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POLITICA

Qué dice la Ley Ómnibus sobre los fondos fiduciarios, la millonaria caja del Estado que nadie controla

Javier Milei envió un megaproyecto al Congreso. (Foto: AP)Guillermo Francos le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Diputados)La caja negra de la política: Milei busca más control sobre los fondos fiduciarios y no descarta crear más. Foto: Presupuesto Abierto 2023.

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El megaproyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei incluye un artículo centrado en una de las “cajas sin control” de la política que el Gobierno quiere dominar: los fondos fiduciarios.

Los fondos fiduciarios (conocidos como fideicomisos públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza, pero que expertos en anticorrupción y finanzas tienen en la mira por la falta de auditorías sobre el dinero que se les transfiere y la forma en que se utilizan los fondos.

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Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante), transfiere bienes o sumas millonarias de dinero a entidades, generalmente bancarias (fiduciarios), para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que generan interrogantes sobre esta regla.

Se trata de fondos sobre los que hay pocos controles: no siempre se conoce si el dinero va al objetivo para el que se creó el fondo.

Guillermo Francos le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Diputados)
Guillermo Francos le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Diputados)

El artículo que incluyó Javier Milei sobre los fondos fiduciarios

En el artículo 4 del proyecto que La Libertad Avanza ingresó al Congreso esta semana se establece lo siguiente: “Crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.

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Actualmente existen 29 fondos fiduciarios que manejan un presupuesto de entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones. Y si bien el libertario podría eliminar algunos, también podría fortalecer otros: en el artículo 338 del proyecto se establece que “lo recaudado de las multas (…) será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.

La caja negra de la política: Milei busca más control sobre los fondos fiduciarios y no descarta crear más. Foto: Presupuesto Abierto 2023.
La caja negra de la política: Milei busca más control sobre los fondos fiduciarios y no descarta crear más. Foto: Presupuesto Abierto 2023.

A su vez, Milei podría recortar gastos en los fondos fiduciarios de energía: el artículo 318 faculta al Poder Ejecutivo, “hasta el 31 de diciembre de 2025, a crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”.

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Actualmente hay dos organismos de control facultados para investigar los fideicomisos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). El primero es un órgano interno del Poder Ejecutivo, y el segundo depende del Congreso de la Nación.

Según esta normativa, tanto la AGN como la SIGEN pueden auditar, por iniciativa propia y sin necesidad de un requerimiento especial, cualquier fondo fiduciario integrado total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional. El fiduciario no puede negarse a entregar sus balances o cualquier información requerida.

Ambas entidades no tienen precisamente un extenso historial de auditorías sobre fideicomisos: el control sobre estos instrumentos financieros es escaso, casi nulo. El problema radica en que la propia ley no alienta los controles preventivos sino que establece que las auditorías son posteriores a la ejecución del dinero. Así lo establece el artículo 102 en el caso de la SIGEN y el artículo 117 para la AGN.

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El Gobierno destinará casi US$90 millones a la impresión de billetes de $10.000 y $20.000

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El Banco Central (BCRA) anunció la emisión de nuevos billetes de $10.000 y $20.000, cuya circulación comenzará en el tercer trimestre del año. Esta medida, anunciada por el gobierno de Javier Milei, busca “facilitar las transacciones en el contexto de alta inflación que atraviesa el país”. Según un pedido de acceso a la información pública realizado por TN, se destinarán más de US$1000 millones en total para este proyecto, con un costo inferior a las impresiones realizadas durante la gestión de Alberto Fernández.

Para la impresión de estos billetes, el BCRA contrató a dos empresas extranjeras: China Banknote Printing and Minting Corporation y Crane Currency Malta Limited. La entidad china imprimirá tanto los billetes de $10.000, que llevarán el rostro de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, como los de $20.000, que mostrarán a Juan Bautista Alberdi. Crane Currency Malta Limited también producirá parte de los billetes de $10.000. En total, se imprimirán 1.190 millones de billetes, de los cuales 960 millones serán de $10.000 y 230 millones de $20.000, lo que equivale a un promedio de 21 y 5 billetes por argentino, respectivamente.

El costo de imprimir estos billetes es significativamente menor que el de las emisiones anteriores. El contrato con China Banknote Printing and Minting Corporation asciende a US$78.790.000, mientras que Crane Currency Malta Limited recibirá US$10.735.000. Según datos oficiales, el costo por mil billetes de $10.000 es de US$84,92 en China y US$56 en Malta, mientras que los billetes de $20.000 cuestan US$58 por mil unidades. Estos precios son inferiores a los pagados durante la gestión de Alberto Fernández, donde se llegó a pagar hasta US$120 por mil billetes de $1000.

El cambio en los costos se debe en parte a la decisión de la nueva gestión del BCRA de contratar directamente a imprentas extranjeras, evitando la intermediación de la Casa de Moneda, que era habitual en la administración anterior. Esto ha permitido reducir gastos, especialmente en logística, ya que los billetes de mayor denominación requieren menos papel para la misma cantidad de dinero en circulación. Una fuente del BCRA indicó que “al imprimir billetes de mayor denominación también se reducen considerablemente los gastos de logística porque se demanda menos papel para cubrir igual cantidad de circulante”.

Finalmente, aunque desde la gestión anterior se argumenta que los billetes eran más caros debido a mayores medidas de seguridad, las nuevas autoridades aseguran que los billetes de $10.000 y $20.000 cuentan con las medidas de seguridad tradicionales, como la marca de agua y el hilo de seguridad, además de elementos que permiten su reconocimiento por máquina. En 2023, la alta demanda de billetes obligó al Estado a gastar US$7 millones en transporte aéreo y marítimo para traer el volumen necesario al país.

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