POLITICA
“Puso su firma por $40 mil”: las declaraciones que complican al Polo Obrero en la causa de las facturas truchas
La hermana del titular de una de las cuatro empresas que son investigadas por desviación de fondos y la presentación de documentación apócrifa aseguró que él “estaba sin trabajo” cuando aceptó el trato y que «lo hizo por dinero».
Mientras el juez federal Sebastián Casanello avanza en su investigación sobre las dos empresas sospechadas de hacer facturas truchas al Polo Obrero para simular gastos y ocultar el destino final de los millones de pesos que la organización recibió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, una nota periodística reciente reveló los nombres de María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de las compañías.
Por asumir la titularidad de las formas, Pichuaga habrían cobrado $40.000.
La Justicia ya tiene probado que de los $113 millones que el Polo Obrero recibió del exMinisterio de Desarrollo Social, $25 millones se desviaron a la imprenta Rumbos y a Coxtex S.A., que para la AFIP es una empresa que se creó para emitir facturas truchas. La empresa comenzó a funcionar el mismo año en que el Polo Obrero comenzó a recibir millones de pesos del Potenciar Trabajo.
Esta última hizo recibos apócrifos por $5 millones entre 2020 y 2023, que luego se ocultaron en las otras tres empresas adjudicadas a Pichuaga y Vega, según reveló la investigación.
En el marco de esta causa, su pareja, Carolina, y su hermana, Alexandra, en diálogo con TN, defendieron a Luis Alexander y afirmaron: “No sabemos nada de la empresa esa. Como estaba sin trabajo, firmó para un conocido y le daba $40 mil por mes. Mi hermano lo hacía por la plata”. Ese monto incluía la firma por las otras tres compañías, agregó. “Es todo lo mismo. Todo lo hizo con la misma persona. Y también le pagaron por crear estas empresas. Le pagaron $40 mil por todo”.
“Él firmó, pero no es el dueño, firmó por necesidad porque le daban una plata por mes. Él firmó como que era el dueño, (lo hizo) para un conocido”, afirmó y añadió: “No tiene idea de cómo se manejaba esa empresa”. Alexandra desconoce el nombre de la persona que le ofreció el pago a su hermano.
También agregó que Pichuaga estaba “sin trabajo” en el momento en que le ofrecieron crear la empresa y que firmaba “desde hace unos años”. Sin embargo, destacó: “Hacía rato que no estaba cobrando. Le pagaron dos o tres veces. Tenía que ir una vez por mes, tenía que volver a firmar porque le pedían otro papel”, pero “nunca más le pagaron”. Actualmente, el acusado “trabaja en una estampería”.
En cuanto a su vínculo con el líder del Polo Obrero, la hermana confirmó que Pichuaga “no conoce a Belliboni, iba hasta una escribanía, firmaba y volvía. No tenía contacto con esa persona”. Según manifestó, el hombre tampoco conoce a María Soledad Vega.
Carolina, a diferencia de su cuñada, rechazó todas las evidencias. Aseguró que nunca había escuchado a su marido mencionar Coxtex e hizo hincapié en que su único ingreso viene del trabajo como “estampador” en una empresa de textiles cuyo nombre no pudo recordar. “Ni yo conozco a Coxtex, ni sé quiénes son. Me enteré porque vino la policía a allanar”, dijo la mujer y agregó: “(Alexander) trabaja en una empresa de estampas, es estampador de remeras”.
Además, declaró que no conoce a María Soledad Vega y aseveró que Pichuaga nunca hizo negocios con ella. “Él no tiene ninguna relación con nadie que mencionaste”, remarcó, incluyendo a Eduardo Belliboni. “De esos nombres, sacando a mi marido, jamás escuché hablar de ninguna de esas personas”, sostuvo.
En cuanto a las facturas apócrifas que Coxtex le vendía al Polo Obrero, la mujer repitió: “No sabía. De verdad que no sabía”. Asimismo, negó que en su casa se hubiesen guardado computadoras, parlantes u otros elementos electrónicos.
Y concluyó: “La policía vino a buscar papeles, documentación. Estuvieron un buen rato y se fueron, y no se llevaron nada porque no había nada”.
POLITICA
Adiós al TPS: este es el día exacto en el que los migrantes venezolanos enfrentan una posible deportación
La Administración de Donald Trump oficializó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2023 para venezolanos. Según el anuncio publicado en el Registro Federal, este beneficio migratorio terminará el próximo 7 de abril y dejará a más de 350 mil personas en riesgo de deportación.
¿Qué implica el fin del Estatus de Protección Temporal 2023 para venezolanos?
- La decisión, tomada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, responde a un análisis de las condiciones en Venezuela.
- Según la publicación del Registro Federal, permitir la permanencia temporal de estos migrantes ya no es compatible con los intereses de Estados Unidos.
- El TPS 2023 amparaba a venezolanos llegados en los últimos años. Les permitía trabajar y residir legalmente en territorio estadounidense. Sin embargo, el reciente anuncio deja sin protección contra las deportaciones a quienes dependían de este estatus migratorio.
A pesar de la cancelación del TPS 2023, creado bajo la administración de Joe Biden, la designación de 2021 sigue vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. Este amparo protege a cerca de 250 mil venezolanos adicionales, quienes no se ven afectados por la nueva medida.
En total, ambos TPS beneficiaron a aproximadamente 600 mil venezolanos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la decisión de Trump revocó una extensión del TPS que Biden había aprobado hasta octubre de 2026.
¿Por qué Trump terminó con el TPS para venezolanos?
Según Telemundo 51, el anuncio llega en un momento delicado en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas para negociar la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos. En esta visita, también se acordó que Venezuela aceptará vuelos con ciudadanos deportados.
Durante su primer mandato, Trump ya había intentado revocar protecciones migratorias para ciudadanos de otros países, como Haití y El Salvador. Aunque en algunos casos los tribunales federales bloquearon estas acciones, esta vez el DHS actuó con rapidez para implementar la decisión.
¿Qué es el TPS para venezolanos que Trump eliminó?
El TPS es un beneficio que el DHS otorga a ciudadanos extranjeros cuya seguridad podría estar en riesgo si regresan a su país de origen. Según Uscis, un país puede ser designado al TPS por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias.
En el caso de Venezuela, las condiciones que justificaron la designación inicial del TPS incluyen la crisis política, económica y humanitaria que afecta al país. Sin embargo, la administración de Trump determinó que estas razones ya no justifican la permanencia de los venezolanos amparados por el TPS 2023.
Congresistas piden acción por el TPS para venezolanos
Ante el impacto de esta decisión, los congresistas de Florida Carlos Giménez y María Elvira Salazar anunciaron que llevarán el tema al Congreso. Su objetivo es buscar una solución legislativa que permita proteger a los migrantes venezolanos en riesgo de deportación.
Por su parte, mediante una proclamación, Rene García, comisionado republicano de Miami Dade, instó al gobierno federal a reevaluar su decisión. “El TPS no es un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, pero proporciona alivio temporal hasta que las condiciones mejoren, permitiendo que estas personas regresen a sus hogares de manera segura”, comentó.
Mientras tanto, miles de familias enfrentan la incertidumbre de su futuro en Estados Unidos. El próximo 7 de abril marcará un punto crítico para quienes aún no encuentran alternativas legales para permanecer en el país.
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