POLITICA
¿Qué hacemos con Cristina?

La condena contra Cristina Fernández de Kirchner reavivó al panperonismo, generó tensión social y dejó al gobierno de Javier Milei como un espectador ausente frente a una posible crisis.
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En la madrugada del domingo, un operativo de seguridad liderado por la Policía Metropolitana de Buenos Aires desalojó el acampe desplegado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo por los manifestantes que apoyaban a Cristina Fernández de Kirchner desde el momento en que se conoció la condena. El operativo incluyó algunas escenas de violencia acotada y una publicación en la cuenta de X de la fuerza policial en la que se anunciaba la liberación de la zona. No duró demasiado: apenas un rato después los simpatizantes de la exvicepresidente volvieron a ocupar el lugar, y Cristina salió varias veces al balcón de su domicilio de San Juan 1111 para saludarlos.
Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.
Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.
El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.
Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.
El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.
Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.
¿Qué, hacemos, con, Cristina?
POLITICA
Axel Kicillof comenzó la campaña electoral lejos de Sergio Massa y Máximo Kirchner

LA PLATA.- Tras un cierre de listas, por demás tenso y al borde de la ruptura entre los aliados de Fuerza Patria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició la campaña electoral en la tercera sección, acompañado de Verónica Mágario – su vicegobernadora y candidata testimonial a diputado provincial- y sin candidatos de Máximo Kirchner ni Sergio Massa, los otros referentes del espacio.
Lejos de una presentación conjunta de los tres artífices de la alianza, ni de sus candidatos, Kicillof hasta omitió una de las palabras que forman el nombre de la alianza electoral: “Patria”, que remite a Unión por la Patria y al Instituto Patria, los sellos referenciados con el kircherismo duro.
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“El 7 de septiembre sumemos Fuerza”, dijo en sintonía con la campaña en redes y televisión que comenzará a circular desde hoy. Es decir una versión a la medida de Kicillof, que está dispuesto a ponerse al hombro la campaña con el objetivo de que “en la provincia de Buenos Aires no entre la motosierra de Milei”.
Del acto en el municipio de Almirante Brown participó el intendente local, Mariano Cascallares, cuarto en la lista de candidatos a diputados por la tercera sección. No participaron, en cambio, los candidatos a diputados en segundo y tercer lugar por la misma sección: Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, quienes comulgan con el liderazgo de Máximo Kirchner.
“¿Por qué se los habría de invitar si fue un acto de entrega de escrituras?“, explicaron voceros del municipio local sobre la ausencia de los dos camporistas en el primer acto oficial tras el cierre de las listas.
Otra novedad radicó en que la centralidad del discurso de Kicillof estuvo en criticar al presidente Javier Milei.
“Acá no entra el topo ni la motosierra”, dijo el mandatario. Y agregó: “No conoce. No recorre. Lo vemos paseando por el mundo al Presidente. Lo desafío que en lugar de pasear por el mundo con quienes hace los negocios, las cripto estafas, se digne a venir el desastre que está haciendo barrios de la provincia”.
El gobernador fustigó incluso el eslogan de La Libertad Avanza. “Le quiero decir al señor Milei que la libertad trucha no es la que funciona en nuestra provincia. El compromiso de este gobierno es ser escudo, red y protección a todos los sectores agredidos por Milei”, dijo el gobernador.
El mandatario no mencionó en ningún momento a Cristina Kirchner, que está en prisión domiciliaria.
“Cuando este 7 de septiembre tengamos elecciones en la provincia tengo una respuesta para frenar esto. En las elecciones tenemos oportunidad para sumar fuerza para defender a las Pyme, a los laburantes, junto a los intendentes, como Mariano Cascallares, que están poniendo el cuerpo”, dijo.
De este modo defendió también las candidaturas testimoniales de decenas de sus intendentes que se presentan – algunos con listas cortas- para hacer campaña personalmente pese a las críticas de Máximo Kirchner y de La Cámpora que rechazaron ese instrumento.
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POLITICA
Atentado a CFK: cerraron la causa que investigaba el reseteo del teléfono de Sabag Montiel

