La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente.

El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.

Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.

Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.

Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi.

Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.

Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.

El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado.

Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.

Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.

Pero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.

La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.

Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente.

“Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos”, dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.

Abundó: “Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”.

Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: “Pato o gallareta, se vota hoy”. Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya “jueces corruptos”, pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo.

“Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune… Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje”, insistió Tahilade.

Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner.

El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.

Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.

Una desarrolladora inmobiliaria y una constructora aparecieron en el radar de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dos de los integrantes de esas empresas conectan entre sí a las financistas de 73 años y 64 años que le permitieron al funcionario adquirir un piso de 200 metros cuadrados en Caballito, de acuerdo con documentos judiciales y comerciales obtenidos por .

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como el hombre que hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci, y Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. El primero, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento a Adorni, en una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado. La segunda vendedora, Claudia Sbabo, está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora.

¿Cómo llegan los nombres de Feijoo y Miano a la investigación? La respuesta conduce directamente a la reserva del departamento cuando lo vendía el primer propietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, y su declaración ante la Justicia.

El exdeportista profesional recordó a dos hombres cuando empezó a describir cómo fue la venta que él realizó a las dos mujeres que luego revendieron la propiedad a Adorni. Fuentes judiciales indicaron que los mencionó en un par de situaciones distintas. Señaló que la oferta de US$200.000, precio al que vendió en mayo de 2025, se la realizaron esos dos hombres. También agregó que a ambos hombres los vio el día que se escrituró junto a las dos mujeres (las mismas que luego le vendieron a Adorni con hipoteca mediante).

Las mujeres a las que se refirió Morales son Viegas, jubilada, quien este lunes cumplió 73 años, y Sbabo, afiliada al PAMI. Esta última había solicitado un “Pase Cultural” al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a personas cuyos ingresos no superaban los $600.000 en junio del año pasado. Es decir, un mes después de haber registrado de parte de ella la compra del departamento, según el informe de dominio al que accedió a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

La escribana Adriana Nechevenko declaró este miércoles, en calidad de testigo, que la hipoteca la aportaron “personas que son conocidas” de Adorni, según indicaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, estaba vacío el casillero que busca respuestas sobre cómo habían llegado al departamento de Caballito las dos acreedoras de Adorni. El exfutbolista había ubicado a dos hombres, pero sin especificar sus identidades.

Este medio envió mensajes, un correo electrónico y llamadas a Pablo Martín Feijoo y a TJS Group con el objeto de consultar a Leandro Miano, pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Feijoo y Miano, de 36 años y 44 años respectivamente, comparten actividad económica en la constructora Avda SRL desarrolladora inmobiliaria llamada TJS Group, además de presentar vínculos con Viegas y Sbabo, tal como refleja información judicial y domicilios comerciales.

El hijo de Viegas, Feijoo, se desempeña como socio y gerente de Avda SRL y TJS Group, respectivamente. Fuentes judiciales confirmaron que durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci se secuestró la reserva del departamento con su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó Hugo Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

A su vez, Feijoo aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre, iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

Los documentos de Avda SRL y de TJS Group muestran que Leandro Miano es socio de las empresas. Incluso, fue la cara visible de la desarrolladora en una entrevista concedida al medio Forbes. Registra un domicilio que coincide con el domicilio alternativo de Sbabo, de acuerdo con bases de datos con información fiscal y comercial. Además, se ubica en la categoría H del monotributo, cuyo tope de ingresos brutos anuales alcanza los $70,1 millones, según recopila una base de datos con información fiscal, bancaria y comercial.

Avda SRL especificó que se dedica a tareas de la construcción, inmobiliarias y financieras, según surge de un documento publicado en el Boletín Oficial. Dentro de su objeto se leen actividades tales como “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas”, “compra, venta, permuta, hipoteca, alquiler, subalquiler, arrendamiento intermediación y administración de propiedades inmuebles” y “otorgar préstamos y/o aportes e inversiones a particulares o sociedades, realizar financiaciones y operaciones de créditos en general relacionados con las obras que emprendan”.

Por su parte, TJS Group es una empresa desarrolladora que se creó en 2021. Sus cuatro socios aparecen dentro del régimen del monotributo, con categoría H y F, y otros son autónomos. Uno de ellos percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2020.

Viegas y Sbabo compraron el departamento por US$200.000 en mayo de 2025. Seis meses después se lo vendieron a Adorni por un importe US$30.000 más caro, tal como reflejan los informes de dominio. En paralelo a esa operación las mujeres le financiaron la compra al jefe de gabinete con una hipoteca de US$200.000, que cubrió el 87% de la transacción.

La declaración de Morales aporta información sobre la precuela de esa operación inmobiliaria. Los detalles sobre su posterior venta comenzaron a conocerse tras la declaración judicial de la escribana Nechevenko.

Tal como publicó , la escribana indicó que Adorni le pagó en efectivo US$30.000 para comprar el departamento de Caballito con una hipoteca por US$200.000 sin intereses, a saldarse en noviembre de este año.