las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Karina Milei; al ministro de Justicia, Marinao Cúneo Libarona; y al vocero presidencial Manuel Adorni.

En el bloque de la UCR analizaron la situación Rodrigo De Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo. En principio, la conclusión a la que llegaron es que no se van a prestar a «la cacería de brujas desestabilizante del kirchnerismo».

«Vamos a diferenciarnos del Senado, donde se fueron de boca y quedaron como unos ridículos», indicó un operador radical, quien no descartó la posibilidad de que un sector adhiera a la interpelación de Francos.

La Coalición Cívica, por su parte, se mantiene con los pedidos de informes al Ejecutivo y la presentación en la justicia penal, mientras que la izquierda ya presentó un proyecto pidiendo la interpelación de Milei.

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El PRO emitió este viernes un comunicado en el que rechaza toda intervención del Congreso y fundamenta que por tratarse de un delito debe ser investigado por la Justicia. El oficialismo, en tanto, busca evitar que avance estos temas y desde la última sesión, en la que se aprobó Ficha Limpia, transmitió a su tropa la intención de mantener inactivo el parlamento.

La oposición pedirá una sesión para emplazar al oficialismo

Con las cartas sobre la mesa, la oposición espera definir en los próximos días la fecha en la que solicitará una sesión especial con el objetivo de emplazar el tratamiento en comisión de los tres temas. Pero primero deberá juntar el quórum y entre los tres espacios llegan a 126 diputados. Hay que tener en cuenta que los gobernadores también van a jugar en esta partida. Por lo que deberán buscar apoyo en la izquierda y en Innovación Federal, que según lo ocurrido en el Senado estuvieron divididos.

En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.En el PRO rechazan la intervención del Congreso y fundamentan que lo debe resolver la Justicia. Foto: Federico López Claro.

En el caso de reunir los 129 para el quórum y conseguir los apoyos, el cuerpo tendrá que emplazar, en el caso de las interpelaciones, a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.

Mientras que por la comisión investigadora se debería hacer un plenario con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que está a cargo de Silvia Lospennato. Y por la propuesta de Unión por la Patria sólo se emplaza a Juicio Político, que primero deberá resolver el conflicto de su integración.

En el caso de las interpelaciones y la comisión se podrá dictaminar con la mayoría simple, pero deberá pasar por el recinto para su aprobación, donde también pasarán con el voto de mitad más uno de los presentes.

Pero en el caso de Juicio Político, la investigación se inicia sólo con la aprobación de la admisibilidad, es decir, que el apoyo de la mayoría simple de la comisión y no necesita ser avalada por la totalidad del cuerpo. Sólo después de emitir el despacho acusatorio tendría chance de llegar al recinto, donde se requieren los dos tercios para solicitar al Senado que se convierta en tribunal para juzgar la acción del Presidente.

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