La incógnita sobre el sospechoso borrado del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el atentado a Cristina Kirchner, seguirá abierta. La Cámara de Casación rechazó un recurso de la querella y de esa manera quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos involucrados: Alejandro Heredia, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan.
Heredia fue el primer perito que revisó el teléfono, pasada la medianoche, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. A las 2:49 de la madrugada se labró un acta que se recibía el teléfono marca Samsung, modelo SM-A50 5G con una memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad, un SIM con el logo de la empresa Movistar N° 895407514458444373.
Llamativamente, la Policía Federal convocó a Heredia, que no tenía experiencia. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró el entonces jefe de Cibercrimen de la Policía Federal, Adrián Eduardo Acosta, en el juicio oral.
A esa altura, solo se había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria. Ahí se encontraron varias fotos, entre ellas las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.
El teléfono se guardó en un sobre de papel madera y se mandó a una sede de la PSA.
La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, una oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Dafne Seren y Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.
La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica.
Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Los peritos de la PSA se desligaron desde el comienzo. “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones (…) Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”, sostuvo Kaplan.
Por su parte, el fiscal Ramiro González terminó pidiendo el archivo y en febrero de este año la jueza Servini sobreseyó a los tres peritos involucrados.
Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.
El último intento de abrir el teléfono ocurrió en marzo, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la expresidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.
Luego de retomar la investigación, la jueza Capuchetti le pidió colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, pero la respuesta nuevamente fue negativa.
El sobreseimiento de los peritos fue apelado, pero la Cámara Federal confirmó la decisión de la jueza a fines de abril. Contra esa decisión, la querella presentó un recurso de casación. Ese intento fue rechazado el último día antes de la feria. “La conclusión a la que se arribó cuenta con fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido”, dice el voto mayoritario de los integrantes de la Sala I.
POLITICA
Una activista que vive con 20 gatos y 5 perros quiere ser concejal libertaria en Esteban Echeverría

Tras el cierre de listas de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, aparecen nombres que generan sorpresa. Uno de ellos es el caso de Geraldine Prais, candidata a concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano.
La mujer afiliada al partido violeta, cuya lista quedó a cargo de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el armador político Sebastián Pareja, es aspirante a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría, en el puesto número 10.
Con 42 años, esta es su primera experiencia en la política porque hasta ahora no había ocupado ni perseguido ningún cargo público.
Según asegura, Prais vive en un monoambiente en la localidad de Luis Guillón con al menos 20 gatos y 5 perros, ya que se dedica a rescatar a estos animales en caso de una situación de peligro o vulnerabilidad; también fomenta la castración de los animales. En tanto, en varias ocasiones participó de pequeñas marchas en defensa de los animales y está en contra de la pirotecnia.
La mujer incluso dejó sus pasiones marcadas en la piel para promover la adopción de animales. “No compres, adoptá”, “castrate”, “no más pirotecnia”, son tres de las varias frases que tiene tatuadas en su cara.
Con relación a su militancia, Prais tiene vínculos con la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político de Pareja y el dirigente libertario Carlos Curestis. En sus redes sociales subió videos grabando a Milei en distintos actos partidarios pero hasta ahora no se conocieron personalmente. “Presi, lo super admiro, cumpla mi sueño algún día con un ‘hola’“, pidió el pasado 14 de julio.
Antes de su candidatura, realizó trabajos de fotografía para el partido. En ese contexto, tiene fotos con la diputada nacional Juliana Santillán, la dirigente Leila Gianni y el legislador porteño Ramiro Marra.
Sin embargo, su nombre tomó más relevancia debido a unos mensajes que compartió y se convirtieron en tendencia en la red social X por algunas faltas de ortografía. Sus expresiones generaron críticas en las redes por ser candidata y escribir al mismo tiempo con errores de tipeo, como anunciar su postulación como “consejal” [en lugar de concejal] y decir que fue elegida “derrepente” [en lugar de ‘de repente’] para integrar la lista.
“Yo llegué a la militancia de mi presidente Milei para ayudar a cuidar los votos y fiscalizar. Y derrepente (sic) varias personas confiaron en mi como fotógrafa para el espacio. Y ahora firme a consejal (sic) para Echeverría. Gracias a todos muy emocionada firme”, escribió en sus redes sociales. Más tarde, luego de haber borrado ese posteo, justificó: “Yo y mis faltas de ortografía… ya fue así lo escribí y quedará. Consejal concejal jaja perdón».
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